El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó esta semana la emergencia económica por 30 días en el país después de que el Congreso le rechazara por segunda vez en el año su proyecto de reforma tributaria, que tenía por objetivo recaudar alrededor de 16,3 billones de pesos colombianos para financiar el presupuesto nacional de 2026, que sí fue aprobado por el Congreso. Ahora el Ejecutivo contará con ese plazo para emitir decretos de ley que le garanticen llegar a ese objetivo.
Petro está a meses de terminar su mandato y enfrenta un momento difícil. Con una economía creciente, que los analistas esperan que habilite una suba del PBI de entre 2,6 y 2,7% hacia el final de este año, el déficit fiscal también subió 2,5% y creen que el indicador cerrará en un 7% en diciembre. En ese marco, el Gobierno impulsó una primera reforma tributaria a principios de este año, que pretendía recaudar alrededor de 12 billones de pesos colombianos y fue rechazada por el Congreso. Finalmente volvieron a la carga con una nueva propuesta que superaba ese monto, la cual fue enterrada el lunes por el Senado. La contradicción radica en que el Parlamento dio luz verde a la ley de presupuesto, la cual resulta insostenible al no aprobarse la reforma tributaria.
"Acabamos de hundir la reforma tributaria del gobierno de Petro. Le cumplimos al país, pero sobre todo le blindamos el bolsillo a los colombianos", declaró en un video publicado en su cuenta de X el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, que votó en contra del proyecto de ley del oficialismo.
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De acuerdo al decreto que firmó el presidente Petro, hoy Colombia se encuentra ante una "inminente crisis fiscal" que podría derivar en "un ajuste drástico" en las finanzas públicas y afectar gravemente el "bienestar de la población". "El Gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte", agregó el mandatario en su cuenta personal de X.
Qué dice el decreto de Petro: las razones para declarar la emergencia
El Decreto N° 1390 firmado el lunes por Petro expone las ocho causas que, según el Gobierno, llevaron a la declaración de la emergencia económica. Describe un escenario de "fuertes tensiones fiscales" que no podrían resolverse con las herramientas habituales del presupuesto. Entre los factores centrales aparece el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, una de las erogaciones más pesadas del gasto público, junto con el deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, que obligan a reforzar partidas en seguridad y defensa. A esto se suman los efectos de la ola invernal, con emergencias humanitarias que demandarían asistencia urgente y mayores costos operativos.
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El decreto también señala el peso de los subsidios a la energía, especialmente en las regiones más vulnerables, y una serie de compromisos financieros que presionan sobre las cuentas del Estado. Entre ellos figuran deudas judiciales pendientes por 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales vencidas por 5,1 billones y deudas con víctimas del conflicto armado por otros 1,6 billones. A ese cuadro se agregan las restricciones para tomar deuda, impuestas por la regla fiscal, y las limitaciones de caja de la Tesorería, que afectan el flujo normal de pagos.
Con la emergencia en vigor, el Ejecutivo queda habilitado a dictar decretos legislativos para "conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos". Si bien el texto no precisa qué medidas tributarias se implementarán, sí fija lineamientos generales: priorizar impuestos directos e indirectos sobre personas y empresas con mayor capacidad contributiva, y avanzar en tributos orientados a corregir externalidades negativas vinculadas al ambiente y la salud pública.
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