Plan criminal: las 20 normas que modificó Milei para reprimir el conflicto social

La represión a la marcha de los jubilados fue la más brutal desde 2001. Disparos a discreción, detenciones arbitrarias y casi dos centenares de heridos –entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo, quien pelea por su vida– marcaron un cambio de fase en la estrategia represiva del gobierno de Javier Milei. La feroz avanzada sobre manifestantes, que incluía jubilados y agrupaciones sociales, no fue un exceso aislado, sino la consecuencia de un esquema cuidadosamente planificado para criminalizar la protesta social y garantizar la aplicación de un modelo de ajuste y transferencia de recursos sin resistencia en las calles.

Desde su asunción, el gobierno libertario modificó y gestó una serie de normas para fortalecer el aparato represivo estatal y otorgar mayor impunidad a las fuerzas de seguridad. El informe anual que esta semana presentó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) da cuenta de las principales resoluciones, leyes y protocolos dictados por los ministerios de Seguridad, Defensa y Justicia con el objetivo de restringir derechos y endurecer la represión. Si se incluyen las modificaciones legales todavía en debate, son al menos 25 las normas que el Ejecutivo alteró -en varios casos, con complicidad del Congreso- o pretende modificar para legalizar la violencia de Estado.  

El paquete represivo: leyes y decretos para sofocar la protesta  

La lista de normativa adecuada al plan represivo incluye:

1. Protocolo "antipiquetes": Fue emitido el 15 de diciembre de 2023, a menos de una semana de asumir la presidencia. La norma permite la disolución inmediata de manifestaciones y cortes de calle sin orden judicial. Habilita la detención de manifestantes sin pruebas y responsabiliza a organizaciones y sindicatos por la participación de sus miembros en protestas.  
    
2. Creación del Comando Unificado Urbano: Fusiona la coordinación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria bajo el mando del Ministerio de Seguridad, sin control del Poder Judicial ni de organismos de derechos humanos.
    
3. Línea de denuncias anónimas: Insta a denunciar a organizaciones sociales con consignas como “El que corta, no cobra”, promoviendo la delación y la criminalización de la protesta.  
    
4. Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad: Implementa un software de vigilancia masiva sin control judicial, con el objetivo de rastrear movimientos sociales y opositores. 
    
5. Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito: Permite el monitoreo de redes sociales en busca de discursos “subversivos” y la intervención sobre contenidos considerados peligrosos para el orden público. Como otras medidas dispuestas por el ministerio de Bullrich, la decisión activó lucrativos negocios privados que provocan disputas internas en el gabinete. La denuncia sobre el supuesto tráfico de valijas en un avión privado da cuenta de la magnitud de los contratos en juego: el caso, que provocó un sumario interno en la aduana, involucra a Laura Arrieta, una ex azafata cercana al Círculo de Hierro que rodea al presidente y socia de un ¿ex? espía devenido en trader de pertrechos de seguridad con asiento en Miami y poderoso socio local. La denuncia televisada, por su parte, corrió por cuenta de un histórico sector de la “Inteligencia” vernácula momentáneamente desplazado en los contratos de compra-venta destinados al espionaje. La interna, como es usual, se ventiló a cielo abierto en la previa al año electoral, temporada alta para la contratación de servicios varios.  
    
6.  Protocolo Unificado de Reconocimiento Facial: Habilita el uso de cámaras con inteligencia artificial para identificar manifestantes y generar bases de datos de activistas sin orden judicial.  
    
7. Unidad Especial de Agentes Encubiertos: Introducción de infiltrados en protestas y sindicatos para generar pruebas contra dirigentes y justificar detenciones.  
    
8. Protocolo Antibloqueos: Criminaliza medidas de fuerza en el ámbito laboral, habilitando la intervención de las fuerzas de seguridad en conflictos gremiales.  
    
9. Reglamentación del uso de armas de fuego para fuerzas federales: Reactivación de la doctrina Chocobar, que permite a efectivos disparar sin previo aviso ante cualquier “sospecha razonable” de peligro.  
    
10. Defensa Jurídica Institucional de las Fuerzas de Seguridad: Amplía el acceso de efectivos a abogados estatales en causas judiciales, reduciendo las posibilidades de sanción por abuso policial.  
     
11. Emergencia Penitenciaria y traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad: Convierte las cárceles en centros de castigo sin supervisión judicial, endureciendo condiciones de detención y eliminando programas de reinserción social.  
     
12. Ampliación del uso de pistolas Taser y gases de mayor toxicidad: Incorporación de nuevas armas no letales, como el “gas amarillo”, con mayor capacidad de daño que el gas pimienta tradicional.  
     
13. Sistema antidrones: Bloqueo de dispositivos que puedan registrar operativos represivos desde el aire, limitando la documentación independiente de abusos policiales.  
14. Ley Antimafias: Habilita “zonas sujetas a investigación especial” donde se pueden realizar detenciones preventivas de hasta 15 días sin pruebas concretas.  
     
15. Modificación del Código Penal para ampliar la legítima defensa de las fuerzas de seguridad: Inversión de la carga de prueba en casos de abuso policial, generando que los agentes ya no tengan que justificar el uso de la fuerza letal.  
     
16. Endurecimiento de penas por atentado y resistencia a la autoridad: Aumento de penas mínimas y máximas para delitos frecuentemente utilizados como excusa para detenciones arbitrarias.  
     
17. Extensión de la reincidencia a la "reiterancia": Criminaliza a personas con causas abiertas, incluso sin sentencia, impidiendo su excarcelación.
     
18. Ley de Reiterancia Nacional: Permite negar la excarcelación a cualquier persona que haya participado en más de una protesta considerada “ilegal”, sin necesidad de condena previa.  
     
19. Modificación de la Ley de Defensa Nacional: Habilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, contradiciendo la normativa vigente desde la recuperación democrática.
     
20. Ampliación de la figura de "Instigación al desorden público": Criminaliza la organización de protestas con penas de hasta 6 años de prisión.

En el listado corresponde anotar también las modificaciones legales en curso, algunas de ellas con tratamiento avanzado en el Parlamento. A saber:

21. Supresión de garantías procesales en el estado de sitio: modifica el Código Penal para permitir detenciones sin intervención del Congreso, trasladando la potestad al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial.  

22. Internación forzada de menores de edad en institutos: Permite la detención indefinida de niños y niñas sin necesidad de condena firme.  

23. Ley de Baja de Edad de Punibilidad: Reduce a 13 años la edad mínima para ser imputado penalmente, con penas de hasta 20 años de prisión y reclusión en cárceles comunes.  

24. Ampliación del derecho de admisión en eventos deportivos: Habilita la exclusión de hinchas de clubes que participen en manifestaciones políticas.

25. Modificación del Código Procesal Penal: Permite el uso de pruebas obtenidas de manera ilegal por parte de las fuerzas de seguridad en causas judiciales.  

“Estamos ganando” evaluó luego del desastre la ministra Bullrich en la pantalla amiga de La Nación+. El homenaje a la frase que se acuñó en dictadura no es casualidad. El gobierno de Milei, empezando por el propio presidente, es una continuidad farsesca del programa económico, político y cultural iniciado en el Proceso. Que la remake tenga rasgos patéticos no le quita peligrosidad: el estado crítico del reportero gráfico Pablo Grillo, el terror indeleble que vivieron dos chicos de 14 y 12 años cazados y esposados al salir del colegio, el golpe policial con riesgo de vida que sufrió una jubilada de 81 años y miles de secuelas más dan cuenta del riesgo que representa un gobierno que, en su momento más crítico, decidió profundizar su deriva fascista.