Las empresas de colectivos que circulan en el AMBA definieron que el pago del aguinaldo a los choferes de colectivos se realizará en cuotas. Como había adelantado El Destape, las firmas concesionadas argumentan que no tienen fondos suficientes para afrontar el pago del medio salario anual complementario correspondiente a diciembre y acudirán a una audiencia con el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la propuesta de pagarlo paulatinamente durante los próximos seis meses.
Es consecuencia de la negativa del gobierno a incrementar el monto de subsidios que reciben y a aumentar el precio del boleto que pagan de forma directa los usuarios del transporte público metropolitano. El encuentro de mañana martes a las 15hs entre los representantes del sector privado y los trabajadores definirá si se acepta esa propuesta, si se pueden reducir el número de cuotas o si se tomarán medidas de fuerza por parte del sindicato para que el gobierno accione.
El miércoles es la fecha en la que los privados deben hacer el desembolso de los aguinaldos y aseguran que hoy no tienen saldo suficiente para afrontarlo en tiempo.
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La constante desde la llegada de Javier Milei fue la creciente tensión entre las empresas, los trabajadores y el Gobierno. En octubre se había llegado a un acuerdo salarial tras el anuncio de un paro de 24 horas. Informalmente el Gobierno le había dicho a los empresarios que iban a darle los fondos para pagar el aumento, pero eso no sucedió y las líneas de colectivos empezaron con despidos y recortes en frecuencias de servicio.
“Hay empresas que van a seguir reduciendo personal para bajar sus costos”, dijo Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, ante El Destape. El contexto se va a ver agravado cuando empiece a funcionar la liberalización del sector anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. La baja de pasajeros va a requerir más subsidios para sostener los niveles de servicio que el gobierno no contempla incrementar. Además la legalización de servicios alternativos apunta a reducir los efectos de las medidas de fuerza de la UTA. En el gremio proyectan un 2025 con mayor conflictividad.
“La desregulación del transporte de pasajeros llegó y con ella nos desayunamos que, quien cumpla requisitos laxos, puede dar servicios de transporte, desde y hacia donde se le plazca, solo realizando una inscripción, vía electrónica en un registro”, se quejó el gremio que lidera Roberto Fernández a través de un comunicado.
En la audiencia de mañana habrá un gran ausente: el ministerio de Economía que no tiene participación ya que las autoridades nacionales entienden que se trata de un conflicto laboral.
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