El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció una maniobra de lawfare un día después de que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, lo imputara por trata de personas agravada, emitiera una alerta migratoria para evitar su salida al exterior y recordó que tiene una orden de detención.
"Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU. Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado", denunció Morales e implicó de manera explícita al presidente con quien tiene una cruzada política hace dos años.
Morales denunció que el Gobierno tiene un "ejército" de fiscales, jueces, policías y militares que buscan "eliminarlo" política y moralmente y físicamente. "Por eso intentaron envenenarme y matarme", cerró. El ex presidente denunció la semana pasada que encontró material químico en su habitación que podría haberle provocado asfixia.
La causa
La investigación fue reactivada en septiembre de este año a partir de un informe de inteligencia de la Policía que afirmó la existencia de una relación entre Morales y Cindy S.V.P en 2015, cuando la joven tenía 15 años, y según esa investigación ambos tuvieron una hija en enero de 2016, según indicó la Agencia Boliviana de Información. El padre de la menor, Emeterio Vargas Mamani, está con detención preventiva, mientras que tanto Idelsa Pozo Saavedra como de la menor se desconoce el paradero.
En octubre, a un mes de reiniciada la causa, la fiscalía emitió una orden de aprehensión que fue firmada por la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco. Sin embargo, tiempo antes de que se hiciera efectiva la orden, Morales presentó una "acción de libertad” en contra de Guerrero y Soruco y eso permitió que se anulara el pedido. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, destituyó a Gutiérrez pero tiempo después fue restituida en el cargo por el flamente fiscal general Roger Mariaca, quien reemplazó a Lanchipa. Gutiérrez continuó con la causa y convocó a Morales, a Pozo y a Emeterio Vargas Mamani a declarar, pero ninguno se presentó.
Mamani fue aprehendido el 11 de octubre y actualmente guarda detención preventiva en el penal de Moros Blancos, en Tarija. El 16 de octubre, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra el ex presidente y Pozo Saavedra por no presentarse a declarar.
Meses atrás, cuando la fiscalía comenzó esta investigación, el ex presidente Morales se defendió y sostuvo que el caso ya fue juzgado durante la dictadura de Jeanine Añez y que el ex presidente fue declarado inocente y leen esta causa como parte de una persecución judicial y política con el fin de inhabilitarlo y desgastarlo para las elecciones del año próximo.
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