“Los resultados revelan un dato alarmante: el 21,3% de las mujeres reportó haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas”, sentencia el monitoreo inédito coordinado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Pero no sólo eso, según el estudio inédito en la Argentina sobre salud sexual y (no) reproductiva, en el que fueron entrevistadas más de 400 personas de 12 provincias de todo el país, indígenas y campesinas también deben enfrentarse a la falta de información, a las barreras lingüísticas y a la discriminación a la hora de tener acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.
Se trata del "Monitoreo sociocultural y lingüístico sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”. Para realizarlo, CDD construyó alianzas con lideresas de las comunidades alrededor de todo el país y fueron ellas mismas las que armaron el instrumento de entrevistas, las que hicieron la muestra, las que llevaron adelante las encuestas y las que hicieron el análisis de esos datos recopilados. Allí, además de los datos duros se entrecruzan distintas miradas que suelen dejarse de lado y que también hacen al acceso a la salud: la lucha por el territorio, las prácticas ancestrales y las tareas de cuidado.
La exhaustiva investigación contó con 480 entrevistas de escucha atenta y cuidada en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Chaco y Mendoza, e incluyó a 20 de los 34 de los pueblos originarios reconocidos por el Estado argentino. Entre ellas, están presentes las vivencias de diversas comunidades, como las guaraníes, wichí, torotas, chulupíes, tobas, qom, mocoe, diaguitas, quechuas y mapuches.
Las personas entrevistadas fueron en su mayoría personas adultas de entre 31 y 50 años (46,5 %) y jóvenes de 17 a 30 años (31,5%), en menor medida participaron personas de 14 a 16 años (4,5%) y personas de menos de 13 años de edad (1%).
Los principales hallazgos
Entre los principales hallazgos están la falta de materiales informativos adaptados culturalmente, la ausencia de capacitación de los equipos de salud en atención intercultural y las barreras económicas y geográficas para acceder a servicios de salud. Para poner algunos datos en números: el 95% de las mujeres indígenas reportó que los equipos de salud no hablan su lengua nativa y el 73,2% señaló la falta de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos de los intérpretes de los equipos de salud.
En tanto, el 35,1% de las personas entrevistadas no recibió información sobre salud sexual y reproductiva y sólo el 19,9% lo hizo en su lengua originaria, aunque el 52,2% consideró que los materiales “no eran adecuados a su realidad como mujeres indígenas y campesinas”. Casi la mitad afirmó haber vivido una situación de discriminación durante la atención.
En lo que se refiere a la solicitud de prácticas, 69,9% de las mujeres entrevistadas no accedió a la ligadura tubaria que pidió a los y las profesionales de salud.
Exámenes ginecológicos
Uno de los datos más alarmantes está en la baja tasa (sólo el 9,15 de las 480) de personas que se realizan exámenes de VIH/SIDA: “Esto resalta una oportunidad para ampliar el acceso a la información mediante campañas de difusión, y para reforzar tanto la prevención como el tratamiento”.
A la hora de llevar control sobre el embarazo, sólo el 7,3% dijeron haberlo llevado adelante. En algunas provincias como Santiago del Estero hay mujeres de más de 40 años que “nunca se hicieron” un Papa Nicolau (PAP) -fundamental para detectar a tiempo el cáncer de útero- o un control ginecológico, relató una monitora.
Interrupción legal e interrupción voluntaria del embarazo
- El 78,8% de las mujeres respondió que no conoce los pasos para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo en un hospital, CAPS u obra social.
- Los datos revelan que en el 84,1% de los casos analizados no se respetó el plazo de 10 días establecido por la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo aprobada el 30 de diciembre de 2020.
Juzgadas y sin consentimiento
De las 480 personas encuestadas, 40 reportaron haber enfrentado dificultades al solicitar la IVE/ILE, lo que representa un 8,3% del total. Las dificultades más mencionadas, recupera el informe, fueron “me sentí juzgada por el sistema de salud”, “me demoraron los turnos para hacerme exámenes” y “me dijeron palabras muy hirientes”. Entre las que respondieron que “me obligaron a escuchar los latidos del feto en la ecografía”, algunas añadieron que luego “me derivaron a una psicóloga para que me convenciera de no hacerlo”.
Otra respuesta frecuente fue la falta de acceso a misoprostol (20%), una de las drogas recomendadas para el aborto con medicamentos. Quienes reportaron esta situación también indicaron que no les recomendaron ningún tratamiento alternativo para hacer el aborto.
Entre otros datos, el monitoreo arrojó que 7 de cada 10 mujeres que solicitaron una ligadura tubaria no recibieron el procedimiento y 8 de cada 10 que pidieron una IVE o una ILE, o tuvo un parto, no la dejaron estar acompañadas durante la práctica médica.
El 37,75% respondió que ejercieron sobre sus cuerpos prácticas sin su consentimiento. Desde la colocación cesáreas sin anestesias, inducción del parto y epistomias sin haber consultado anteriormente.
Las conclusiones y los desafíos
“El acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y grupos LGBT+ indígenas y campesinas enfrenta barreras significativas que requieren atención urgente para garantizar un acceso equitativo y respetuoso”, señalaron sobre el final del informe, que también extendió su relevamiento sobre los equipos de salud a los que acceden las personas encuestadas.
La falta de formación, de actualización y de herramientas para los profesionales de la salud son clave a la hora de garantizar el derecho a la salud de toda la comunidad, tal lo establece el amplio marco normativo que existe en la Argentina. Del otro lado, la eliminación de obstáculos económicos también podría ser un factor que colabore a la mejora de la atención, señalaron para el cierre del informe.
En tanto, entre los puntos trascendentales hay un punto: “La lucha por la defensa del territorio es crucial”, marcaron y señalaron que “un enfoque integral de salud para garantizar el acceso a una atención completa y equitativa, requiere de protección jurídica de los territorios, ya que no hay medicina sin territorio y no habrá acceso a la salud si el suelo y el agua no están protegidos”.
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