Marcha de los jubilados: cómo sigue la causa tras todas las liberaciones

La jueza porteña Karina Andrade dispuso este jueves la inmediata libertad de las 114 personas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo, en el marco de una represión que dejó como un saldo más de 650 heridos. Los argumentos de su decisión dejaron expuesta la falta de pruebas que hubo para los arrestos, que se realizaron a mansalva y en el marco de una protesta social. No obstante, el proceso judicial sigue abierto y los acusados están imputados de manera provisoria de atentado y resistencia contra la autoridad. Por eso no es azaroso el ataque del gobierno nacional contra la magistrada, a la que –afirman desde Ejecutivo- denunciará ante el Consejo de la Magistratura porteño.

La liberación de los detenidos que ordenó la jueza Andrade fue una decisión de suma relevancia pero la causa que se abrió contra 114 personas este miércoles sigue abierta. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, cuya cabeza es el fiscal general Juan Bautista Mahiques, el exoperador judicial de Mauricio Macri, figura del lawfare y partícipe del viaje de jueces, espías y ejecutivos de Clarín a Lago Escondido.

En el caso de la marcha de los jubilados intervino la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la CABA, que fue desde donde se convalidaron judicialmente todas las detenciones.  Para que la jueza Andrade pudiera hacer un primer control de legalidad, la fiscalía debía suministrar “la identidad de la persona detenida, lugar de detención, delito, fuerza policial que previno” y, como la acusación es por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, “se solicita desde el tribunal, al inicio del turno, que se otorgue una breve descripción de las circunstancias del suceso”. El MPF no informó nada de eso. ¿La razón? Los agentes que llevaron adelante las detenciones de forma arbitraria, repletas de ilegalidades, no detallaron absolutamente nada. Porque fue una cacería humana donde hasta se detuvo a menores de edad que salían del colegio.

Por esa razón y porque los arrestos se dieron en el marco de una protesta social, la jueza rechazó las detenciones por flagrancia y ordenó la inmediata libertad de los apresados. La decisión la tomó tras un planteo de las auxiliares defensores Carolina Bressia y Raquel Hanono, de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el Ministerio Público si pretende sostener las imputaciones tendrá que profundizar la investigación. Tiene hasta tres meses para hacerlo. Por eso la causa lejos está de cerrarse.

En este escenario, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó públicamente que denunciarán a la jueza Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por haber resuelto las liberaciones. Le quiere achacar el posible incumplimiento de sus funciones. Un show del que también fue parte el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con declaraciones rimbombantes y la defensa del accionar represivo de la Policía local.

Según pudo reconstruir El Destape, a la Libertad Avanza no le resultará sencillo avanzar contra la jueza en el Consejo de la Magistratura porteño. No tendría los votos en comisión de acusación para ir en contra de Andrade. Y en el plenario necesitaría otras 5 voluntades para revertir ese dictamen negativo entre los que debiera estar incluido el voto de un representante de los jueces. Al cierre de esta nota no había ingresado ninguna presentación contra Andrade en el órgano de selección y sanción de jueces.

Por el contrario, la magistrada cosechó un fuerte respaldo del mundo judicial tras ser atacada por el gobierno. Emitieron comunicados en su favor la Red Mujeres para la Justicia, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la Asociación Argentina de Juristas, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Mujeres Trabajadoras del MPF y de Comodoro Py, y Judiciales Feministas, entre otras organizaciones.

Los argumentos de la jueza Andrade

La jueza Andrade rechazó las detenciones por dos razones centrales: por la falta de elementos para llevarlas a cabo y por haberse realizado en el marco de una protesta social. Si se hubiera aceptado la flagrancia, la fiscalía hubiera tenido 48 horas para justificar los arrestos. La magistrada cortó esa vía rápidamente. Y expuso la orfandad de elementos probatorios que había en el expediente.

“Comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, afirmó la magistrada Andrade.

Y en otro pasaje dio por tierra con las acusaciones que había hecho circular el gobierno por los medios hegemónicos que le son afines: no hubo detenidos por lesiones, tener armas o prender fuego vehículos: “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”. Así como sucedió con el auto incendiado de Cadena 3 durante la movilización contra la Ley Bases del 12 de junio hasta el momento ni policía ni la justicia identificó a quienes incendiaron el móvil policial que fue dejado este miércoles en medio de la calle y con las puertas abiertas en medio de la movilización, tal como quedó registrado en distintos videos que circularon por redes sociales, invitando a ser vandalizado cual carnada puesta por la policía.

Sobre los 114 detenidos, la jueza precisó: “En cuanto a la información para control, con relación a los detenidos 4) a 15) no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados”. Una “situación similar ocurrió con los detenidos 16) a 108) y 109) a 113) sobre quienes tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”, añadió.

En esa línea, la magistrada indicó: “La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria”. Y acusó por esta anemia informativa a las fuerzas de seguridad. De esa manera dejó a salvo al Ministerio Público Fiscal que es el que debe llevar adelante la investigación: “Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.

También contextualizó los hechos: sostuvo que se dieron en el marco de una protesta social en apoyo a “los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores”. Dijo que “quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”.

Un testimonio escalofriante

El testimonio de las personas detenidas coincide con lo descripto por la jueza y da cuenta de la arbitrariedad con la que la policía llevó adelante el operativo del miércoles, que desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se definió como la represión “más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. La CPM contabilizó 672 heridos durante el operativo comandado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Federico Napp, detenido por las fuerzas de seguridad durante la manifestación, contó lo que vivió el 12 de marzo pasado en diálogo con Palo y Zanahoria, el programa radial que se emite en AM El Destape 1070. Federico relató que lo detuvieron alrededor de las 6 de la tarde “en la Avenida 9 de Julio entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo”. Estaba con su papá, una persona jubilada de casi 80 años, intentando llegar a la boca del subte cuando la policía motorizada se les apareció de contramando “tirando tiros por doquier”. “La gente empezó a correr; yo lo único que pude hacer es intentar proteger a mi papá. Cuando logramos pararnos y mirar un poco e intentar comprender lo que estaba pasando, un policía me pegó una patada, me tiró al piso y ahí fue cuando me secuestraron básicamente porque decir detención no es digno", relató Federico.

Napp contó que estuvo en la camioneta con las manos atadas con precintos y que nunca llegó a ingresar a la comisaría. "Nos dejaron demorados adentro de la camioneta, sin dejar comunicarnos. No me tomaron ni una declaración. Lo único que me tomaron fueron mis datos: apellido, nombre y número de documento. Eso es todo", aseguró. Solo firmó un acta de liberación. “Firmá y rajá”, le dijeron. Y se fue sin siquiera una copia de ese documento. En su narración, Federico contó que vió cómo la policía golpeaba a detenidos y vitoreaba al dictadora Jorge Rafael Videla.

"Fue una detención totalmente arbitraria. Nunca en ningún momento nadie me explicó por qué me estaban deteniendo, nunca me leyeron mis derechos, absolutamente nada. Al punto de que eran las 2.30 de la mañana y no sabíamos por qué estábamos ahí ni nos habían hecho ningún tipo de papeleo", cerró.

Cómo sigue la causa

Tras la decisión de la jueza de liberar a los detenidos, el Ministerio Público Fiscal deberá emprolijar la acusación si pretende sostener las imputaciones. Tiene hasta 3 meses para hacerlo. Se descuenta que recurrirá a las filmaciones de las cámaras de monitoreo, a fotografías y al testimonio policial para intentar encontrar algún elemento que le permita impulsar el proceso. A juzgar por las declaraciones de Jorge Macri y del gobierno nacional, la presión para que la causa siga abierta es fuerte.

Por su parte, las defensas actuarán como lo viene haciendo desde que comenzó el caso (casi todas las defensas las asumió, al menos hasta el cierre de esta nota, la Defensoría de la Ciudad). La inmensa mayoría –por no decir todas- las imputaciones podrían caer como sucedió en el caso de la Ley Bases. Lo relatado por muchos de los liberados es contundente: sus detenciones fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades.  

Según pudo reconstruir El Destape, muchos de los que estuvieron detenidos fueron citados por la fiscalía para los días venideros en la misma acta de liberación que firmaron. En esa audiencia es de esperar que se les intime un hecho, que debiera ser el que motivó la detención. Habrá que ver cómo llena el Ministerio Público Fiscal el vacío que dejaron las fuerzas de seguridad y que remarcó la magistrada. Según Andrade, las imputaciones fueron generales y todas por atentado, atentado agravado y resistencia a la autoridad. Son delitos menores que además no pudieron ser detallados por los agentes que llevaron adelante los arrestos. Un interrogante que se abre es si desde Comodoro Py querrán intentar quedarse con la causa como sucedió en su momento con la Ley Bases. Jurídicamente no correspondería porque no hay en la acusación delitos federales. Pero todo es posible en la Argentina de Milei.

Según indicaron fuentes judiciales de la Ciudad, la investigación que llevará adelante el Ministerio Público Fiscal porteño no tendrá casi intervención de la jueza. Actuaría recién – de existir- en la previa del pedido de elevación a juicio del caso para evaluar los elementos aportados por la acusación y por las defensas y definir qué sucede con la causa. Salvo que la fiscalía pretenda que se disponga alguna medida de índole personal como una detención, un allanamiento o una intervención telefónica, por ejemplo. Entonces sí deberá actuar la magistrada para habilitarla o rechazarla. O por un pedido expreso de las defensas. En este contexto, será clave cómo actúen el MPF, por un lado, y las defensas, por el otro.