Desde el miércoles 18 de diciembre a la madrugada, Camila Sala (27) vive una pesadilla que parece no terminar. Como en diferentes oportunidades, esperaba que su marido regrese a su humilde casa en el barrio Libertad de Oran, a 230 km de la capital de la provincia de Salta pero esto no ocurrió.
Su pareja y padre sus hijos, Fernando Martín Gómez (28 años) fue uno de los bagayeros reprimidos por gendarmería nacional en el marco del Plan Güemes -lanzado por el Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el pasado 12 de diciembre pasado y cuyo objetivo es “combatir la narcocriminalidad”- y que tuvo como desenlace la muerte del joven. Además, otras cuatro personas resultaron heridas:
- Dos con lesiones graves por disparos de armas de fuego, trasladados en código rojo al hospital San Vicente de Paul de Orán.
- Otro trabajador sufrió golpes severos y también fue internado en el nosocomio local.
- No se conocen los nombres. Tampoco hubo un comunicado oficial sobre los heridos ingresados. Los datos fueron aportados por los propios compañeros de los cocacoleros, según consigna el diario El Tribuno.
“Me llamaron a las tres y media de la mañana me avisó mi vecina y me dijo que algo le había pasado a mi marido. Entonces dejé a los chicos y me fui al Hospital primero. Ahí no me dijeron nada y entonces me fui hasta Aguas Blancas, al puesto de los gendarmes a preguntar por mi marido”, relata Camila a El Destape.
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Con el objetivo de buscar información sobre el padre de sus hijos fue al puesto pero solo recibió malos tratos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad. “Fui con mi cuñada y cuatro mujeres más pero nos maltrataron. A una de las mujeres la agarraron de los pelos, a mi los gendarmes me quisieron pegar también pero yo no me dejaba. Yo les hablé bien solo quería saber que le había pasado a mi marido”, cuenta mientras limpia sus lágrimas.
Logrando zafar de esa violenta situación y en el medio de la incertidumbre, “nos escapamos y en la mañana nos fuimos a la morgue y allí pudimos dar y reconocer que era mi pareja” relata Camila.
Frente a la consulta de El Destape de cuál fue su reacción al escuchar que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que se trataba de un operativo narco y diversos trolls en redes sociales instalaron esta versión e incluso celebraron la muerte de Fernando, Camila expresó: “Dijeron que había drogas y que por eso lo habían matado a mi marido pero somos pobres, somos gente humilde. Vivo con mis hijos (cuyas edades son 3, 5 y 2 años), mi padre y mi madre en una casa de madera con techos de chapa. No somos narcos no somos criminales, somos gente que sobrevive” donde incluso en temporada de verano las altas temperaturas llegan a los 50 grados.
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Camila cuenta a El Destape que tiene miedo y que por eso decidió hablar. “Yo, particularmente, le tengo miedo a los gendarmes pero a pesar de eso voy a seguir pidiendo justicia por mi esposo porque él no era ningún narco. Era un muchacho trabajador, compañero, se dedicaba a sus hijos, cuando salía de alguna changa nos íbamos a la plaza, siempre salía con sus hijos... Los vecinos te pueden decir quien era el”, contó.
Además, la mujer agrega que sus hijos no encuentran consuelo y piden por su papá: “Siento bronca, impotencia, porque mis hijos lloran y piden por su papá piden que vuelva yo no se que hacer con tanto dolor”, relató llorando.
El bagayero y el chanchero
El oficio de Fernando es como el de miles de jóvenes, que frente a la falta de posibilidad de un trabajo formal y sumidos en la pobreza, ven en esto la única alternativa para obtener un ingreso.
Fernando se iba a las once de la mañana desde Orán y allí llegaba hasta la ciudad de Aguas Blancas, que se sitúa frente a la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija, separadas ambas por el cauce del alto río Bermejo, que allí hace de frontera hasta el paso fronterizo de Puertos Chalanas. El trabajo consiste en trasladar los producto (ya sea ropa, cigarros y hojas de coca) evitando los controles aduaneros a través de rutas alternativas o desvíos. Aunque es una actividad ilegal, para muchos jóvenes es el único medio de vida.
El trabajo del chanchero de cargar una bolsa de lona de hoja de coca o de cigarros por jornada se cobra $20 mil pesos; mientras que el de bagayero (la persona que traslada ropa desde la frontera) se paga $30 mil pesos por jornada.
“A los chancheros y bagayeros los tratan mal los gendarmes no los dejan trabajar tranquilos. Los revisan, los molestan, todo tipo de situaciones vivimos. A las mujeres las maltratan, incluso siempre se sabe que hay abusos de autoridad por eso también entendemos que todos se hayan levantado, porque no se trata de gente criminal, sino de gente pobre” sentencia un Raúl un trabajador de la zona en diálogo con El Destape que pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad.