El Gobierno nacional imputó a siete empresas de medicina privada, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y al empresario Claudio Belocopitt por presunta cartelización. Por el momento no se sabe qué pasará con los afiliados, se esperan definiciones del Gobierno Nacional. Las prepagas involucradas son Galeno, Swiss Medical, Hospital Británico, Medifé, Omint, Hospital Alemán y Osde.
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, "la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) decidió imputar a estas empresas, a la confederación que las representa y a su presidente, al encontrar múltiples indicios de un acuerdo colusivo". El comunicado detalla que esta supuesta cartelización se reflejó en "el incremento coordinado de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales ofrecidos por estas compañías entre diciembre de 2023 y abril de 2024".
Vale recordar que las empresas aumentaron hasta 4,9% los servicios que brindan a sus afiliados y en lo que va del año con la desregulación del sector, el incremento acumulado supera el 120%.
Por qué el Gobierno imputó a las prepagas
La imputación surge en el marco de una investigación por "presuntas conductas anticompetitivas", iniciada a mediados de enero de este año tras una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por presunta cartelización. Según la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, este tipo de prácticas, que incluyen acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, son consideradas "absolutamente restrictivas de la competencia".
Durante su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la resolución explicando que las empresas involucradas cuentan con 20 días hábiles para presentar su descargo y aportar pruebas en su defensa. Además, señaló que, de confirmarse la infracción, el Gobierno podría imponer multas de hasta el 30% del volumen de negocios de las firmas o el doble del beneficio ilícito obtenido.
El texto de la imputación establece que la CNDC fijará un plazo, no superior a 90 días hábiles, para la producción de las pruebas permitidas, con la posibilidad de extender este período por otros 90 días hábiles. Al finalizar este proceso, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Por otro lado, se recordó que en abril de este año la Secretaría de Industria y Comercio intervino mediante una medida de tutela anticipada, obligando a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre. También se les ordenó cesar cualquier intercambio de información relacionado con precios, servicios, costos o cualquier aspecto comercial, ya fuera en reuniones de la Unión Argentina de Salud (UAS) o en otros ámbitos.
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