A casi 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su mejor amiga Virginia Mercado admitió en las últimas horas que obstruyó a la justicia con mentiras y omisiones clave sobre el caso de la joven que fue torturada y asesinada en San Miguel de Tucumán en febrero de 2006. Ambas eran estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Mercado fue la última persona que vio con vida a Lebbos aquella madrugada antes de ser brutalmente asesinada. La confesión se dio en el marco de un juicio abreviado que contó con la presencia del fiscal, la defensa y el juez Patricio Prado.
La imputada admitió su responsabilidad penal por el delito de encubrimiento agravado, cometido durante su declaración como testigo en el histórico juicio oral por el crimen de 2018. Por consejos de sus defensores Elías Abi Cheble y Eduardo Lópes Garcete, aceptó una condena por haber mentido, omitido información clave y brindado versiones contradictorias con el objetivo de obstaculizar el accionar de la Justicia.
Ahora, Prado deberá decidir si homologa el convenio o lo rechaza, resolución que puede tomar en hasta 10 días hábiles. La imputada podría recibir una pena de hasta tres años de ejecución condicional, dado que admitió su responsabilidad en la causa.
Según informaron medios locales, el convenio fue suscripto este jueves ante la Fiscalía de Cámara Penal de la IIIª Nominación, a cargo de Daniel Marranzino, en el marco del expediente iniciado en 2019 a partir de una orden expresa de la Cámara Penal Sala III. Allí se había dispuesto investigar la conducta de Mercado luego de advertirse que su testimonio durante el debate oral por el crimen de Paulina había estado plagado de inconsistencias, evasivas y afirmaciones falsas sobre hechos centrales de la causa.
Por qué mintió Virginia Mercado
Mercado había declarado como testigo en las audiencias de debate de febrero y diciembre de 2018, bajo juramento de decir verdad. Sin embargo, incurrió en maniobras orientadas a deformar la realidad de lo que sucedió en la madrugada del 26 de febrero de 2006.
Para la acusación, no se trató de simples olvidos por el paso del tiempo, sino de una conducta deliberada destinada a ocultar información indispensable para el esclarecimiento del crimen y la identificación de sus responsables.
Entre las principales contradicciones detectadas en los testimonios de Mercado detectaron la variación en los horarios de salida del departamento que compartía con Paulina, el momento exacto en que ingresaron al boliche Gitana y el lapso que permanecieron allí.
Las contradicciones
También se verificaron versiones opuestas sobre si había visto o no de frente al remisero que las trasladó tras salir del local nocturno, pese a que en declaraciones anteriores había brindado una descripción física detallada del conductor.
Además, el acuerdo enumera inconsistencias relevantes sobre el lugar donde se sentaron en la plazoleta del ex Abasto mientras esperaban el remis, el recorrido del vehículo, la existencia o no de retrovisores y la recepción de mensajes de texto esa noche, tanto en relación con quién los envió como con el momento en que fueron recibidos.
Otra de las contradicciones que se sumó es sobre si aceptaron tragos invitados por terceros en el boliche y sobre la relación que Paulina mantenía con Víctor César Soto, quien será juzgado en pocos días por el crimen.
Para el Ministerio Público Fiscal, la reiteración de respuestas evasivas, la negativa a precisar datos que había brindado con claridad en la etapa de instrucción y la apelación constante al “no recuerdo” constituyeron una maniobra de encubrimiento y no un mero falso testimonio.
¿Qué pasó con Paulina Lebbos?
Paulina Lebbos, de 24 años, era hija del subsecretario provincial de la Juventud, Alberto Lebbos. Había desaparecido el 26 de febrero de 2006 y el 11 de marzo de ese año, su cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta 341, a la altura de Tapia, localidad situada a 30 kilómetros de esta capital, cerca de la ruta nacional 9 y de la villa veraniega Raco.
El 26 tras haber ido a bailar a boliche "Gitana", la víctima se subió a un remise Fiat Duna junto a una amiga, Virginia, quien se bajó a mitad de camino. Se cree que ella siguió hacia la casa de César Soto, la pareja y padre de su única hija. Pero nunca llegó y Alberto hizo la denuncia esa noche.
Casi dos semanas después, dos hermanos encontraron el cuerpo de la mujer al costado de la ruta 341. La policía intervino, pero fueron el primer eslabón de una cadena de complicidades en la pesquisa, ya que se alteraron las actas del procedimiento para informar que el hallazgo lo habían hecho efectivos de la comisaría de la zona a través de un rastrillaje.
Por el caso se realizaron dos juicios y fueron condenados por encubrimiento el exjefe de Policía de Tucumán, Hugo Sánchez, y los exfuncionarios Eduardo Di Lella (exsecretario de Seguridad); Nicolás Barrera (exsubjefe de la fuerza); y Héctor Rubén Brito (extitular de la Unidad Regional Norte).
También detuvieron al exfiscal Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación por el crimen y fue condenado en diciembre del 2021 a seis años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Sin embargo, el fallo tenía una singular aclaración "Tener especial consideración” de que no “comparta espacios comunes” con presos ni estar “en comisaría”. Finalmente, en 2023 lo arrestaron y trasladaron a un penal.
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