A 21 años de la masacre de Cromañón familiares y amigos de las 194 víctimas actualizan su pedido por memoria, verdad y justicia con reclamos al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley de expropiación del boliche. La ley sancionada por el Congreso en 2022 dispone la creación de un espacio de memoria coordinado por las organizaciones y el Estado.
El proceso administrativo se encuentra prácticamente paralizado y los familiares nunca lograron ser recibidos por el Gobierno. “Este no es un Poder Ejecutivo que escuche a los movimientos de DDHH. El secretario del área que acaba de renunciar Baños jamás nos escuchó”, dice a El Destape Silvia Bignani, mamá de Julián fallecido en la trágica noche del 30 de diciembre de 2004.
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“La lucha es por el espacio para la memoria. El proceso está judicializado pero avanza a ritmo de tortuga. Sabemos que además de lo jurídico están las decisiones políticas y no es el mismo ritmo de avance cuando hay un gobierno atrás empujando. No nos parece que el gobierno esté interesado en los derechos humanos de ayer de ahora no del futuro”, completa.
Si bien la expropiación fue sancionada por el poder legislativo y en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández -a siete días de dejar el poder- la ley fue reglamentada, la expropiación aún no se concretó y el boliche sigue en manos del empresario Rafael Levy, el dueño del lugar al momento de la tragedia. Con la llegada de la administración libertaria el trámite se frenó y este año actuó administrativamente al filo del vencimiento del plazo legal de 2 años dispuesto en el texto sancionado en 2022. El predio fue tasado por el tribunal y Levy cuestionó el monto. La Justicia le aclaró que no se le puede dar lugar a tasaciones privadas.
Las agrupaciones señalan que pese a la ley no pueden ingresar, las persianas continúan bajas y el dueño puso un cuidador que vivió en el lugar. Además de preservar el espacio edilicio, el texto sancionado exige que se conserven “los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar”. Los familiares señalan que el interior del lugar fue alterado por el dueño.
De esta manera la lucha de las agrupaciones suma un nuevo capítulo. Primero fue la búsqueda de justicia, luego la destitución de Aníbal Ibarra para desembocar en el pedido de expropiación en la Legislatura porteña que el PRO nunca acompañó. Finalmente encontraron eco en el Congreso Nacional pero ahora sienten la traba de la administración libertaria.
En paralelo, tuvieron que ocuparse de descubrir quién era el verdadero dueño de Cromañón. Al momento de la masacre las miradas se posaron en el gerenciador Omar Chaban que falleció en la cárcel. Sin embargo la justicia no lograba dar con el propietario responsable.
“Chaban era el empresario, lo que nosotros descubrimos es que el empresario era socio del verdadero dueño”, cuenta José Iglesias, padre y abogado de Cromañón. “Empecé a buscarlo por internet. Yo quería llegar a Levy. Resulta que había toda una serie de páginas web de todo el grupo empresarial que tenia Levy. Una empresa de turismo, después administraba el hotel que funcionaba arriba de Cromañón y tenia dos o tres cosas mas. Todo lo tenia en un grupo de paginas y encima había una donde singularmente si uno entraba, hacia dos click y se encontraba con las fotos familiares de Levy, o sea el álbum familiar. Y entre las fotos de lo mas intimo estaba la inauguración de Cromañón. Pero ahí no había una foto, había un video. En la inauguración de Cromañón tocó Callejeros. Y el festival de bengalas fue igual que el 30 de diciembre. Certificamos ese vídeo ante escribano y luego vinieron más condenas”, completa.
Los familiares encontraron así una trama de tres sociedades offshore, la última radicada en Uruguay. Nueva Zareluz SA, a nombre de Levy, quien en 2012 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 a 4 años y medio de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de incendio culposo calificado y responsable de haber provocado con sus acciones y omisiones la muerte de las 194 víctimas. Levy ahora reclama que el Estado le pague más por la exportación del inmueble que se convirtió hace 21 años en una trampa mortal para 194 jóvenes.
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