El ejército de Israel ordenó demoler este miércoles una parte importante del campamento de refugiados de Nur Shams, en la localidad palestina de Tulkarm, en el norte de la ocupada Cisjordania, y movilizó excavadoras que destruyeron más de 25 edificios y desplazaron a 11.500 palestinos. Miles de familias denunciaron que apenas tuvieron dos semanas de aviso y que se les permitió regresar por poco tiempo a recuperar algunas de sus pertenencias. Sólo se pudieron llevar algunas.
Se trata de la segunda avanzada masiva israelí en el territorio ocupado en 2025. La primera fue en enero y terminó con 40.000 palestinos con sus casas destruidas, el peor desplazamiento forzado desde la guerra de 1967.
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En paralelo, la crisis humanitaria en Gaza no para de empeorar. Esta semana, el gobierno del premier israelí Benjamín Netanyahu anunció que ilegalizará a más de 20 organizaciones no gubernamentales que brindaban ayuda humanitaria ese devastado territorio palestino. Países de la comunidad internacional como Gran Bretaña, Canadá y Francia ya habían denunciado que la situación había "empeorado gravemente" y le habían exigido a Israel en un comunicado que tome medidas "urgentes" para revertir la situación.
Lejos de reconocer la gravedad de la situación humanitaria y su responsabilidad, Netanyahu se mantuvo firme. En paralelo, sus fuerzas armadas avanzaban en su ofensiva contra Cisjordania también, amparadas por los tres poderes del Estado israelí. A las órdenes del Gobierno y las leyes del legislativo se sumó la decisión del Tribunal Supremo que rechazó la apelación de los habitantes del campo de refugiado de Nur Shams, en Cisjordania, para frenar una nueva demolición masiva de casas. Según la corte, pudo analizar material clasificado de la inteligencia militar que "habilitaba" a tomar la decisión. Esa documentación, como es habitual, no fue presentada ni a los palestinos ni tampoco a sus abogados.
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Ibrahim al-Nimr, miembro del Comité de Emergencia del campamento de Nur Shams, habló con la agencia británica Middle East Eye y explicó que casi el 60% de las casas del campamento -unas 400 unidades residenciales- fueron quemadas o destruidas total o parcialmente, dejando a 11.500 residentes desplazados y sin vivienda permanente. "Incluso las casas en las afueras del campamento fueron demolidas, pese a estar a más de 50 metros de la ruta del ejército", agregó.
El miembro del comité denunció además una "clara falta de apoyo" de parte de Naciones Unidas, de la Autoridad Palestina y del Departamento de Asuntos de Refugiados. "A la gente le han dado migajas. No hay un impulso serio para que los residentes regresen. Y aunque el ejército se retire, nadie podrá reconstruir la zona. Vivimos sin perspectivas ni esperanzas", sostuvo.
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La demolición ejecutada este miércoles es la segunda gran ofensiva de Israel sobre el norte de Cisjordania de este año. La primera fue en enero, cuando las tropas israelíes lanzaron un ataque a gran escala que afectó a las regiones de Tulkarem, Tubas y Jenin. En esa operación fueron desplazados de sus hogares más de 40.000 personas, la mayor ola de desplazamiento de palestinos en la zona desde 1967, año en el que Israel ganó la segunda guerra regional y pasó a ocupar los territorios palestinos. Este año, los residentes hicieron varias protestas para reclamar el cese de las demoliciones, pero nada surtió efecto.
El gobernador de Tulkarem, Abdullah Kmail, aseguró que las demoliciones ordenadas por Israel son "parte de una campaña sistemática para vaciar los campos de refugiados", con el objetivo de reducirlos a "escombros". Catalogó a la avanzada israelí como "un castigo colectivo" contra su pueblo y denunció que con esto Israel "viola el derecho internacional y las convenciones de derechos humanos".
"Nos mudamos de un lugar a otro, alquilando habitaciones apenas habitables. Incluso después de casi un año, no tenemos estabilidad", denunció uno de los residentes del campamento de refugiados de Tulkarem. "Estamos todos desempleados. Es una pesadilla. Hoy nos despertamos con una pesadilla", concluyó.
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