Encuentros de diputados con represores, reuniones de funcionarios con quienes los defienden, mensajes del presidente Javier Milei con provocaciones explícitas, despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y, ahora, la reducción drástica del equipo de abogados querellantes en juicios de lesa humanidad que complican su continuidad. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hay solamente tres abogados de la querella del Estado para trabajar en causas que dejaron un saldo de alrededor de 10.000 víctimas en la última dictadura cívico militar. Con solo 12 querellantes en todo el país, especialistas advierten que puede generarse una "parálisis" en los juicios a los genocidas. Por esos motivos y muchos más, este 24 de marzo los organismos de derechos humanos y múltiples sectores de la sociedad civil vuelven a movilizarse este lunes a Plaza de Mayo para gritar más fuerte que nunca que Argentina es un país con memoria.
Los juicios a represores de dictadura la marcaron gran parte de la agenda de derechos humanos del siglo XXI en Argentina, tan destacada en otros países del mundo. Con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, más de 1.000 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad desde 2006. Desde que Milei es jefe de Estado y Mariano Cúneo Libarona está a cargo del Ministerio de Justicia, solamente quedaron 12 abogados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de los 26 que había: tres renunciaron y 11 fueron despedidos. Mientras cuatro de los letrados despedidos cumplían sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires y tres lo hacían en Córdoba, los restantes lo trabajaban en Bahía Blanca, Corrientes, Mar del Plata y Mendoza.
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Las renuncias, por rebajas salariales y otros ataques de las autoridades gubernamentales, fueron en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Rosario; sin embargo, estas son las únicas ciudades que actualmente cuentan con abogados querellantes de la Secretaría.
Fernando Almejun, abogado querellante en causas de lesa humanidad por la Secretaría de Derechos Humanos, contó a El Destape que varios de los abogados despedidos o que se fueron tenían en curso causas en juicio o en instrucción. "Resulta una tarea imposible de realizar para tan pocos abogados poder ejercer las querellas que impulsa la Secretaría hasta el día de hoy", advirtió. Por citar un ejemplo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron solamente tres abogados querellantes para causas que representan un total de 10.000 víctimas, como las que investigan los crímenes cometidos en la exESMA, Campo de Mayo y el circuito ABO.
Según un informe que difundió en los últimos días el Ministerio Público Fiscal, hay 258 causas en instrucción, para los que todavía se están recabando pruebas; también hay 63 en las que la Fiscalía pidió la elevación a juicio y 14 en juicio. Para las querellas de todas esas causas, la Secretaría de Derechos Humanos solamente puede proporcionar 12 abogados. "En algunos lugares donde la Secretaría de Derechos Humanos es la única querellante, es probable que existan dilaciones y parálisis de algunos procesos e investigaciones", explicó a este portal el abogado especialista en derechos humanos Rodolfo Yanzón.
Yanzón lamentó los despidos en el área de derechos humanos, a los que describió como "parte de la política de este gobierno que reivindica la dictadura y obviamente trata de desligar al pueblo argentino de todo proceso de memoria". Asimismo, alertó: "Lo más preocupante es que han dejado afuera del Estado a profesionales que se han venido especializando en la temática y eso es una pérdida de conocimiento sustancial".
Las estrategias de los represores para evadir sus condenas
En estos más de 15 meses de gestión, no fueron solamente los despidos y recortes los ataques del Gobierno a las políticas de memoria, sino que hubo declaraciones concretas de la vicepresidenta Victoria Villarruel o del ministro de Defensa, Luis Petri, a favor los genocidas. Petri, incluso, participó de eventos con Cecilia Pando, histórica defensora de represores de la última dictadura cívico militar.
Pando fue parte de un hábeas corpus que presentaron en conjunto distintas organizaciones que defienden a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En ese hábeas corpus, y que derivó en un pedido de informes por parte la Cámara Nacional de Apelaciones, se alegaban supuestas faltas de condiciones en los edificios del Servicio Penitenciario y se remarcaba la edad de los detenidos como uno de los atenuantes. Sin embargo, ese escrito obviaba mencionar que también era un requisito estar preso por delitos de lesa humanidad, ya que no se hablaba en nombre de ningún detenido que estuviera privado de su libertad por otra causa. En su respuesta, el Servicio Penitenciario no solo negó una supuesta "superpoblación" de las cárceles en las que están estos detenidos, sino que contó que los represores pueden acceder a caminatas guiadas, clases de tenis, clases de "reeducación postural", clases de flexibilidad y clases de piano, entre otras actividades.
El panorama de los juicios
El pasado jueves 20 de marzo, el Ministerio Público Fiscal difundió un informe en el que analizó el estado de los juicios de lesa humanidad desde 2006 hasta el presente, con límite en el lunes 17 de marzo. Lo hizo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. "Tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las cuales fueron condenadas 1.197 personas y resultaron absueltas 199", comenzó el informe.
Actualmente, informó la entidad de fiscales, hay 14 juicios en curso, 63 causas de las diferentes jurisdicciones federales se encuentran elevadas a juicio para tratarse en un debate y 258 causas están en fase de instrucción.
"Suman 502 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad y, a la fecha de cierre de los datos, 27 fueron indagadas y esperan la resolución de su situación procesal. En la fase de instrucción hay actualmente 401 personas procesadas, fueron sobreseídas 118 y otras 158 cuentan con falta de mérito", continuó el informe, y concluyó: "En relación con la situación de las personas imputadas, 615 se encuentran detenidas, 1.489 están libres y 33 están prófugas. La estadística sobre la evolución anual de estas variables refleja que a partir de 2016 la cifra de las personas en libertad empieza a superar —y se aleja año a año— a la de las personas sujetas a una medida de coerción. De las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del beneficio del arresto domiciliario, 61 transitan su detención en unidades penitenciarias y otras 56 se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 del Servicio Penitenciario Federal, situada en el interior de la guarnición militar de Campo de Mayo.
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