La jueza Andrade detuvo a un acusado de incendiar el móvil policial y ordenó arrestar a otro

La causa por los disturbios que se produjeron el 12 de marzo pasado, tras la brutal represión impulsada por el gobierno de Javier Milei, que tramita en los tribunales porteños, tuvo importantes novedades este miércoles. Lejos de haberse cerrado tras las 114 liberaciones ordenadas por la jueza Karina Andrade, la pesquisa avanza, como había adelantado El Destape. Este miércoles, la magistrada ordenó arrestar a dos personas acusadas de incendiar un móvil de la Policía de la Ciudad que fue dejado en plena calle y con las puertas abiertas. Una de ellas ya fue detenida. Las órdenes de arresto se dictaron a pedido del Ministerio Público Fiscal porteño y luego de una audiencia en la que se presentó documental probatoria. Ninguna de las dos personas estaba entre los 114 apresados del miércoles pasado. A la vez, en la misma resolución, la jueza rechazó detener a 5 personas denunciadas por delitos menores quienes, en su mayoría, sí habían sido apresadas una semana atrás. Y la fiscalía, por su parte, desistió durante la mentada audiencia de insistir con un pedido de detención más por falta de pruebas.

Detenciones por incendio de móvil policial

En el marco de la causa en que se investigan los disturbios que hubo durante la feroz represión que el gobierno llevó adelante la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño realizó este martes nuevos pedidos de detención de ocho personas a la jueza Andrade, a la par que solicitó allanamientos, requisas y secuestro de elementos que, estiman, podrían servir para la pesquisa. 

El MPF porteño afirmó haber detectado a dos de las personas que incendiaron el móvil 8008 de la Policía de la Ciudad, vehículo que había sido dejado por agentes en medio de la protesta con las puertas abiertas, lo que fue denunciado en las presentaciones que hubo en Comodoro Py por la brutal represión del 12 de marzo. La razón por la que fue dejado ese móvil allí aparece en el pedido detención que hizo el MPF y parece bastante insólita: fue “debido a que el Oficial Lucas Emmanuel Lugo Carballo, quien estaba a cargo del mismo, había sido desplazado para constituirse en la Avda. de Mayo 1299 por violencia de género, dejando estacionado el móvil en el lugar, y cuando estaba realizando la pertinente consulta judicial dañaban el rodado”.  

Al resto de las personas, el MPF las acusó de tirar piedras contra la policía. La fiscalía le solicitó a la jueza que arreste a todos.

Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza convocó a una audiencia el mismo martes en la que requirió al MPF que fundamente el pedido de arresto y aporte pruebas. El encuentro fue grabado. En la madrugada de este miércoles, Andrade resolvió ordenar la detención de las dos personas acusadas de incendiar el móvil policial y aceptó que se realice un allanamiento en el domicilio de uno de ellos. Aclaró que todo debía hacerse mientras haya luz del sol, es decir, no por la noche. Horas después del pedido del MPF porteño, el acusado fue detenido. Se trata de Fernando David Yurquina, hincha de All Boys y señalado como un presunto barrabrava. El segundo acusado, al momento en que se escribe esta nota, tiene orden de arresto pero aún no fue apresado. Ambos fueron acusados de ser quienes ““volcaron, produjeron múltiples daños y luego prendieron [fuego] el móvil policial interno 8008” de la Policía de la Ciudad.

La jueza señaló respecto a este hecho: “Cabe destacar que ninguno de los imputados fue detenido en las inmediaciones del Congreso durante la tarde o noche del 12 de marzo, sino que su identificación fue producto de la investigación realizada con posterioridad por el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con los elementos obrantes en la causa y puestos en conocimiento de la suscripta, constituye el hecho de mayor gravedad investigado en este caso, tanto por el contexto de su comisión como por la escala penal aplicable”.

Tanto Yurquina -que fue detenido este miércoles- y la segunda persona acusada están denunciados por “resistencia a la autoridad” y “daños agravados”. 

“De acuerdo con las constancias del legajo y las aclaraciones realizadas por el auxiliar fiscal en la audiencia realizada en el día de la fecha (el martes), se logró identificar, con el grado de provisoriedad propio que la medida exige, a Yurquina y G (se preserva su nombre) como posibles autores de los hechos que se le imputan”, señaló la magistrada.

Entre la prueba que aportó la fiscalía figura un informe de la Policía de la Ciudad “con un análisis de la videograbación realizada por periodistas del diario Clarín, a través de la cual se observa a personas provocando daños” sobre el móvil policial. La fiscalía explicó que se pudo identificar a Yurquina porque se “encuentra registrado en una base de datos de la División Fútbol de la Policía de la Ciudad por hechos anteriores a este caso”. La identidad de los dos acusados fue reforzada por otros registros fílmicos aportados por el MPF, “los cuales permiten concluir que prima facie coincidiría con las fotografías e informes analizados por la policía”.

Como la magistrada Andrade consideró que hay un “riesgo cierto” de que se vea alterado el acto procesal de la intimación (equivalente a una indagatoria) avaló el pedido de detención de ambos acusados. “No puede negarse la trascendencia pública del suceso y la gravedad de los mismos, circunstancia que conlleva una actuación diligente en la investigación. En ese punto, los riesgos procesales, al menos para lograr el acto de intimación de los hechos, los veo verificados”, sostuvo Andrade. Para darle fuerza a su orden sumó que si bien no se aportó un informe del Registro Nacional de Reincidencia, es decir, que tengan antecedentes acreditados, la policía acercó constancias de que ambos acusados “se habrían visto involucrados en conflictos con la ley penal”.

El resto de los pedidos de detención fueron rechazados. Se trata de cinco personas acusadas de atentar contra la autoridad, la típica figura que se utiliza para criminalizar la protesta social.

Pedido de arresto y allanamientos rechazados por “ir a la pesca”

La jueza no hizo lugar al pedido de la fiscalía respecto a los 5 casos restantes, todos acusados de atentado a la autoridad, un delito menor.  Según la acusación fiscal, tomada de los sumarios policiales, es que “arrojaron piedras contra el personal policial”. La magistrada Andrade resaltó que en estos casos “la detención no fue fundada sobre la base instrumental que la justificaría en cada caso en particular”. Una razón para la detención, que debiera poder acreditarse, es el peligro de fuga.

“Resulta obvio que no toda imputación o presunta comisión de un delito conlleva o justifica la detención de la persona para el acto de intimación de los hechos. El peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación son los motivos que la justificarán”, escribió Andrade. Y añadió: “Dicho esto, adelanto que en lo que a este grupo de personas respecta, la fiscalía no ha logrado acreditar la pertinencia de la medida de allanamiento, ni la justificación de la detención para llevar a cabo el acto procesal que pretende”. A esto se suma que 4 de los 5 acusados ya fueron detenidos el pasado 12 de marzo y fueron convocados a la fiscalía para los próximos días.

Uno de esos cinco acusados, V.V (se preserva su nombre), fue arrestado durante la represión el miércoles pasado pero según surge de la resolución de la jueza “su detención no fue informada al tribunal el día de los hechos, sin embargo se advirtió de la misma cuando se remitió su orden de soltura. De manera que puede tenerse por cierto que efectivamente estuvo detenido”.

La jueza tampoco habilitó los allanamientos de los domicilios de estas personas y apuntó contra el MPF: “Las medidas de allanamiento y/o detención, tal como fueron solicitadas en este momento, se asemejan más a lo que se encuentra vedado en el proceso penal y se conoce como ‘una expedición de pesca’”. Es que el MPF apunta a una organización criminal entre los acusados algo que la jueza remarcó que no se encuentra dentro del objeto procesal de la investigación.

En esa línea, la magistrada destacó: “Disponer detenciones, allanamientos, secuestros y requisas, por motivos supuestos que no están contemplados en el objeto de la pesquisa, no resulta conducente ni está justificado a la luz de lo que implican”. Y agregó: “Estas medidas representan las intromisiones más gravosas a los derechos y garantías de los ciudadanos, de modo tal que se requiere una proyección, por cierto probable, de que a partir de ellas se pueden encontrar elementos útiles para la investigación. Ello no sucede con estos pedidos, al menos sobre la base de los elementos probatorios reunidos hasta el momento y el objeto de la investigación tal como fue determinado”.

La fiscalía desiste un pedido de detención por falta de pruebas

Durante la audiencia de este martes, el MPF desistió de pedir la detención de uno de los acusados al que se le había achacado que “arrancó del suelo el cartel indicador de la Av. Rivadavia 1600-1500, de esta Ciudad”. Por ese presunto hecho lo acusaron de resistencia a la autoridad y daño agravado.

La fiscalía bajó el pedido de detención por “las dudas que surgieron respecto de la correcta identificación” del acusado, “sumado a que no fue detenido el día de los hechos”, explicó la jueza en su resolución judicial. La fiscalía volvió sobre sus pasos y tras desistir del pedido de detención dijo que por ahora profundizará las tareas respecto a esa persona cuyo nombre se preserva. Es una de las 29 personas a las que el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió su detención este martes. Evidentemente, la certeza sobre su rol en algún delito durante el 12 de marzo, a pesar de la pomposa difusión que hizo de su denuncia la cartera que conduce Patricia Bullrich –y que incluyó un video con la cara de los denunciados-, aún no pudo ser confirmada.

Lo que pasó en la audiencia refleja la anemia probatoria que hay en el expediente, lo que llevó el miércoles pasado a la jueza Andrade a liberar a 114 detenidos que, todo indica, fueron apresadas "al voleo". Por esa decisión, Andrade fue atacada por el gobierno nacional. El ministerio de Seguridad de la Nación comandado por Patricia Bullrich la denunció penalmente en Comodoro Py; y recibió también tres denuncias de aliados del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. A su vez, fue respaldada por un amplio sector del mundo judicial.