La farsa del IPC de Milei

El escándalo del INDEC de Milei no es sólo un tema de metodología en la elaboración de estadísticas; es, eminentemente, una cuestión política. Las cifras reales de la inflación y, por lo tanto, del resto de las variables socioeconómicas más importantes, mostrarían la farsa de la estabilidad del programa económico de Milei.

Si el índice de precios no refleja la canasta efectiva de consumo, todo lo que se mide o se ajusta con ese indicador queda distorsionado. El relato de la “estabilidad” se apoya, entonces, en una ficción estadística con consecuencias materiales.

El IPC oficial se basa en ponderadores de una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004. Hace 22 años la pauta de consumo de la sociedad era otra: la actual carga del alquiler, del transporte, de las telecomunicaciones y, sobre todo, de las tarifas de servicios públicos no tienen nada que ver con la estructura de gastos de entonces. Para una parte importante de la población, el alquiler y los servicios se llevan una porción decisiva del ingreso disponible, pero el IPC vigente los pondera como si fueran rubros secundarios. Por eso, cuando suben tarifas y servicios, el índice no refleja lo que perciben los hogares: subestima el aumento del costo de vida en los rubros que hoy más presionan el presupuesto familiar.

Ocultar los tarifazos

El INDEC tiene desde hace años la actualización del IPC lista para publicar con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018. Si la hubiera aplicado el gobierno de Alberto Fernández, se puede estimar que la tasa de inflación habría sido menor, puesto que las tarifas estuvieron “pisadas”. El motivo de aquella postergación se desconoce. En cambio, hoy la razón es política: con la megadevaluación y el tarifazo del inicio del gobierno de Milei, el IPC actualizado habría mostrado una inflación acumulada más elevada.

Consultoras estimaron que la diferencia acumulada podía ubicarse entre 15 y 30 puntos porcentuales, y un cálculo reciente de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, la cuantificó en 16,2 puntos. En 2025 la brecha fue menor porque las tarifas se “pisaron” por el año electoral, pero 2026 arranca con aumentos extraordinarios. Pese a anuncios oficiales y compromisos con el FMI, el cambio volvió a postergarse.

Todo es una ficción libertaria

La subestimación del IPC opera como una licuadora silenciosa. El salario real cae más de lo que muestran las series ajustadas por ese índice. La jubilación, todavía más. La pobreza y la indigencia bajaron menos de lo que se proclama. Y los programas sociales que se actualizan por inflación —como la AUH— aumentan menos en términos reales que lo anunciado. También se distorsionan variables atadas al CER, como títulos públicos, alquileres y créditos hipotecarios UVA. Se altera la medición de ingresos, pobreza y contratos.

Este punto es decisivo. La intervención en el INDEC en estos dos años forma parte de la estrategia política de escribir el relato socioeconómico libertario. Cuando el IPC marca menos, el ajuste aparece “tolerable” en los gráficos, aunque se vuelva insoportable en la vida cotidiana.

Existe un motivo adicional de esta intervención, y es fiscal. Más de la mitad del gasto público es en el rubro Seguridad Social: jubilaciones y asignaciones indexadas por inflación. Si el IPC actualizado marca más, suben automáticamente esas erogaciones. Con una recaudación que se debilita cuando el consumo se estanca (y cae el IVA), el equilibrio fiscal se vuelve frágil: más inflación implica más gasto indexado y más necesidad de financiamiento o más recorte en otras partidas. Se derrumba, además, el dibujo del Presupuesto 2026, armado con la fantasía de una inflación anual de 10,1%. Con el IPC real, el superávit se achica o desaparece.

Con la habitual indignación selectiva de la derecha política y mediática, la intervención de la dupla Milei-Caputo en el INDEC apenas queda inscripta en la categoría “polémica”. Sin embargo, la grosera subestimación de la tasa de inflación en dos años de gobierno liberal-libertario está al servicio de convalidar una estabilidad irreal. Además de ocultar una caída aún mayor de los ingresos reales de trabajadores y jubilados, permite sostener la ficción del equilibrio fiscal. 

Como se explicó arriba, las prestaciones de la Seguridad Social (jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, entre otras) se ajustan por inflación. Un Índice de Precios al Consumidor más bajo —por decisión política, debido a que desde hace dos años está disponible uno nuevo— implica una menor erogación de gasto público. Las cuentas fiscales, entonces, no serían como las que ha estado exhibiendo el Ministerio de Economía: mostrarían déficit o, para evitarlo, deberían haber aplicado un ajuste todavía más draconiano.

La gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia hizo la estimación del “ahorro” de gasto público al desestimar el nuevo IPC basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018. El monto involucrado asciende a 5 billones de pesos (casi 0,5% del PIB) por menores aumentos de jubilaciones, AUH, pensiones y pagos por títulos capitalizables por CER (inflación).

El último reporte de la consultora Vectorial, de Eduardo Hecker, también destacó la cuestión fiscal en la intervención en el INDEC de Milei. Señala que existe una “ventaja” detrás de la no actualización del índice: el ajuste del gasto público implementado desde 2024 se concentró en partidas de alta discrecionalidad —inversión pública, subsidios económicos y otras transferencias—, mientras que el núcleo del gasto continúa dominado por componentes indexados a la inflación, en particular jubilaciones y pensiones. Este segmento pasó de representar el 34,9% del gasto total en diciembre de 2023 al 53,3% en diciembre de 2025, convirtiéndose en el principal componente del gasto público nacional. Desde junio de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente por inflación mediante decreto presidencial.

“Una inflación subestimada no sólo erosiona el poder adquisitivo de los haberes previsionales, sino que también otorga un alivio fiscal al Gobierno: mientras los ingresos no se indexan automáticamente, el principal gasto sí lo hace, pero sobre una base inflacionaria artificialmente más baja”, apunta.

Esto se despliega en un contexto de tensiones en el frente fiscal por la caída en la recaudación. El primer mes del año registró una baja interanual de 7,8% en términos reales. “El ancla fiscal se encuentra mes a mes más debilitada”, advierte Vectorial.

Enero de 2026 es el peor arranque en materia recaudatoria en la última década. “Este es un dato preocupante debido a que la sustentabilidad de la regla fiscal no puede solamente basarse en el disciplinamiento del gasto, sino que también debería encontrar oxígeno en una recaudación que tienda a mejorar, más allá de la premisa del Gobierno de bajar la presión fiscal”, dice. Ese deterioro del frente de ingresos es, esencialmente, el motivo de la medida desesperada de Milei-Caputo de no reemplazar el IPC: el modelo liberal-libertario tiene cada vez menos margen de ajuste.

La destrucción del salario real es todavía más fulminante

El nuevo IPC tiene un piso de 3,0% en enero, de acuerdo a estimaciones de consultoras de la city, e incluso esta cifra es la que le habría adelantado el ahora extitular del INDEC, Marco Lavagna, al ministro de Economía, Luis Caputo. Los primeros cuatro meses del año se ubicarían en ese nivel por los tarifazos previstos y las subas estacionales de precios —en marzo, el comienzo de las clases—. Es un número insoportable en términos políticos, ideológicos y económicos para Milei.

Con esta medición de la inflación, el postulado teórico de Milei acerca de que los aumentos de precios son siempre y en todo lugar un fenómeno monetario por exceso de oferta de dinero quedaría inválido. En el frente político, una de las principales banderas del mileísmo es la reducción de la inflación, activo que quedaría devaluado. Milei quedaría, otra vez, en ridículo con sus proyecciones, puesto que adelantó que en agosto próximo el IPC comenzará con el número cero.

En la cuestión económica, como se explicó arriba, el nuevo IPC también tensionaría el ancla fiscal, hoy —junto a la salarial— una de las más fuertes que le quedan para evitar una mayor aceleración inflacionaria.

El reporte de Vectorial indica que la vuelta atrás en la actualización de la canasta aleja a la estadística de la realidad: el aumento del costo de vida de las familias es diferente que el “dato” de inflación. Así, para estimar la caída del poder adquisitivo, tomar como referencia la nueva canasta tiene más sentido que hacerlo con los números oficiales del INDEC. Informa que “entre enero y noviembre de 2025, último dato de salarios publicado, la capacidad de compra de los trabajadores privados registrados habría caído alrededor de 2,5%, 0,7 puntos porcentuales más que el 1,8% que surge de tomar la estructura de ponderadores de la ENGHo 2004-2005. Más aún, al comparar con noviembre de 2023, la contracción pasa de -1,2% a -7,7% en este universo”.

Esta diferencia permite entender —señalan los economistas de Vectorial— por qué la cantidad de horas trabajadas, el pluriempleo y la irregularidad de la cartera crediticia de las familias están en máximos de los últimos veinte años. El deterioro efectivo del poder de compra en los últimos dos años se parece más al 7,7% de la ENGHo 2017-2018 que al 1,2% de la canasta 2004-2005.

Golpe a la credibilidad del ciclo económico de Milei

La intervención de Milei en el Indec no es sólo una controversia técnica sobre el IPC; es una decisión de poder. Si se mantiene un índice de precios que subestima su evolución, se licúan aún más salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, y se muestran mejoras de fantasía en pobreza e indigencia. Se consolida una narrativa de estabilidad económica cuando no es cierta. 

La dupla Milei-Caputo busca blindar el relato y, sobre todo, contener el gasto indexado por inflación para sostener cuentas fiscales que, con la recaudación cayendo, ya no cierran sin trucos estadísticos o sin un ajuste todavía más brutal.

La economía argentina ya pagó bastante caro el descrédito de sus estadísticas públicas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se rompe el termómetro estadístico (en este caso el IPC), se rompe la confianza social y se rompe cualquier debate riguroso sobre ingresos, tarifas y presupuesto. 

Cuando un escenario económico de estabilidad depende de subestimar la inflación, no es estabilidad; es un espejismo armado por el experimento liberal-libertario para que el costo del ajuste lo paguen —engañados— los sectores vulnerables y la clase media.