La crisis a la que nos ha llevado este sistema capitalista de descarte y miseria, expresado políticamente en el tradicional modelo neoliberal o el actual liberal-libertario que nos define, nos pone en la obligación de repensar las problemáticas que atravesamos las que, para Perón, son mal llamadas " Sociedades de Consumo", y que en realidad son, sistemas sociales de despilfarro masivo.
Una de estas problemáticas la encontramos a pocos kilómetros del centro porteño, la contaminación, la ausencia de servicios básicos y de infraestructura, parecieran ser problemas que poco tienen que ver con el día a día, sin embargo, son millones de personas las que en su cotidiana tienen que sortear la acumulación de residuos, el olor putrefacto del riachuelo y/o de las curtiembres, el paisaje muchas veces desolador de encontrar animales muertos flotando por el río, el andar pateando cuadras con un balde para buscar una canilla comunitaria de agua corriente, o el cruzar algún puente artesanal hecho por los vecinos con la nula seguridad que proviene de la ausencia del Estado.
Nadie puede negar que la cuestión ambiental es un eje central en las reivindicaciones de las organizaciones y de los activistas, provocado por la innegable crisis climática y ecológica. Ahora, ¿qué es lo primero que nos imaginamos cuando se nos viene a la cabeza el concepto de ambientalismo o medio ambiente? Probablemente, las primeras imágenes que se nos vislumbren sean las siguientes: catástrofes naturales, incendios, calentamiento global , enormes desechos petroleros en las costas, extinción de animales, contenedores de reciclado, Greenpeace y Greta Thunberg.
MÁS INFO
Otra noción muy común es la conexión entre la agenda de la sostenibilidad y una preocupación exclusiva de los poderes económicos. Aunque es evidente que los sectores más privilegiados promueven iniciativas de mercado con un supuesto “progresismo verde”, queda claro que su impacto es, simplemente, maquillador. Para realizar transformaciones reales no alcanza con paneles solares y el reciclado de tapitas.
Aún así, es dable reconocer el esfuerzo incomensurable para que estos temas se encuentren en la agenda mediática y política; no hay que ser demasiado avispado para darse cuenta de que son temáticas que durante años han sido de segundo o tercer orden y que hoy se encuentran en constante problematización, para bien o para mal.
Ahora, resulta interesante repensar estas demandas con una perspectiva criolla, corriendo por un segundo la agenda global sobre temas que muchas veces escapan a lo vivenciado por las familias argentinas, acercándonos a una agenda que sea lo suficientemente representativa y que aborde el impacto directo en los sectores más vulnerables y que peor viven el cotidiano. Es decir que lo que debemos llamar ambientalismo popular no es ni más ni menos que el deber de exigir por la seguridad de vivir dignamente, en un ambiente sano, un hábitat digno e integrado de manera social y urbana.
Para graficar lo que anteriormente se menciona, podemos retomar lo que el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES (RENABAP) demuestra en sus estadísticas, que en nuestro país el 10% de la población vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a los servicios básicos ni a infraestructura social mínima. Más de 5 millones de personas, 1 millón de familias, llevan adelante sus vidas sin acceder a dos de los tres servicios básicos (luz, agua y cloacas).
Posterior a la creación del RENABAP, las organizaciones sociales, entre ellas la UTEP y la Mesa Nacional de Barrios Populares, lograron la aprobación de la Ley 27.453 de Barrios Populares, donde la misma creaba la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y el más conocido Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual se financió por única vez a través del impuesto a las grandes fortunas y del impuesto PAÍS mediante la compra del dólar. Esta Secretaría llevó adelante la política de integración en más de 1000 barrios en poco menos de 4 años de gestión (pandemia de por medio) llevándose elogios de todos los sectores de la política argentina, incluida La Libertad Avanza.
Al día de hoy, la SISU ha perdido jerarquía institucional, convirtiéndose en subsecretaría, perdió la totalidad del financiamiento y las obras se encuentran paralizadas debido a la política de OBRA PÚBLICA CERO que lleva adelante la actual gestión, dejando así a millones de familias desamparadas y sin la posibilidad de mejorar su habitabilidad.
También podemos agregar que existen 14 municipios + CABA que bordean la cuenca Matanza-Riachuelo, es decir, 6 millones de personas que viven costeando el río más contaminado de nuestro país. En el 2006 se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); entre sus competencias se encuentra la de reunir a los gobiernos de la Nación, Provincia, Ciudad, a cada uno de los municipios y a otros organismos y empresas del Estado con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para el saneamiento de la cuenca. Si bien las líneas de gestión establecidas en el PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (PISA) se dirigen a aspectos distintos de la problemática, son encaradas a través de un abordaje integral, ya que lograr el saneamiento implica pensar en la integralidad de la cuenca. A partir del 2008, la Corte Suprema falló a favor de un grupo de vecinas de Villa Inflamable (Causa MENDOZA) obligando al Estado en todos sus niveles a intervenir para recomponer el daño producido por la contaminación constante durante tantos años.
El peligro de escindir a la sociedad del medio ambiente presupone que el deterioro del segundo por parte del primero no repercute en sí mismo. Las lógicas que operan en los procesos industriales, del consumo, de la nula capacidad gubernamental de protección y/o reparación del generar un daño, en muchos casos, irreparable.
El riachuelo se encuentra en la agenda pública, pero no de la manera en la que millones de vecinos y vecinas exigen. Hoy, a 16 años del fallo que ordenó su saneamiento integral, no se han visto avances considerables en el espíritu original.
Los objetivos no se han cumplido, y las familias continúan exigiendo la presencia e intervención del Estado. Ahora bien, con todas las dificultades e ineficiencias existentes, la respuesta en materia de política no debiera ser la que el gobierno nacional de Javier Milei propuso: El cierre de la causa. La demanda de los damnificados va en línea opuesta: sostenimiento del fallo y mayor control e intervención estatal con un mayor protagonismo por parte de las comunidades afectadas.
Sin embargo, todo esto no es una novedad; es de público conocimiento que el actual mandatario argentino es un confeso negacionista ambiental, a tal punto de haber menospreciado y relativizado que una empresa contamine abiertamente un río. Volvemos al problema mencionado anteriormente: Milei parece no ser consciente del peligroso impacto que genera una sociedad poco empática con la naturaleza en la que se desarrolla. Ya Perón, en 1972, hacía alusión a esto mismo cuando en su Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo manifestaba que “El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado”.
El incremento de los riesgos ambientales para quienes viven en las cercanías del Riachuelo, debido, por ejemplo en Villa Fiorito, a la cercanía de industrias contaminantes como SADESA (empresa vinculada al controversial y prinpcial socio del gobierno nacional, Marcos Galperin) o Camilo Ferrón, a la acumulación de la basura que se convierte en micro o macro basurales, consecuencia de la nula capacidad de recolección de residuos por falta de fondos o a la imposibilidad de ingresar a los barrios por la conformidad geografica de los mismos, así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas a la exposición al plomo o al cromo, donde se detectaron 500 casos que hoy ya no pueden continuar con los tratamientos por la falta de financiamiento.
Es decir que, en Tierra de D10s, el gobierno actúa como ateo. En sinonimia con esto, la falta de políticas de prevención, mitigación y reparación profundiza la desigualdad existente, transgrediendo una infinidad de derechos asumidos en nuestra historia, ya sea a través de la Constitución Nacional, los tratados internacionales a los que adhirió el Estado argentino o las leyes aprobadas por el Congreso.
En definitiva, este pequeño esbozo solo manifiesta brevemente algunas de las discusiones que atraviesan a la cuestión ambiental, desde la perspectiva y prioridad con la que posicionamos los problemas más urgentes, la deuda histórica que tiene el Estado Nacional en materia de políticas públicas, hasta la batalla cultural e ideológica que plantea Javier Milei frente a temas que, peyorativamente, los denomina como la “agenda 2030 progresista”.
*Matías Mora Cáceres es vecino de Villa Fiorito, culminó sus estudios de Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, donde también está cursando la carrera de Derecho. Combina su formación académica con su vocación docente en escuelas secundarias para adultos.
Cerrar sesión