Luego de que la Mesa de Enlace de Córdoba le reclamara al presidente Javier Milei la quita de las retenciones, debido a que representan "un impuesto distorsivo y discriminatorio" que "está asfixiando al sector" según argumentó el máximo mandatario nacional, el gobernador Martín Llaryora se reunió con integrantes del sector agropecuario y en conjunto, definieron una serie de medidas para hacerle frente a la crisis.
Milei ya no puede disimular las fuertes presiones del campo para conseguir una baja de retenciones. En el comunicado lanzado hace 10 días, la Mesa de Enlace alzó la voz ante la falta de promesas por parte del jefe de Estado: “El sector agropecuario lleva más de 20 años soportando un estado de ineficiencia, con gastos insostenibles y una presión fiscal incompatible con la producción. A esto se suma la coyuntura climática y de mercados internacionales adversa, que ha puesto de manifiesto el tremendo daño que producen las retenciones", expusieron.
Horas después del contundente mensaje, Llaryora se sumó y remarcó que "el campo necesita con urgencia una reducción de las retenciones, permitiendo que esos recursos vuelvan a este pujante sector productivo". Ante la falta de respuestas de Nación, el Gobierno de Córdoba se reunió con los dirigentes de las entidades agropecuarias para ratificar el reclamo e intentar aliviar el contexto adverso de la actualidad.
Este miércoles, el mandatario cordobés señaló “la importancia de este tipo de espacios donde el gobierno provincial ratifica su voluntad de trabajar junto al sector privado en la defensa de los intereses de Córdoba”. Desde la Provincia informaron que el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, solo el 2% impuestos municipales y el restante 4% son impuestos provinciales que vuelven en obras para el campo en un 98%.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, formó parte de la reunión junto al Gobernador. Mientras que en representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (Coninagro).
Córdoba: una por una, las medidas establecidas entre Llaryora y la Mesa de Enlace
- Diferimiento fiscal para productores con problemas económicos: en la reunión de trabajo llevada a cabo en el centro cívico de Córdoba, la Provincia y los dirigentes rurales acordaron conformar una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada (DDJJ), los casos de productores que acrediten dificultades económicas. “Estos podrán diferir el pago del impuesto en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo”, informaron desde el Gobierno provincial.
- Tope en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural: como una señal de reconocimiento al particular momento de emergencia que vive el campo en esta coyuntura, el Gobernador junto a las entidades rurales resolvieron como tope máximo el aumento establecido para el impuesto inmobiliario urbano. Los montos que superen dicho porcentaje serán diferidos por seis meses con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas o si no se eliminan o reducen las retenciones.
- Guías para el traslado de hacienda: durante la reunión, además, se resolvió llevar al ámbito de la Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda en los municipios donde estén vigentes.
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