El acuerdo de comercio recíproco y de inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos (ARTI) no puede ser leído como un tratado comercial clásico ni como una estrategia de inserción internacional orientada al desarrollo. Su lógica es otra. Se trata de un acuerdo de subordinación estructural, negociado en un contexto de extrema debilidad política y económica, que funciona como contraprestación directa por el respaldo político, financiero y simbólico que la administración estadounidense brindó al gobierno de Javier Milei en un momento decisivo: la elección intermedia.
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El propio Donald Trump lo expresó sin ambigüedades: si Estados Unidos no apoyaba a Milei, el gobierno argentino perdía la elección. El acuerdo, entonces, no es el resultado de una negociación entre partes soberanas que buscan beneficios mutuos, sino el precio político de un salvataje. Esa lógica explica tanto su contenido como sus silencios, sus cláusulas explícitas y, sobre todo, aquello que Argentina no discutió ni consiguió.
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Una asimetría escrita, no interpretada
La asimetría del ARTI es tan evidente que se refleja incluso en su redacción. Mientras que las obligaciones explícitas para Estados Unidos son mínimas, el texto impone 113 compromisos directos a la Argentina, frente a apenas siete obligaciones estadounidenses. La expresión “Argentina deberá” se repite de forma sistemática a lo largo del articulado, configurando un marco donde el país cede instrumentos clave de política pública, regulación y control, sin recibir beneficios equivalentes.
Argentina se compromete a eliminar o flexibilizar licencias de importación, a aceptar estándares técnicos y regulatorios estadounidenses como suficientes para el ingreso de bienes, a reconocer certificaciones extranjeras sin controles adicionales y a adecuar su marco normativo en múltiples áreas sensibles. Estados Unidos, en cambio, no abre su mercado en los sectores estratégicos para la Argentina, ni reduce las barreras que afectan a la industria nacional.
Este desequilibrio no es un efecto colateral. Revela con claridad quién puso la letra del acuerdo y para qué intereses fue diseñado.
El punto ciego de la negociación: acero y aluminio
La subordinación queda aún más clara cuando se observan los temas que directamente no se negociaron. Argentina no obtuvo ninguna concesión concreta en sectores industriales clave como el acero y el aluminio, cuyos aranceles en el mercado estadounidense continúan plenamente vigentes. Esto resulta particularmente grave porque se trata de rubros donde el país posee capacidad productiva instalada, empleo industrial y potencial exportador.
La ausencia de estos temas en el núcleo del acuerdo no es accidental: revela con nitidez quién fijó las prioridades. Estados Unidos no cedió en los sectores donde protege su industria; Argentina sí abrió los suyos. El acuerdo refleja una lógica en la que la parte estructuralmente más débil se adapta a las necesidades de la más fuerte, incluso cuando esta última es, además, un competidor económico directo en múltiples cadenas de valor.
Carnes, cuotas y una concesión temporal fuera del acuerdo
Uno de los argumentos utilizados para justificar el acuerdo con Estados Unidos fue la ampliación de las cuotas de exportación de carne vacuna argentina al mercado norteamericano. Sin embargo, ese beneficio no forma parte del ARTI ni surge de una negociación estructural entre ambas partes. Se trata de una medida excepcional y unilateral, firmada por Donald Trump por el plazo de un año, en un contexto coyuntural y por fuera del tratado comercial.
Lejos de consolidarse como una ventaja duradera, esta decisión ya generó una fuerte reacción de los productores ganaderos estadounidenses, que denunciaron competencia desleal y presionan para que la ampliación de las cuotas sea revertida. El dato es central: aquello que fue presentado como el principal beneficio concreto para la Argentina es temporal, políticamente reversible y ajeno al acuerdo, mientras que las concesiones argentinas quedan fijadas de manera permanente en la letra del ARTI.
En paralelo —y esto sí está explícitamente establecido en el texto del acuerdo— Argentina se compromete a importar carne vacuna estadounidense. En el Apéndice 1 del Anexo I se dispone que durante 2026 el país permitirá el ingreso de hasta 80.000 toneladas de carne bovina originaria de Estados Unidos, libres de aranceles, distribuidas en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas cada uno, bajo un esquema de “primero llegado, primero servido”. Es decir, mientras la apertura del mercado argentino a la carne estadounidense queda contractual y asegurada, la supuesta ventaja exportadora argentina depende de una decisión externa, transitoria y frágil.
Las desventajas vuelven a ser evidentes incluso en el sector donde se prometían beneficios. Argentina asume un compromiso firme que impacta sobre su mercado interno y sus productores, mientras que la contrapartida es apenas un gesto coyuntural, vulnerable a la presión política y sectorial dentro de Estados Unidos. Ni siquiera en carne —el rubro emblemático— el acuerdo garantiza previsibilidad para la Argentina.
Cuando la seguridad redefine el comercio
Uno de los aspectos más graves del ARTI es la incorporación explícita de cláusulas que subordinan la política comercial, industrial y regulatoria argentina a las decisiones unilaterales de seguridad económica y nacional de Estados Unidos. El acuerdo establece que, si Washington adopta una medida comercial o fronteriza por razones de seguridad, Argentina deberá adoptar otra de “efecto similar”.
Esto implica, en los hechos, una renuncia a la autonomía en materia de política comercial, exportaciones, controles y sanciones. La Argentina se compromete a no debilitar los controles de exportación estadounidenses, a cooperar con sus regímenes de sanciones y a alinear su política tecnológica, digital y de inversiones a los criterios definidos por Washington.
No se trata solo de comercio: es un alineamiento geopolítico obligatorio, que convierte al acuerdo en un instrumento operativo de la estrategia estadounidense de contención y exclusión de terceros actores, en particular China.
Tecnología, patentes y el freno a la economía del conocimiento
En materia de propiedad intelectual y comercio digital, el acuerdo impone estándares diseñados a medida de las grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas estadounidenses. La Argentina se compromete a reforzar regímenes de patentes, acelerar adhesiones a tratados internacionales y revisar normativas internas que hoy permiten cierto margen de producción local, licencias obligatorias o flexibilidades sanitarias.
Esto impacta directamente sobre la economía del conocimiento, el sector farmacéutico y la capacidad del país de desarrollar tecnología propia, producir medicamentos genéricos o garantizar acceso a tratamientos a costos razonables. La aceptación automática de aprobaciones de la FDA estadounidense implica, además, una cesión de soberanía sanitaria, abriendo la puerta al ingreso de medicamentos o dispositivos que hoy no serían autorizados por los organismos argentinos.
Apertura industrial y extractivismo
Mientras se amplía el acceso de productos estadounidenses al mercado argentino, no se garantizan beneficios equivalentes para los sectores productivos nacionales. En la industria automotriz se habilitan cupos de importación desde Estados Unidos sin compromisos firmes de acceso para las exportaciones argentinas. En el sector avícola se aceptan estándares sanitarios que no son admitidos por otros grandes mercados internacionales, permitiendo la entrada de productos más baratos que compiten de manera desigual con la producción local. El patrón se repite: apertura unilateral, sin reciprocidad real.
Con respecto a los Minerales críticos el acuerdo comercial y el reciente entendimiento firmado por Cancillería convergen en redefinir el rol argentino en sectores estratégicos como el litio, el cobre y otros minerales, estableciendo una prioridad explícita hacia Estados Unidos como socio comercial y de inversión. Esta orientación reduce el margen para diversificar alianzas, captar financiamiento alternativo y negociar transferencia tecnológica o agregado de valor local. Argentina queda posicionada como proveedor confiable de insumos estratégicos, pero sin garantías de industrialización, desarrollo tecnológico asociado ni inserción en cadenas de valor complejas. Es la vieja lógica extractiva, ahora revestida de “seguridad económica”: recursos estratégicos bajo tutela externa y decisiones clave desplazadas del interés nacional hacia una agenda de exclusividad.
La cláusula anti-China y el bloqueo al desarrollo nuclear
El ARTI incorpora de manera explícita una cláusula que prohíbe a la Argentina comprar reactores nucleares, combustible o uranio enriquecido a determinados países, lo que en la práctica apunta directamente a China. Esta disposición bloquea proyectos estratégicos como la cooperación nuclear con tecnología Hualong, cuyo reactor utiliza uranio enriquecido como combustible, igual que los reactores occidentales.
La gravedad de esta cláusula es doble. Por un lado, limita la soberanía energética y tecnológica, cerrando opciones de financiamiento, transferencia tecnológica e integración industrial. Por otro, subordina una política de Estado —el desarrollo nuclear— a decisiones geopolíticas ajenas, cancelando décadas de acumulación de capacidades nacionales.
El objetivo geopolítico: cerrar alternativas
Nada de esto es casual. El ARTI se alinea de manera directa con la estrategia de seguridad nacional estadounidense, que identifica a China como competidor sistémico y busca limitar su presencia en América Latina en sectores clave: infraestructura, energía, minerales críticos, tecnología y financiamiento.
Argentina se compromete así no solo a abrir su economía, sino a priorizar a Estados Unidos como socio excluyente, incluso en áreas donde otros actores ofrecen inversión, infraestructura y transferencia tecnológica sin imponer condicionamientos políticos equivalentes.
Un retorno a la matriz de dependencia
Esta dinámica remite a un patrón histórico conocido. Como señaló el analista Gabriel Merino, la Argentina vuelve a firmar un acuerdo profundamente asimétrico en una transición de poder mundial, esta vez con Estados Unidos, una potencia que enfrenta signos estructurales de declive relativo, del mismo modo que ocurrió con el Reino Unido en la década de 1930.
El paralelismo con el acuerdo Roca–Runciman no es retórico: entonces, como ahora, la Argentina aceptó condiciones desventajosas para preservar un vínculo privilegiado con la potencia dominante del ciclo anterior. Pero hoy la situación es aún más desfavorable: Estados Unidos es un competidor directo de la estructura productiva argentina en múltiples sectores industriales, tecnológicos y agroalimentarios.
El resultado es claro: se resigna soberanía, se aceptan restricciones y no se obtienen beneficios equivalentes. No se trata de una decisión ideológica ni coyuntural. Es estructural. Y sus efectos se medirán en la capacidad futura de decidir qué producir, con quién asociarse y cómo desarrollarse.
Un camino alternativo: cooperación regional, Sur Global y BRICS ampliados
Frente a un esquema que subordina decisiones económicas, tecnológicas y regulatorias a una sola potencia, América Latina necesita recuperar una estrategia propia de inserción internacional. No se trata de reemplazar una dependencia por otra, sino de diversificar vínculos, ampliar márgenes de maniobra y construir poder negociador desde la región.
En ese marco, el diálogo con el Sur Global y los emergentes —en particular con los BRICS ampliados— abre oportunidades concretas: financiamiento para infraestructura estratégica, cooperación energética, integración logística, comercio en monedas locales y participación en cadenas de valor no subordinadas. Para que esa opción sea efectiva, la región debe actuar de manera coordinada, con una agenda común y un libro blanco latinoamericano de desarrollo.
El ARTI va en sentido contrario. No amplía opciones: las reduce. No fortalece la soberanía: la condiciona. No impulsa el desarrollo: lo subordina. Más que un acuerdo comercial, es un estatuto de época, que vuelve a colocar a la Argentina bajo tutela en un mundo que, paradójicamente, ofrece hoy más alternativas que nunca.
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