La cuarta M: de Martínez de Hoz a Milei

Una reforma laboral con el único objetivo de sepultar los derechos colectivos para los trabajadores; la apertura indiscriminada de la economía; la crueldad del hambre; la construcción de una moral fascista que habilita la deshumanización de cualquiera que no sea considerado “gente de bien”; la construcción de enemigos internos; la persecución política y el espionaje; la entrega de los recursos naturales; la destrucción del entramado productivo; el endeudamiento externo y la utilización de las fuerzas de seguridad para montar una feroz estrategia represiva.

“Asistimos a un nuevo momento de disputa del capital transnacional que en Argentina aparece ligado a la emergencia de un nuevo Gobierno que retoma otros procesos de reorganización social. Milei es la cuarta M detrás del programa económico llevado adelante por Martínez de Hoz, luego continuado por Menem y Macri”, sostiene el investigador Walter Bosisio, integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales.

El DNU 70/23 y la Ley de Bases constituyen un plexo normativo implementado por la administración Milei pero redactado por ese mismo poder económico que otrora redactó la ley de entidades financieras, o propició la destrucción de la ley de contrato de trabajo y toda una serie de legislaciones adhoc pensada para la transferencia de recursos hacia sus mismas casas matrices, en línea con el desfalco del Estado y la deshumanización de las clases populares.

Una suerte de “legalidad fraguada”, concepto acuñado en el libro “La dictadura de capital financiero” (Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio, 2014) y que se fue perfeccionando con el avance de la democracia imperfecta que “supimos conseguir”.

“Tanto la matriz, como los instigadores en materia económica, social, cultural, son los mismos que en 1956, 1966, 1976, y en los gobiernos de Menem, de la Rúa y Macri. Es el poder de las empresas multinacionales que tienen a estos personajes como sus operadores a sueldo. Es el programa que vienen impulsando con éxito desde Mont Pelerin, el think tank del neoliberalismo que congeló Bretton Woods. Lo demás son conflictos o contradicciones secundarias para ver quién se queda con la mejor parte del negocio”, explicó Carlos Cruz, ex titular de la UIF durante el gobierno del FdT e investigador sobre delitos económicos trasnacionales desde la década de 1970.

La administración Milei fue loteada por ese poder económico que suele operar en las sombras y que en la actualidad se disfraza de “republicanismo empresarial”. Una primera caracterización la acercó el Observatorio de las Elites en un informe publicado durante noviembre del año pasado por Ana Castellani (Citra, UMET y Conicet), en el que se constató que un tercio de los funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza ocupan cargos de dirección en empresas privadas.

“Sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (Ministerios y Secretarías de Presidencia), 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad”, concluyó

Esta idea de la cuarta M formulada por Bosisio cierra con otro dato: las asociaciones empresariales que predominan en la administración Milei son las del sector bancario, energético y primario-exportador; sumado a dos asociaciones propias de grupos económicos, como Techint y Loma Negra, un esquema similar al de la última dictadura cívico militar.

La concentración (una M todas las M)

El golpe de 1976 contó con la complicidad de la casta empresarial camuflada en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Esta organización estaba conformada por Jorge Aguado, ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas y ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires; Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio; Marcos Peña, de la Federación Industrial de la Provincia de Córdoba, y Celedonio Pereda, titular de la Sociedad Rural. 

Una de los principales impulsores de APEGE era el Consejo Empresario Argentino (CEA), cuyo presidente en el momento del golpe era José Alfredo Martínez de Hoz. El CEA se disolvió en 2002 y fue sucedido por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

El proceso económico generado durante el período de la última dictadura cívico militar estuvo caracterizado por la primera ola de concentración de empresas y el avance del capital financiero.

¿Quiénes fueron los “ganadores” del modelo económico iniciado en 1976? En el libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura (Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, 2013), puede comprobarse el sistemático proceso de concentración, en muchos casos obtenidos en la mesa de tortura y con la desaparición forzada de personas.

Para 1973, existían en el país 37 sociedades anónimas las cuales contaban bajo su control un total de 344 firmas. Al finalizar la Dictadura, ese puñado de empresas pasó a controlar 766 sociedades. Para 1990, las mismas firmas controlaban 906 empresas. 

Algunos ejemplos

•  Bunge y Born pasó de tener 60 empresas en 1973 a 63 en 1983, que luego llegaron a las 87 para el inicio de la década menemista.
• El Grupo Perez Companc – dedicado a los negocios energético y la industria alimenticia con Molinos Río de la Plata-, saltó de 10 empresas en 1973 a 54 al concluir la dictadura; luego acaparó 92 sociedades durante la administración Menem.
• El Grupo Macri (SOCMA), pasó de 7 empresas a 47 hacia 1983, que luego se transformaron en 58 durante la segunda M (menemismo).
• Garovaglio y Zorraquín S.A. es una compañía dedicada a la operación de transacciones comerciales, así como el sector inmobiliario, financiero, agrícola, petroquímico y de la construcción. Pasó de tener 12 empresas en 1973 a 41 en 1983 y 52 en 1987.
•  El Grupo Bridas (Bulgheroni) poseía cuatro empresas en 1973 y pasó a concentrar 58 sociedades al concluir la dictadura.  
•  Techint (Paolo Rocca) pasó de 30 empresas a 58 sociedades.
•  El Grupo Werthein pasó de 20 empresas a 29 al cierre de la dictadura
•  Madanes Quintanilla (FATE – Aluar, y represa hidroeléctrica Futaleufú) saltó de ocho sociedades a 15.

“Si se analiza el destino del excedente apropiado por dichos capitales, se podría comprobar que una parte minoritaria de éste se orientó a las nuevas inversiones productivas vinculadas, en la mayoría de los casos, al aprovechamiento de los beneficios otorgados por el Estado. La porción más significativa se destinó a inversiones en el sector financiero, en la construcción residencial y en otros servicios y bienes vinculados a la demanda de los sectores de más altos ingresos, no afectados por la apertura de la economía”, puede leerse en el libro “El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse).

Las caras ocultas detrás de Milei

Dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo (JP Morgan y Deutsche Bank), existe una concentración alarmante de participaciones de funcionarios en sociedades comerciales que operan en los mismos sectores que deberían regular, en especial servicios financieros (16), actividades agropecuarias (13), energía (12), tecnológicas (12) minería (8), telecomunicaciones (4). En la Jefatura de Gabinete sobresale también la presencia de funcionarios con participaciones en el sector energético (9), tecnológico (5) y en el de telecomunicaciones.

El DNU 70/23 y la Ley de Bases fueron escritos por los grandes estudios de abogados (como Marval O´Farrell Mairal o Bruchou & Funes de Rioja) que representan a las grandes corporaciones beneficiarias de dicho plexo normativo, así como la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura había sido redactada por los mismos sectores que se terminarían beneficiándose.

“En abril de 1976 se modificó la ley de contrato de trabajo que había sido sancionada en 1974 por Roberto Centeno, luego desaparecido en lo que se conoció como La noche de las corbatas. No hay una política económica que tienda a reducir los derechos laborales sin que se lleve adelante con una fuerza represiva muy clara. Las políticas aplicables de Milei se asemejan a la dictadura, mientras que la mecánica de la capacidad represiva puesta al servicio del cumplimiento de ciertos objetivos económicos y designios de las metas del FMI son, también, evidentes en su similitud”, sostuvo en diálogo con El Destape Luis Palmeiro, abogado laboralista de la FeTraES.

Testimonio de época

La llamada “pata civil” de la última Dictadura Cívico Militar no fue solamente un aspecto subsidiario de la represión y la desaparición forzada de personas. “Miseria planificada”, describió Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas (1977). Dar testimonio en tiempos difíciles.

Walsh denunció el plan sistemático de desaparición de personas, a sus ejecutores e instigadores, los sectores económicos concentrados de capitales locales, internacionales y la patria financiera. Represión y empobrecimiento del salario. El miedo como disciplinador. La deuda externa como ordenador de una macroeconomía que jamás derramará de manera justa ni solidaria.

“Quizás sea más conveniente comenzar a hablar de Dictadura Militar Corporativa para no perder de vista a los verdaderos responsables directos del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Y de modo más específico ´Militar Corporativa Concentrada´, basados en que fueron las cúpulas de las corporaciones, sobre todo empresarias, diversificadas e integradas, nacionales y extranjeras, junto a las estructuras jerárquicas eclesiásticas, las que operaron activamente como coprotagonistas hacedores del período”, sostuvieron Nápoli, Perosino y Bosisio en el libro “La dictadura del capital financiero”.

Dentro de toda esta historia existen rupturas y continuidades. Milei es la cuarta M que continúa el programa de miseria planificada de entonces. Es la cara visible de un poder económico que subyace.