Mientras el país se reponía de la resaca navideña, el Senado convirtió en ley el primer presupuesto del gobierno de Javier Milei. Después de nueve horas de debate, la aprobación llegó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Jefa de bloque sin honores —en todo sentido—, Patricia Bullrich celebró un “presupuesto histórico” y posó para X junto al presidente de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con la leyenda: “¿La calle Déficit? Discúlpame, no la conocemos.”
La jauría libertaria celebró a lo bruto un presupuesto brutal. El ejemplo más meneado: el artículo 30 del capítulo II —aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones— deroga cuatro instrumentos legales que garantizaban pisos presupuestarios para educación, ciencia y tecnología, educación técnico profesional y defensa. Una decisión política que subordina el futuro productivo a la lógica del equilibrio fiscal de corto plazo que exigen los acreedores.
Motosierra al conocimiento
¿Qué dice el artículo 30? Elimina el piso del 6% del PIB destinado a educación. Borra la progresividad de la Ley 27.614 para Ciencia y Tecnología, que establecía una meta del 1% del PIB para 2032. Como señaló el físico Jorge Aliaga, esa ley se cumplió en 2022, 2023 y 2024, pero no en 2025 ni en 2026. Suprime el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (0,2% de los ingresos corrientes) y el Fondo Nacional de la Defensa (0,8%).
No son porcentajes abstractos. Son becas, infraestructura universitaria, desarrollo tecnológico. El gobierno argumenta que derogarlas implica un “sinceramiento presupuestario” por inversiones que no se hicieron. Pero si una ley no se cumple, un Estado de derecho debería exigir su cumplimiento. Lo que el oficialismo sincera, en realidad, es su perspectiva de futuro: la “libertad” avanza hacia un país sin producción de ningún tipo, ni siquiera de conocimiento.
La aprobación del presupuesto tuvo algunos contratiempos. Una semana antes, en Diputados, el oficialismo había perdido el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Diego Santilli se instaló en el despacho de Patricia Bullrich y orquestó la operación para mantener a flote el Capítulo 2, que además del artículo 30, incluía condonaciones a empresas energéticas.
El oficialismo repitió la estrategia de Diputados: para blindar los capítulos de peso específico y simbólico, propuso votar por capítulos en lugar de artículo por artículo. El mecanismo, esta vez, resultó exitoso.
La clave estuvo en quebrar al peronismo. Tres senadores de Convicción Federal —Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés— votaron a favor. El gobierno también activó a mandatarios que controlan sus bancadas: Rolando Figueroa en Neuquén, Gustavo Sáenz en Salta, Osvaldo Jaldo en Tucumán.
El mapa de alianzas permitió armar el rompecabezas libertario. La Libertad Avanza aportó sus 18 senadores. Juntos por el Cambio, con nueve votos, demostró que el PRO es aliado confiable del ajuste. Las chubutenses Andrea Cristina y Edith Terenzi, Luis Juez, Carolina Losada, entre otros, aportaron como “independientes”.
El oficialismo también sumó votos de espacios que se presentan como opositores. Los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal de Misiones votaron con el gobierno. Lo mismo hicieron los dos representantes de Frente Cambia Mendoza y los dos de Eco + Vamos Corrientes. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que en la previa había corcoveado frente a los micrófonos, también respaldaron el ajuste.
Del otro lado, el radicalismo mostró sus fracturas. De diez senadores, solo tres —Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger— se opusieron al artículo 30. Es de esperar que las defecciones tengan efecto en Franja Morada, el histórico semillero radical de las universidades públicas.
Las contradicciones, por cierto, estuvieron a la orden del día. Andrea Cristina y Edith Terenzi, senadoras del PRO por Chubut, avalaron el presupuesto y el artículo 30. Ambas son egresadas de la universidad pública que ahora desfinancian.
Carlos Espínola de Corrientes, Sandra Mendoza de Tucumán y Guillermo Andrada de Catamarca pusieron los intereses de sus gobernadores por encima de cualquier coherencia política.
El caso de Tucumán es paradigmático. Osvaldo Jaldo tiene a la provincia atada a los desembolsos nacionales. Su senadora votó el ajuste sin titubear. Lo mismo ocurrió en Salta con Gustavo Sáenz y en Catamarca con Raúl Jalil. Todos necesitan financiamiento nacional.
También se abstuvieron dos senadoras: Alejandra Vigo de Hacemos por Córdoba y Julieta Corroza de La Neuquindad. Ambas eligieron el gris en un momento que exigía definiciones en blanco y negro.
El festín de los acreedores
El presupuesto 2026 proyecta un dólar a $1.423, inflación del 10% y crecimiento del 5%. También prevé un superávit financiero del 0,3% del PIB. Ese superávit es el trofeo que Luis Caputo exhibirá ante los acreedores. La sanción de la ley lo habilita a refinanciar los vencimientos del 9 de enero.
El oficialismo no ocultó para quién trabaja. Ezequiel Atauche fue explícito: “Los mercados tienen que mirar si hay presupuesto. Esta sanción va a tener buenas noticias en los mercados.” Francisco Paoltroni remachó: “Lo mejor es aprobar la Ley de Presupuesto así como está, y enviar un mensaje fuerte a los mercados.” El horizonte del presupuesto no es el desarrollo nacional: es la confianza de los especuladores.
La aprobación le da a Milei lo que Estados Unidos y el FMI reclamaban: gobernabilidad institucional. Durante meses, Washington observó con preocupación la incapacidad del presidente para consensuar una ley de leyes. Ahora irá a Davos, la escapada de lujo donde el presidente rinde cuentas ante los magnates del mundo, con la cabeza del Senado domado en la mano.
A contramano de su razón de ser, el presupuesto 2026 no es un instrumento de gestión. Es un programa político con destinatarios claros: los acreedores internacionales, el FMI, el gobierno de Estados Unidos que presionaba a Milei para que muestre “normalidad institucional”. Ahora la tiene. Según analistas y lobystas del mercado, Argentina vuelve a ser confiable para los capitales financieros.
El precio: la renuncia al desarrollo soberano.
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