La madrugada del 30 de diciembre de 2020, con los barbijos todavía puestos que la temperatura del verano aflojaba un poco, decenas de miles de personas festejaron la aprobación de una ley que había sido construida, letra a letra, en una articulación social y política completamente transversal. Tanto como es transversal la experiencia de generaciones y generaciones para las que un atraso en su ciclo menstrual se parecía a la tragedia. Para las que la sexualidad había estado atravesada por la amenaza de un embarazo que cambiara el rumbo entero de la vida. Dejar de estudiar, empobrecerse, ser obligada a casarse, someterse a una práctica desesperada que ponía en riesgo la vida.
Esa experiencia, individual y a la vez común, signada por el silencio y la vergüenza, se había abierto por años de debate en torno a la demanda de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y proyectos de vida. Desde 2018 y hasta ese amanecer de 2020, el derecho a acceder a un aborto legal y cuidado fue parte de las discusiones públicas en la televisión, en los lugares de trabajo, en las aulas, en las mesas familiares; así como antes tuvo su espacio en cada Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Sexuales desde 2003, cuando se realizó la primera asamblea para pensar estrategias hacia la legalización del aborto. Sin esa persistencia de pensar juntas y juntes, no habría ley, no habríamos entendido mayoritariamente que el derecho a interrumpir un embarazo y no tener que arriesgar la vida en el intento es una cuestión de salud pública. De justicia social, en definitiva.
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Así fue cómo cambiaron las conversaciones desde que esos debates se hicieron intensos y en voz alta. Lo no dicho ocupó las calles y las casas. Las abuelas contaron sus propios abortos como un alivio, las jóvenes pusieron en común cómo se acompañaron entre amigas; en los barrios más vulnerados, esos en los que se dijo que las chicas no quieren abortar, también se respiró de otra manera cuando se pudo hablar en los centros de atención a la salud -y también en las familias- del aborto como una práctica que permite sostener los proyectos de vida más allá de los accidentes contraconceptivos.
¿Salieron las mujeres y otras personas trans y no binarias con capacidad de gestar corriendo a abortar porque se podía? Claro que no, esa fantasía pro natalista que se agita desde las ultra derechas más rancias -o desde el poder mega concentrado en la figura del mil millonario Elon Musk-, es sólo eso, una ficción entre tantas destinadas a generar miedo. Nadie aborta por placer. Puede ser una decisión liberadora, pero implica, en la enorme mayoría de los casos, una proyección de las posibilidades, de los mandatos culturales, del propio deseo; es una decisión vital.
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A cuatro años de sancionada la ley, lo que sí sucedió es una merma importante de las muertes por causa de abortos inseguros. Lucía Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía internacional, asegura que en los dos primeros años de implementación -entre 2020 y 2022 las estadísticas son seguras- de la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, “quedó demostrado cómo esta herramienta ha contribuido a bajar, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna por aborto en un 53%. La interrupción voluntaria legal del embarazo es una prestación más de salud que debe estar incluida en el programa médico obligatorio y que debe estar disponible para la población, porque es una cuestión de salud pública”.
Galkin lo subraya porque estamos al final de 2024, el primer año en que gobernó un presidente que dice y repite que la justicia social es “una aberración”, que la diferencia de género no existe -como si fuera una cuestión de fe- y que el aborto es “un homicidio agravado por el vínculo”. Y si bien en febrero de este año Milei se separó de la presentación poco consultada de un proyecto de ley para derogar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el propio proyecto de vida, lo que sí hubo es desfinanciamiento total de los servicios de salud que deben garantizar la IVE, así como proveer de métodos anticonceptivos acorde a cada cuerpo y forma de vida. Tampoco se compraron los insumos necesarios y ni siquiera hay un horizonte en que esto pueda cambiar ya que la promesa gubernamental para 2025 es más ajuste, más revancha contra las políticas que colaboran a alcanzar la equidad de género.
Por otra parte, la amenaza de que la ley se derogue sigue en pie, el presidente de la Cámara de Diputadxs, Martín Menem, también el compañero de viaje de Karina Milei en sus visitas a las provincias para armar el partido de La Libertad Avanza, la enunció hace poco. ¿Será una manera de poner el termómetro en la sociedad para ver cómo reacciona? En el último informe de la agencia Zuban Córdoba, la pregunta por el acuerdo o desacuerdo de la ley 27.610 tiene una respuesta decidida: más del 60 por ciento se manifestó en contra de su derogación. Por eso la asfixia sobre el sistema de salud, por eso ni siquiera aparecen licitaciones para comprar misoprostol y mefipristona, medicamentos básicos que hacen de aborto una práctica completamente segura y ambulatoria. Amnistía Internacional, junto con ELA -Equipo Latinoamericano de Justicia y Género-, el Cels y otras organizaciones hicieron un pedido de información pública sobre la falta de insumos y también presentaron frente a CIDH la falta grave que significa está desprotección flagrante de la vida de las mujeres.
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La provincia de Buenos Aires, sin embargo, viene sosteniendo una política de ampliación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también del aborto legal -en casos de violación o riesgo de salud para la gestante, después de las 14 semanas-. “Pintar de verde la provincia fue una meta clara, también un sueño feminista: garantizar el acceso universal a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestras vidas, el acceso a la soberanía sobre nuestros territorios primarios: el cuerpos de cada una, nuestros cuerpos”, dice Carlota Ramírez, directora de Equidad de Género del Ministerio de Salud de la provincia en una publicación que da cuenta de cómo el trabajo territorial, la compra de insumos en un laboratorio público como el de Santa Fe y la convicción de que el acceso a la IVE no es un derecho individual sino que se sostiene en las redes de cuidado, estatales y comunitarias le cambió la vida a muchísimas mujeres. Y sobre todo, a muchísimas niñas.
En 2018, como parte de los debates para el tratamiento en el Congreso del aborto legal, se analizaron las tasas de mortalidad y egresos hospitalarios y surgió un dato “aterrador”: las niñas entre 10 y 14 años se internaban mucho más por eventos obstétricos que por una causa tan común como la apendicitis.
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“La provincia de Buenos Aires no era la excepción. Para el año analizado, las niñas se internaban un 6% por motivos de apéndice, un 13% por afecciones respiratorias, y 11% por motivos obstétricos”, dice Ramírez. Con ese dato se implementó la mesa de trabajo “Niñas no madres” en Buenos Aires, para devolverles la infancia a esas chicas recién están saliendo a la vida. “Una estrategia de vigilancia de los casos de niñas en situación de embarazo, que permitió intervenir en casi 700 situaciones en 4 años”, cierra la directora de Equidad de Género.
Este año que ahora sí se termina, doce meses agotadores para quienes creemos que la justicia social es un horizonte a perseguir, las conversaciones también se transformaron. La intención de LLA de aglutinar a su base social más dura es la que insiste en la amenaza de seguir quitando derechos conquistados bien desde abajo, con tiempo, estrategia y persistencia. Se enuncian mentiras flagrantes como que los femicidios bajaron este año porque “el que las hace las paga” -oxímoron total, ya que “el que las hace…”, por más que las pague ya cometió el femicidio- sin contar con una sola estadística seria, y mientras se anula el derecho a la IVE de facto se promueve más y más estigmatización y violencia contra quienes no suscriben la verdad única que sostiene el gobierno y su batalla cultural.
De todos modos, como lo saben mujeres de todas las edades, también las personas trans y no binarias con capacidad de gestar, lo saben quiénes no gestan pero han acompañado una situación de aborto, no va a ser fácil quitar un derecho que cuando se garantiza cambia vidas concretas. Que se experimenta en el cuerpo. A cuatro años de una conquista fundamental para la autonomía de la mitad de la población, que los puños vuelvan a pintarse de verde -hay acciones en redes y en la Plaza de Mayo, igual que en otras plazas del país-, es así como nos defendemos de quienes se ensañan con nuestras existencias y nuestras conquistas que son para todos.
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