La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene una hipótesis de guerra en la cabeza. ¿Su enemigo? Cualquiera que se oponga a las decisiones emanadas del Poder Ejecutivo. La funciona utiliza como manual doctrinario un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado en 2004, en el que se definieron las “nuevas amenazas terroristas” que podrían poner en jaque el desarrollo económico de “Occidente”.
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Durante su paso por la gestión de Mauricio Macri, este documento le sirvió para crear todo un sistema de persecución hacia las comunidades de pueblos originarias con la invención de la RAM. El texto norteamericano hablaba de las amenazas del indigenismo en Latinoamérica y desde allí creo todo un sistema de espionaje, incluso en colaboración con las áreas de inteligencia de los carabineros chilenos, para perseguir a las comunidades y congraciarse con los empresarios patagónicos.
En su nueva etapa como ministra de la administración de Javier Milei, redoblará su apuesta represiva al militarizar todas las zonas donde operen las principales empresas mineras del país, sobre todo las vinculadas al litio, y las petroleras extranjeras enclavadas en Vaca Muerta. Así quedó determinado en la Resolución 499/2004, a partir de la cual se creó la “Unidad de Seguridad Productiva” destinada a proteger a las empresas que se acogerán al Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI).
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“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, puede leerse en la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial el 13 de junio, al día siguiente de la feroz represión en las inmediaciones del Congreso.
“Se tomó la decisión de implementar esta política luego de la aprobación de la Ley de Bases”, manifestó Bullrich durante la conferencia de prensa en la que presentó la nueva unidad de acción coordina de las fuerzas federales.
El Gobierno nacional va por la militarización absoluta de todas las zonas productivas del país con el objetivo de impedir posibles medidas de protesta (en zonas mineras, por ejemplo) o cualquier otra oposición que surja en las comunidades que se sientan afectadas.
La embajada dicta
La hipótesis de guerra que maneja Bullrich se entrelaza con una suerte de nueva doctrina de seguridad nacional, diagramada desde los Estados Unidos. “La Argentina es un país clave para asegurar la estabilidad en la región”, manifestaba Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, durante su disertación en el evento anual de la cámara que nuclea los intereses de las empresas norteamericanas en Argentina (AmCham).
El Gobierno norteamericano mira con interés todo lo vinculado con las llamadas energías limpias (el litio), infraestructura, tecnologías digitales, minería y minerales críticos. Así lo detalló el propio Stanley. “El sector privado tiene que dejarle en claro al gobierno cuáles deben ser las políticas para su desarrollo”. Stanley no se andaba con eufemismos. El texto sobre el Régimen a las Grandes Inversiones fue dictado por el sector privado.
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La embajada marca las directrices, y el Gobierno de La Libertad Avanza ejecuta. Para Estados Unidos, todo lo vinculado al litio es una cuestión de seguridad nacional. Bullrich no se quedó atrás y diseñó un esquema de militarización con el envío de fuerzas federales hacia las zonas mineras, hidrocarburíferas y portuarias del país.
Cuidarles el rancho
“Argentina necesita seguridad jurídica, seguridad para que la inversión, objetivo muy claro de nuestro gobierno, pueda salir adelante y lograr un cambio paradigmático de un país que no crecía a un país que crece”, sostuvo Bullrich durante una conferencia de prensa en la que presentó la Unidad de Seguridad Productiva, instancia orgánica que quedó bajo la coordinación de Martín Culatto.
Bullrich planteó tres ejes de militarización. Por un lado, todo lo vinculado a las inversiones que se enmarquen en el RIGI, especialmente la minería; luego, la región petrolera y gasífera de Vaca Muerta; y tercero, la salida portuaria hacia el pacífico que podrían utilizar las mineras extranjeras para sacar la producción local.
“Estamos planificando una serie de acciones para ser preventivos en las tareas que se van a llevar adelante en las áreas más importante de la producción en nuestro país. Para eso estamos pensando un apoyo específico para las áreas de capital, que de acuerdo al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), tienen un tiempo de maduración y de obra: civil, primero y luego su explotación”, sostuvo Bullrich.
La ministra adelantó que enviarán agentes de la Gendarmería, especialmente a la localidad de San Antonio de los Cobres (ciudad cabecera del departamento de Los Andes, Salta), el punto nodal del triángulo del litio.
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La ministra también reconoció que se les ofrecerá una seguridad especial a las empresas que poseen “pistas de aterrizaje propias”. La funcionaria reconoció que estas pistas formarían parte de la logística de las empresas que operan, por ejemplo, en Vaca Muerta. ¿El Estado controla quién aterriza y sale de esos lugares? “Estamos pensando en cuidar toda la zona minera del país con sistemas electrónicos y llegando a todas las empresas, muchas de ellas cuentan con aviones y pistas de aterrizaje como parte de su logística”, relató Bullrich. La funcionaria adelantó que enviarán otro convoy de Gendarmería hacia Añelo.
El tercer punto tiene que ver con garantizar la salida de los productos mineros por el Pacífico, “ya que a muchas les significará un abaratamiento muy importante de costos”, resaltó la funcionaria. “Nuestra tarea será tener una seguridad en esa ruta y enviar a todos los agentes de las agencias principales, como GNA y Aduana, para lograr una mayor fluidez de la salida de productos mineros”, concluyó.
La doctrina de seguridad nacional que manejan Bullrich–Milei ya definió enemigo –cualquiera que se oponga a las decisiones del Poder Ejecutivo– y trazó una línea de acción represiva para cuidar los activos de las empresas que serán beneficiadas por la Ley de Bases.
“La selección de los sectores o empresas individuales que podrán ocasionalmente recibir la atención de la UNIDAD DE SEGURIDAD PRODUCTIVA será una decisión que quedará exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del PODER EJECUTIVO, en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”, puede leerse en la resolución 499/2024, publicada el pasado 13 de junio.
No toquen la comida
El plan represivo del Gobierno nacional también cuenta con una posible hipótesis de conflicto social como consecuencia de las políticas de hambre ejecutadas desde la administración central. En la misma conferencia de prensa donde se anunció la militarización de Vaca Muerta y el triángulo del litio, Bullrich sostuvo que no se les permitirá a los supermercados la “entrega de alimentos”.
“No permitimos que de ninguna manera un supermercado entregue alimentos porque eso genera un efecto de desorden. Se prevé, en caso de que existan, organizar con los municipios esas acciones, pero si comienza el desorden con reparto de alimentos, se desordena todo. Habrá un contacto en red con todos los jefes de seguridad de los supermercados del país con el objetivo de protegerlos de aprietes”, sostuvo la ministra de Seguridad.
¿Bullrich vaticina (o quizás lo promueva) el incremento de la conflictividad social en las calles?
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