El ajuste en el FISU profundizó la precariedad de los barrios más pobres

El recorte al financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) del Gobierno de Javier Milei profundizó la precariedad de los barrios pobres. La consecuencia puso en riesgo a cerca de 25.000 empleos y privó a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad.

Según detalló un informe de la fundación Techo, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024 "traza un panorama crítico de no ser revertido". Por primera vez desde su creación, el FISU sufrió un recorte significativo. Mediante el Decreto 193/2024, el Gobierno redujo los fondos provenientes del Impuesto País del 30% al 0,3%, afectando directamente a los 6.467 barrios populares.

Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido "pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID", consignó el informe. Su desfinanciamiento "paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad", remarcó el documento. Además, este "vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social", añadió.

"Estas obras no solo promovían mejoras materiales, sino también generaban empleo local y fortalecían el tejido comunitario. Su interrupción retrasa los avances necesarios para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares", soslayó el texto. En Argentina existen 6.467 barrios populares donde habitan un millón de familias sin acceso a servicios básicos como agua potable, gas y cloacas. Además, el 70% de estos barrios está cerca de factores de riesgo ambiental como basurales o cuerpos de agua contaminados, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Tres de cada cuatro familias pobres reducen porciones o eliminan comidas

El 76,5% de las familias pobres reducen porciones o no comen por falta de recursos, de acuerdo a un informe del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci). El dato surge de un relevamiento realizado a través del Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN) en 14 provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde se relevaron 17.883 niños, niñas y adolescentes (nnya) de 0 a 17 años. El 40,5% de este universo atraviesa situaciones de malnutrición.  

Uno de los modos habituales que las jefas de hogar utilizan para paliar y/o “disimular” la carencia de recursos para adquirir los alimentos indispensables es la reducción de las porciones habituales en cada comida. Fue así que en el 72% se verificó esta situación.

Respecto a los alimentos consumidos durante el último mes, el 73,3% de las personas entrevistadas manifestó que, en este período, la familia tuvo que privarse de comer uno o varios de estos productos, por falta de los ingresos necesarios: carnes, verduras, frutas, lácteos, cereales, o legumbres.