Las convicciones son nuestras, las demagogias son ajenas

El Ministerio de Seguridad de la Nación cumple 10 años. El presidente Alberto Fernández me delegó su conducción que realizo junto con un equipo profesionalizado por su experiencia en gestión pública; su conocimiento sobre las Fuerzas Federales; sus estudios con y sobre ellas; su experticia en seguridad local, federal e internacional; y sus investigaciones en seguridad, derechos humanos y bienestar. Propongo, aquí, un breve balance con perspectiva y con el objeto de transmitir las bases de una política de seguridad federal.

En 2019 llegamos a un Ministerio cuyos fundamentos y funciones estaban lejos de un Estado de derecho y, sobre todo, de aquello que, al crear esta cartera, Cristina Fernández de Kirchner propuso el Día Internacional de los Derechos Humanos de 2010: “frente a cuestiones sociales se exige, por parte de quienes tenemos la responsabilidad de conducir el Estado, un equilibrio, una paciencia y una articulación que impida generar o incitar más violencia o más enfrentamiento entre los argentinos. Esa es la primera responsabilidad que tiene un gobernante: el orden público debe ser custodiado. Pero el orden público no puede ser custodiado a partir de cobrar vidas de seres humanos. Esto no significa desconocer los atributos del Estado. El ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado significa tomar cuenta y nota de nuestra historia”.

Sin embargo, el 10 de diciembre de 2019 encontramos un híper-mediatizado Ministerio que durante cuatro años había convertido la seguridad en un espectáculo represivo y que, invisibilizando el rol de la Justicia, había adquirido un papel que no le correspondía y que tergiversó sus funciones, así como la definición que la democracia requiere sobre la seguridad.

Así, la vida pública se volvió objeto de gestión de “la seguridad”. En esa operación política e ideológica se simplificó y criminalizó la complejidad social mediante acciones brutales y efectistas. Es decir, por un lado, desplazó lo social al terreno de la (in)seguridad y, simultáneamente, demonizó el conflicto social frente al que erigió su forma única de respuesta: la represión ejemplificadora, la demagogia espectacularizada.

En fin, llegamos a un Ministerio que en cuatro años hizo del puño de hierro su razón de ser y, junto con él, produjo una mercancía (material y simbólica) disponible para fabricantes de un show comunicacional irreflexivo de criminalización social que simplificó la complejidad y horadó el proyecto fundacional de una seguridad para una sociedad democrática.

Diez años después, y tras esos cuatro años ruinosos, Alberto Fernández nos encomendó reconstruir aquel desafío inicial. Entre varias de sus indicaciones, el presidente nos ordenó recuperar los fundamentos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Para ello, nos puso objetivos reparadores que hemos encarado con responsabilidad: rehacer un ministerio cuya función sea prevenir, investigar y proteger; trabajar contra los delitos federales y la criminalidad organizada; y producir aquella amalgama virtuosa entre seguridad y derechos.

Lo que sigue es una parte de lo hecho durante 2020 y que, con el trabajo diario con nuestro Presidente y su Gabinete, hacemos con la misma convicción con la que empezamos: sin recurrir a engaños, a doble varas ni a oportunismos tribuneros:

• Enfrentamos rápidamente el incremento del delito complejo que heredamos tras cuatro años de irresponsabilidad pública; trabajamos contra organizaciones criminales y el tráfico de drogas; fortalecimos el despliegue de las FFSS en zonas estratégicas;
• Como brazo auxiliar de la Justicia, actuamos ante la conflictividad social; creamos mecanismos de diálogo, negociación y persuasión, instancias intermedias -con organizaciones sociales-, de resolución alternativa de conflictos antes de tener que recurrir a la represión;
• Reentrenamos, capacitamos y profesionalizamos al personal de las fuerzas de seguridad en investigación como auxiliares del Poder Judicial;
• En un marco democrático y de protección de los derechos humanos; sumariamos y denunciamos todo hecho de violencia institucional;
• Terminamos con las arbitrariedades centralistas promoviendo políticas interjurisdiccionales y verdaderamente federales;
• Trabajamos por el bienestar de las y los trabajadores de las FFSS ampliando y reconociendo sus derechos laborales, su protección y su asistencia por estrés;
• Recuperamos el respeto hacia las y los trabajadores del Ministerio reconstruyendo relaciones humanas con quienes, agraviados brutalmente, sostuvieron y sostienen el funcionamiento del Estado.

En síntesis, siguiendo las órdenes de Alberto Fernández, llevamos un año recuperando un proyecto que hace 10 años propusieron Cristina Fernández de Kirchner y la primera ministra de Seguridad de la Nación en la historia argentina, Nilda Garré, y que hoy es política de Estado por decisión del Presidente, del Frente de Todos y de quienes comprenden que la seguridad no es un spot, una arenga, la incriminación sin juicio previo, o la criminalización del conflicto social.

*Ministra de Seguridad de la Nación.