"Dos demonios": el plan del Gobierno para justificar el golpe del ‘76 y borrar las políticas de DDHH

Como cada aniversario del golpe de Estado de 1976 desde que Javier Milei es presidente, el Gobierno insistió con su discurso negacionista, se dedicó a provocar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar con mentiras y volvió a agitar la Teoría de los dos demonios. ¿El objetivo? Justificar el terrorismo de Estado como paso previo para profundizar el desmantelamiento de políticas de Derechos Humanos y, en última instancia, liberar de culpa y cargo a los genocidas.

Este 24 de marzo, el Gobierno difundió un video negacionista, en el que volvió a poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, y un comunicado oficial en el que anunció que promoverá la imprescriptibilidad de los crímenes de organizaciones guerrilleras durante la década del ’70, un debate que ya fue zanjado en tribunales. En pos de intentar reinstalar la Teoría de los dos demonios adelantó que desclasificará archivos de la SIDE y enviará un proyecto al Congreso.

El plan del Gobierno es claro: sostener que las organizaciones guerrilleras cometieron crímenes similares a los del terrorismo de Estado por los que sus autores merecen ser juzgados. De esa forma, buscan deslegitimar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y profundizar el desmantelamiento de las áreas de DDHH. Pero la estrategia del Ejecutivo choca con la realidad: la Justicia ya determinó en diversas causas que los delitos que se les adjudican a las organizaciones armadas prescribieron porque no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad.

“Lo que propone el Gobierno es un disparate que demuestra por un lado su compromiso con los genocidas, y por otro el profundo desconocimiento que tienen en la materia”, explicó a El Destape Ciro Annicchiarico, abogado especializado en seguridad pública y Derechos Humanos, quien integró el cuerpo de abogados de la secretaría de DDHH.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, querellante en causas de lesa humanidad, añadió: “El Gobierno incentiva lo que entiende es una batalla cultura para reivindicar los crímenes de la dictadura y sobre todo ocultar lo que fue la experiencia concentracionaria bastante similar a lo que fue el nazismo en Europa. Eso es lo grave. Tratan de equiparar crímenes que son absolutamente diferentes. Porque unos fueron cometidos desde el Estado, ocultándolos y hasta reivindicándolos. Y los otros fueron hechos aislados cometidos por miembros de algunas organizaciones armadas sin ningún tipo de poder real. Una cuestión fundamental también es que en ningún momento hubo un conflicto que pudiera ser calificado como ‘guerra’ en los términos de las convenciones de Ginebra”.

En esa línea, explicó que “el Poder Ejecutivo puede calificar como quiera diferentes tipos de acciones pero esa calificación le corresponde al sistema judicial en las causas que intervienen”. Y en esa materia el Poder Judicial fue contundente en las diversas causas en que intervino: los delitos que cometieron las organizaciones armadas no fueron delitos de lesa humanidad.

Una desclasificación tramposa

Una de las medidas que anunció la Casa Rosada este 24 de marzo en un comunicado difundido por la Oficina del Presidente fue “la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983”. Lo curioso es que esos archivos ya fueron desclasificados. Todos. Primero durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego durante el de Alberto Fernández. De hecho en 2021 la intervención de la SIDE encabezada por Cristina Caamaño encontró 250.000 fichas en microfilm y armó una mesa de trabajo con organismos de DDHH y el Archivo General de la Nación para analizar el material. La documentación se estaba terminando de digitalizar cuando asumió Javier Milei.

Pero el Gobierno desarmó los equipos que trabajaban sobre los documentos desclasificados. El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, lo que provocó el rechazo y el estado de alerta de los organismos de Derechos Humanos. Según pudo reconstruir El Destape, en la SIDE sucedió algo similar con los equipos que estaban trabajando sobre el material desclasificado.

¿Entonces por qué se anuncia esta presunta “desclasificación” como novedad un 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe de Estado? Una pista figura en un artículo publicado en Clarín este lunes, que fue escrito por Daniel Santoro, el periodista que llegó a estar procesado junto al espía ilegal Marcelo D’Alessio en una megacausa sobre tareas ilegales de inteligencia. En la nota escrita por Santoro se afirma que la intención del Ejecutivo es que se hagan públicos los informes de la SIDE sobre el “bando guerrillero”. Es más, hasta se señala que esa documentación “podrá servir para, por ejemplo, la reapertura del atentado montonero contra el comedor de la Policía Federal de 1976 que dejó 23 muertos”.

Evidentemente, detrás de este anuncio no está la intención de conocer el destino de los desaparecidos o de los bebés robados que aún buscan las Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que es factible que suceda es la manipulación de estos archivos para difundir, como lo hizo Juan Bautista “Tata” Yofre en sus libros, archivos sobre operaciones de las organizaciones guerrilleras. Por ejemplo, el libro “Volver a matar”, de Yofre, se presenta en su contratapa como “la historia de una época terrible de la República Argentina. Narra el inicio de la ‘guerra popular prolongada’ que las organizaciones terroristas declararon a todos los estamentos del Estado Nacional, bajo la inspiración del castro-comunismo”. Es de esperar que el tono de lo que se pretenda difundir sea ese. Yofre fue jefe de la SIDE menemista y Milei lo designó al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).

La Teoría de los dos demonios

Con estas intenciones hace juego otro de los anuncios que hizo el gobierno este 24 de marzo. Tal como lo anunció la Oficina del Presidente en el mentado comunicado oficial rubricado este lunes, el Ejecutivo busca que se declare la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras durante la década del ‘70. Es un paso clave para justificar el terrorismo de Estado. Lo hizo a través de dos vías. Por un lado, el Gobierno afirmó que acompaña el pedido de justicia de la familia del Capitán Humberto Viola y que instruyó al Secretario de Culto y Civilización de la Cancillería “para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad”. Por otro lado, informó en el mismo comunicado que enviará al Congreso “un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”. Se trata de una discusión que ya fue zanjada en tribunales. Hay profusa jurisprudencia que da por tierra con esa maniobra.

“Desconocen el concepto de delito de lesa humanidad establecido no solo por la jurisprudencia internacional en la materia sino por el Estatuto de Roma. Tampoco siquiera es típico de la construcción jurídica que acuñó el concepto de ‘graves violaciones a los derechos humanos’ (Fallos Velásquez Rodríguez y Bueno Alves entre otros de la CorteIDH), que exigen como requisito esencial que medie intervención organizada y sistemática de los poderes del estado de manera excluyente o participación de agentes del estado, respectivamente”, afirmó el abogado Ciro Annicchiarico.

En esa línea, respecto al caso Viola, Annicchiarico concluyó: “Ese delito no fue investigado conforme a derecho y la ley vigente, no fue cometido por una estructura estatal con poder excluyente, tampoco por agente del estado, con omisión de investigación por el poder judicial competente en su momento, por lo que está prescripto”. “Que estudien derecho o se asesoren adecuadamente”, añadió.

El anuncio del envío de un proyecto de ley al Congreso para declarar imprescriptibles los crímenes de las organizaciones guerrilleras es un burdo intento por reavivar la Teoría de los dos demonios como quedó claro en el video oficial que difundió la Casa Rosada con el testimonio repleto de mentiras del ultraderechista Agustín Laje.

Hay sobrados antecedentes jurídicos que derriban esta burda maniobra. Uno de esos casos es el del Teniente Coronel Argentino del Valle Larrabure quien fue asesinado en 1974 por integrantes del ERP. La Justicia resolvió que  en este caso no se abordan crímenes de lesa humanidad y por lo tanto lo denunciado prescribió. Así se determinó en instrucción, en una sentencia de cámara y en la Cámara Federal de Casación Penal. El caso está en la Corte hace 5 años. “Tres veces seguidas jueces de diferentes jurisdicciones fueron diciendo que los hechos cometidos por organizaciones armadas no encuadran dentro de la categoría que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reserva para crímenes de lesa humanidad”, explicó el abogado Pablo Llonto, quien interviene en ese expediente, a este medio.

En el marco de esa misma causa además se dio un dictamen muy relevante para lo que hace a esta cuestión. Se trata de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de noviembre de 2007, que lleva la firma de quien era el fiscal general a cargo de esa unidad, Jorge Auat, y del subdirector de entonces, Pablo Parenti. Allí, ambos desarrollaron las razones por las que los delitos cometidos por organizaciones armadas durante la década del ’70 no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. El procurador general de aquel momento, Esteban Righi, se hizo eco de este trabajo y le dio carácter de “instrucción general” para replicar el criterio en todo el Ministerio Público Fiscal. Ese dictamen sigue vigente.

¿Qué sostuvieron Auat y Parenti en el caso Larrabure? Que “los hechos que damnificaron al Teniente Coronel Argentino Del Valle Larrabure no pueden considerarse crímenes contra la humanidad, en tanto esa categoría de delitos, a la fecha de comisión de los acontecimientos del caso, estaba formulada sólo para ilícitos cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él”. “Tampoco la categoría de crímenes de guerra es aplicable a los hechos del caso”, precisaron. Entre otras cosas porque “tampoco puede afirmarse que haya existido en este país un conflicto armado interno en esos años -dado que no median elementos que acrediten que alguna agrupación política haya tenido control sobre alguna parte del territorio argentino o que hayan desarrollado operaciones armadas de la envergadura y prolongación en el tiempo que exige este concepto-“, señalaron.

Algo similar ya había establecido la propia Corte en los casos Arancibia Clavel, Lariz Irionda y Simón.

Como si fuera poco, el caso de Viola, quien fue asesinado por el ERP junto a una de sus hijas en diciembre de 1974, y que el gobierno utiliza para reinstalar esta vieja Teoría ya desechada, fue juzgado. Y eso no es todo. Como recordó la Asamblea Permanente por los DDHH ya en 2019 cuando había homenajes a Viola de parte de un sector con vinculaciones castrenses: “Nadie puede ignorar que, lejos de ser un soldado al servicio de la Patria, el militar en cuestión era parte central de la llamada comunidad de inteligencia y que una de sus tareas principales era la de obtener información bajo tortura durante cruentos interrogatorios. Tenemos la convicción de que sólo su muerte (la que no justificamos, como tampoco la de su hija, María Cristina) pudo alejarlo del banquillo de los acusados y de la condena que alcanzó a otros represores al cabo de juicios justos como los que se han venido haciendo en nuestro país”. “La otra parte de la mentira es la de sostener en forma mendaz y permanente que su caso no haya tenido justicia o que se tratara de un delito de lesa humanidad imprescriptible. Cierta prensa se ha sumado también en la engañosa omisión de que el caso ya tiene sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de la Nación y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha rechazado considerar el mismo como delito de lesa humanidad. De este modo, otra vez representantes del pueblo propician o ceden ante intentos de lograr una ilusoria equivalencia en la historia reciente que justifique el genocidio cometido en nuestro país y parte del continente americano”, añadieron.

En una línea similar, el abogado Rodolfo Yanzón señaló a El Destape: “Hubo distintos fallos de diferentes jueces que han dejado en claro que este tipo de hechos no pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad sobre todo porque se trata de organizaciones armadas que en ningún momento han tenido control de territorio para imponer una determinada política por lo tanto se trataron de hechos asilados que no guardan relación con los casos gravísimos cometidos por la dictadura. Que tiene, sobre todo, el protagonismo dentro de lo que ha sido la experiencia concentracionaria, de centenares de campos de tortura y exterminio, que hace la gran diferencia. La política de persecución y eliminación de opositores políticos implementada por el terrorismo de Estado”.

Este 24 de marzo, el gobierno también volvió a cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos. Es el slogan con el que el Ejecutivo busca deslegitimar la lucha de los organismos de DDHH. Alcanza con recordar un artículo publicado en el diario La Nación en el que se menciona que el Ejército admitió 22.000 crímenes para derribar la operación gubernamental. Se trata de una nota de 2006 firmada por Hugo Alconada Mon que asegura que “Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978”.

Respecto a la discusión sobre la cifra de desaparecidos siempre es enriquecedor recordar la reflexión del Doctor en Letras y docente de la UBA, Martín Kohan, sobre este tema. En diálogo con Radio Universidad, de la Universidad Nacional de La Plata, el escritor precisó: “Plantear un criterio establecido de verdad, de contabilización de cuerpos, es una manera de falsear la realidad histórica, que es que el Terrorismo de Estado operó sustrayendo los cuerpos y la información”. “Dirigir la interrogación hacia las víctimas es, cuando menos, sádico. La interrogación proviene de la sociedad hacia el aparato represivo del estado: ‘Que digan dónde están’. Hoy en día, esta consigna persiste. ¿Por qué no nos dicen quiénes son esas personas que fueron bebés en su momento, apropiados y secuestrados, y que ahora tienen su identidad arrebatada, en manos de otras personas que se apropiaron de ellos? ¿Bajo qué nombres falsos están registrados? ¿Con qué familias residen?, para así poder devolverles su identidad”, agregó en 2023 al analizar las declaraciones negacionistas de Milei. Y añadió: “Que la cifra de 30 mil no responda al conteo uno por uno de los cuerpos de las víctimas no implica que la cifra sea caprichosa o arbitraria. Fue una estimación bien elaborada, a partir de ciertas informaciones proporcionadas por el mismo aparato represivo allá en el año 77′ – 78′, sobre la cantidad de centros clandestinos de detención que existieron en el país durante esos años. La cifra no es simbólica, indica una verdad: la verdad de la condición de desaparecido”.

El de Milei, no hay dudas, es un gobierno negacionista que promueve la libertad de los genocidas (están a la vista las fotos de diputados libertarios visitando genocidas como Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza) y desmantela las políticas de DDHH. A juzgar por lo anunciado este 49º aniversario del golpe de Estado el nuevo instrumento para lograr su objetivo de buscar revertir el proceso de Memoria, Verdad y Justicia será la reinstalación de la Teoría de los Dos demonios. La multitud que salió a las calles a manifestarse el 24 de marzo pasado le recuerda al Ejecutivo que el pueblo tiene memoria. Por eso gritó frente a la Casa Rosada: “Nunca Más”.