Las cárceles de Israel inician preparativos para aplicar la pena de muerte a los palestinos

El Servicio Penitenciario de Israel comenzó a preparar la implementación de la pena de muerte para presos palestinos, según informaron medios israelíes. Esta medida se da antes de la aprobación de la ley que busca castigar con la máxima pena a quienes hayan participado en ataques terroristas. Sin embargo, esta legislación no contempla a los israelíes judíos que cometan asesinatos en circunstancias similares contra palestinos.

Para esto, se está construyendo una instalación especial conocida como la "Green Mile de Israel", destinada a llevar a cabo las ejecuciones. Además, ya arrancaron los entrenamientos y los preparativos para establecer los procedimientos correspondientes. Se espera que una delegación del Servicio Penitenciario viaje a un país del este asiático para estudiar el marco legal y regulatorio que permita aplicar la pena capital de forma efectiva.

Esta iniciativa tiene su origen en la aprobación en primera lectura del proyecto de ley sobre la pena de muerte en la Knesset el año pasado, donde 39 diputados votaron a favor y 16 en contra. Para que la ley entre en vigor, debe superar dos lecturas más. Según el texto, las ejecuciones se realizarán por ahorcamiento, con tres guardias accionando simultáneamente el mecanismo. Los equipos encargados de estas tareas estarán compuestos exclusivamente por voluntarios especializados y las sentencias se ejecutarán dentro de los 90 días posteriores al fallo definitivo.

Actualmente, la legislación israelí permite la pena de muerte en casos puntuales, aunque no se aplica desde la ejecución del oficial nazi Adolf Eichmann en 1962, juzgado por su papel en el Holocausto. Por eso, la posible reactivación de esta medida generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos.

Estas agrupaciones denuncian que Israel mantiene un alto número de detenciones arbitrarias de palestinos bajo cargos vagos de terrorismo y alertan sobre un aumento de reportes de torturas y muertes en prisión desde el comienzo de la ofensiva en Gaza. Desde que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, asumió en 2023, se registró un "récord histórico" de 110 palestinos fallecidos en cárceles, aunque grupos palestinos estiman que la cifra real es aún mayor.

La semana pasada, un grupo de expertos de la ONU pidió a Israel que retire el proyecto de ley, advirtiendo que “las sentencias de muerte obligatorias son contrarias al derecho a la vida”. Subrayaron que, al eliminar la discrecionalidad judicial y fiscal, la norma impide considerar circunstancias individuales o atenuantes y la imposición de penas proporcionales al delito.

Por su parte, organizaciones que defienden los derechos de los presos palestinos, como la Comisión de Detenidos y Exdetenidos y el Club de Presos Palestinos, calificaron la propuesta como un “acto de salvajismo sin precedentes”. Acusaron a Israel de intentar legalizar la muerte sistemática de prisioneros y aseguraron que “su aprobación no sorprende ante el nivel inéditamente brutal que practica el sistema de ocupación”.

Las críticas al proyecto en Israel

Los expertos legales y de seguridad que participaron en las deliberaciones legislativas en el Comité de Seguridad Nacional del Knesset, donde el diputado de Otzma Yehudit, Tzvika Foghel, es el presidente, se opusieron el lunes a la redacción y advirtieron que algunas de sus cláusulas eran inconstitucionales y que las secciones "tendrían serias implicaciones internacionales". 

Los únicos que no expresaron oposición a la ley fueron un funcionario del Servicio Penitenciario de Israel y David Bavli, asesor del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Foghel sostuvo que la redacción sería la última antes de que el comité comenzara a escuchar las reservas a la ley antes de que sea enviada para una segunda y tercera votación en el pleno del Knesset.

Yuval Zilber, de la oficina jurídica del Ministerio de Defensa, mencionó complicaciones en la sección de la ley que otorga facultades adicionales al ministro de Defensa. Señaló que la postura del ministro de Israel Katz al respecto aún no se había formulado.

Nechama Pearl, abogada del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que el comité legislativo ministerial había determinado que las palabras "sólo pena de muerte" se omitirían de la ley, para que los jueces pudieran sentenciar a ciudadanos israelíes a cadena perpetua a su discreción.

Lilach Wagner, funcionaria del Ministerio de Justicia, remarcó que el proyecto de ley no cumplía con los estándares constitucionales. Señaló que incluso los propios funcionarios de seguridad "adoptaron una actitud cautelosa respecto a si el proyecto de ley cumplía con su propósito principal declarado, a pesar de que es evidente que la propuesta tiene importantes implicaciones internacionales".

Por su parte, el teniente coronel Eliran Ben Eliezer, funcionario del Ministerio de Defensa, declaró a los legisladores que la prohibición de mitigar el castigo de los palestinos de Cisjordania violaba una cláusula de la Convención de Ginebra. 

Ben Eliezer agregó que el hecho de que la prohibición de conmutar penas se aplique únicamente a los palestinos de Cisjordania, y no a los ciudadanos o residentes del territorio israelí, "también podría plantear dificultades en el contexto de una perspectiva internacional de la propuesta".

La ley estipula que, en el caso de ciudadanos israelíes, el primer ministro podrá solicitar al tribunal la suspensión de la ejecución de la sentencia por un máximo de 180 días. Sin embargo, el primer ministro no estará autorizado a mitigar ni conmutar la pena de un palestino ni a indultarlo.