El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de extender por apenas seis meses los contratos de empleados públicos mayores de 65 años. Esta medida impide que puedan acceder a una jubilación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y tendrán que ir sí o sí al régimen de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM). Según advirtió el gremialista, la medida afectará a numerosos trabajadores que quedarán sin posibilidad de acceder a los beneficios del sistema previsional, a la que definió como "cruel e inhumana".
"Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento, el Gobierno presiona a los trabajadores para que elijan entre una PUAM o la calle", sostuvo el dirigente sindical. La decisión del Gobierno llega meses después de que también quede sin efecto el plan de moratoria previsional para quienes no lleguen a 30 años de aportes.
Cuánto cobrará un jubilado del Estado que no tenga todos los aportes
Aguiar remarcó que muchos de los empleados alcanzados no reúnen esa cantidad de aportes para jubilarse y que, en consecuencia, solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.
En la actualidad, la jubilación mínima que otorga la ANSES se ubica en actualmente en $419.299,32, si le sumamos el bono de $ 70.000 que fijó el Gobierno y cuyo monto no actualizó desde diciembre 2023. La PUAM, por su parte, está fijada en $279.443, que sumado el bono llega a $349.439,46.
En ese sentido, Aguiar reiteró que "esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse" y afirmó que el Gobierno "presiona a trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle".
El secretario general de ATE consideró además que la resolución oficial constituye "una nueva ola de despidos" que alcanzará a "todos aquellos que están cerca de jubilarse". "Esto no pasó nunca. No existen precedentes. Esta decisión vulnera el derecho constitucional a la previsión social. Tiene que retrotraerse, tiene que ser inmediatamente derogada", alertó.
En la misma línea, agregó que a esta situación se suma "la amenaza latente de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete" y la falta de convocatoria a paritarias, en un contexto de salarios en deterioro. "Es el Gobierno el que sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores y será el responsable de acelerar la conflictividad”, advirtió.
Cómo es la medida de Sturzenegger para los futuros jubilados del Estado
La disposición fue comunicada a través de una nota titulada "Renovaciones contractuales", firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. En el documento se establece que, en los casos en los que se solicite la renovación de contratos y se requiera autorización, deberá incorporarse de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse.
Asimismo, Fariña precisó que, en esos supuestos, la renovación contractual "será autorizada por un plazo máximo de SEIS (6) meses".
Desde ATE señalaron que la medida tampoco prevé la posibilidad de justificar la continuidad del trabajador por razones de criticidad, como ocurre en organismos con dotaciones por debajo del mínimo necesario o cuando se trata del único técnico con la experiencia y los conocimientos requeridos para desempeñar determinadas tareas, entre otras situaciones.
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