El Gobierno está muy confiado en contar con los votos necesarios -incluso alguno de sobra- para aprobar el Presupuesto 2026 en la sesión convocada para el viernes en el Senado. Para evitar un nuevo traspié, en la Casa Rosada se resignaron a mantener el proyecto tal cual fue votado en Diputados, sin el famoso Capítulo XI, ni algún agregado que lo reemplace. Sin embargo, desde el bloque del peronismo comenzaron a trabajar para generar consensos con el resto de la oposición para rechazar el artículo 30, ubicado en el Capítulo II, que apunta a una drástica reducción del financiamiento de las escuelas técnicas, del porcentaje del PBI destinado a la educación y a la ciencia y técnica. Piensan que pueden conseguir el acompañamiento de algunos senadores radicales, pero necesitarían también de los provinciales para llegar a los 37 votos necesarios.
El tema sobrevoló el debate en Diputados, pero en esa extensa sesión que arrancó el miércoles y se prolongó hasta avanzada la madrugada del jueves pasado la discusión principal se centró en la pretendida derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financimiento Universitario, que opacó todo lo demás. Esta semana, desde la bancada "Popular" -como ahora se denomina el interbloque que preside José Mayans- junto a representantes docentes buscaron volver a poner el foco en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto en el que se busca derogar el artículo 9 de la ley de Educación Nacional que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en educación, lo mismo que el artículo 52 de la ley de Educación Técnico Profesional y los artículos 5, 6 y 7 de la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. "Le decimos basta al desfinanciamiento del sistema educativo, al intento de destrucción de la escuela pública y del sistema nacional de ciencia y técnica", sostuvieron desde el gremio Ctera.
El lunes, estos cuestionamientos quedaron expuestos en una actividad de la que participaron los senadores Jorge Capitanich, Mariano Recalde y Carlos Linares y la diputada Julia Strada junto al ex director del Instituto Nacional de Educación Teconológica (INET) Gerardo Marchesini y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas de Capital y provincia de Buenos Aires. El Centro CEPA difundió un informe que mostró los niveles de desfinanciamiento en Educación Técnica Profesional que cuenta con un fondo (Fonetp) que en 2026 sufrirá un recorte histórico: 93% respecto a lo ejecutado en 2023, de 62% contra el ejecutado 2024 y de 67% contra el ejecutado 2025. En el encuentro sostuvieron la necesidad de mantener y ampliar el financiamiento de la educación para capacitar a los jóvenes para que se especialicen en la producción industrial y agropecuaria como forma de asegurar la mano de obra necesaria para las actividades productivas que requiere el país para desarrollarse.
“La industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”, planteó Capitanich, quien recordó que la ley de Educación Técnica se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner para jerarquizar y fortalecer esa enseñanza en los niveles secundario, superior y de formación profesional, vinculándola con el desarrollo productivo y el mundo laboral. Se cumplió a rajatabla a excepción del gobierno de Mauricio Macri y durante la pandemia, hasta la caída abrupta desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El trabajo de CEPA mostró que no sólo el presupuesto bajó año a año sino que ni siquiera se ejecutó lo presupuestado. Además, el ajuste en la educación técnico-profesional se inscribe en un recorte presupuestario mucho más amplio. La Función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% en el Presupuesto 2026 respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023.
A esto se le agrega la crisis universitaria, cuyos recursos también marcan una caída del 33,8% frente a lo ejecutado en el presupuesto 2023, además del veto y luego la suspensión de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario decida por Milei. No sólo esa actitud del Ejecutivo es abiertamente ilegal, sino que el constitucionalista Andrés Gil Dompinguez viene marcando que el propio artículo 30 que el peronismo busca rechazar también debería ser recurrido porque viola el principio de no regresividad respecto del derecho a la educación y del derecho al desarrollo científico y tecnológico. "Implica una regresión normativa objetiva sin ningún fundamento razonable", sostuvo el abogado.
Con todos estos argumentos, desde el bloque Popular esperaban convencer a nueve opositores de otros bancadas, el número que necesitan para alcanzar los 37 votos necesarios. Eso, en caso de que los 28 senadores del interbloque de Mayans voten unidos en contra, algo que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la Casa Rosada vienen tratando de impedir. Para ello, apuntan a dividir al peronismo con algunos de los cinco senadores del subbloque Convicción Federal, no kirchnerista y en línea con los gobernadores del norte. Con todo, en el peronismo creían que tal vez algunos de estos cinco senadores podría acompañar el Presupuesto en general, pero no imaginaban que votaran en particular el artículo 30.
Con los 28 asegurados para el rechazo del artículo 30, en el peronismo esperaban convencer a senadores radicales más comprometidos con la cuestión educativa como el ex titular de la FUA Maximiliano Abad y el ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca Flavio Fama. Algunas versiones indicaban que podrían sumar también al santafesino Eduardo Galaretto y al pampeano Daniel Kroneberger. Si así fuera, el peronismo quedaría a tiro de infringirle al Gobierno una nueva derrota y el Presupuesto debería volver a la Cámara de Diputados para un nuevo tratamiento. Avisada de esta posibilidad, Bullrich ya había puesto manos a la obra para asegurarse los votos y evitar que le suceda lo mismo que le pasó al oficialismo la semana pasada en la Cámara baja. Pasará las Fiestas con preocupaciones.
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