El abogado Fernando Soto, que actúa como mano derecha de la ministra Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad de la Nación, ejerce a la vez como abogado de policías y expolicías acusados de graves delitos. Entre otros, representa al exagente Luis Chocobar y defendió en juicio a tres uniformados condenados a perpetua por el asesinato de Lucas González, un caso emblemático de violencia institucional. En el ejercicio de su profesión, el actual Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad podría incurrir en conflicto de intereses. Ferviente impulsor la ampliación de la “legítima defensa”, por su lugar institucional podría realizar maniobras que compliquen o condicionen las investigaciones de los expedientes en los que es defensor.
En diálogo con el programa Palo y Zanahoria que se emite por el Destape 1070, Soto confirmó el 7 de enero pasado que sigue al frente de la defensa del expolicía Luis Chocobar. “Sí, claro que sí”, dijo ante la consulta de este periodista sobre si aún en la actualidad continuaba como abogado del agente acusado de matar por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, el 8 de diciembre 2017, luego de un robo. El funcionario del ministerio de Seguridad se amparó en la ley 23.187, que regula la abogacía en la Ciudad de Buenos Aires, y sostuvo que “hasta el cargo de director nacional se puede ejercer la profesión”. Ese punto es cierto. Pero si bien no hay incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía en sí podría haber conflicto de intereses por los casos en los que actúa Soto. El punto conflictivo está en quiénes son sus clientes, cómo los obtiene y el rol que tiene en el Estado. Aparece a los dos lados del mostrador.
Una imagen de enero de 2024, en la que aparecen Bullrich, Chocobar y Soto sentados alrededor de una mesa difundiendo que desde el ministerio de Seguridad de la Nación pretenden que se amplíe la figura de “legítima defensa” refleja este choque de intereses: ¿Soto aparece en esa foto como funcionario o como abogado de Chocobar? Podría estar allí por cualquiera de sus dos roles. Estaba presente, según un comunicado que emitió e Ministerio de Seguridad, por ser un alto funcionario de esa cartera.
Según publicó La Nación el 12 de enero del año pasado, en aquel encuentro Bullrich “ratificó su compromiso de adecuar la ley ‘para proteger’ a los policías que actúan debidamente y en cumplimiento del deber”. Casualmente, Soto esgrime al defender a los uniformados acusados en casos de gatillo fácil que sus representados actuaron en legítima defensa. Lo hizo con Chocobar; con tres policías condenados por el asesinato de Lucas Gonzalez, a pesar de que habían baleado a cuatro jóvenes que viajaban en auto y que no habían cometido ningún delito; y con el policía que le disparó al músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier mientras tenía un brote psicótico, por poner solo tres ejemplos en los que actuó Soto.
Ya el 30 de noviembre de 2023, antes de volver a la función pública, Soto escribió en la red social X (exTwitter): “Cuando un Policía ejerce su Legítima Defensa (o la de un tercero) o tiene que usar su arma en Cumplimiento del Deber, ‘pierde’. Le inician un sumario, les reducen el sueldo y los ‘freezan’ en la carrera. Cuando no los meten presos y los condenan a Perpetua”.
Ahora como funcionario impulsa una normativa que beneficie al modelo de clientes que tiene.
Los clientes de Soto
El Destape consultó en los primeros meses de 2024 a la Oficina Anticorrupción (OA) por el listado de clientes de distintos abogados que integran del gobierno de Javier Milei. Entre otros, a través de un pedido de acceso a la información pública, este cronista preguntó por los clientes de Soto luego de que fuera designado como integrante de la Comisión para la reforma del Código Penal. El 13 de mayo del año pasado, la OA respondió a la solicitud. ¿Qué contestó? “No surge de los registros obrantes en esta Dirección que se haya requerido esa información”. Es decir, no había pedido esa nómina, lo que dejó abierta la posibilidad de conflictos de intereses.
Este medio pudo reconstruir algunos casos en los que participa o participó Soto como abogado. Entre ellos, aparecen:
- El asesinato de Lucas González, ocurrido en noviembre de 2021, en el barrio porteño de Barracas.
Durante el juicio, a mediados de 2023, Soto estuvo al frente de la defensa de tres policías de la Ciudad que terminaron condenados a perpetua por el asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado junto a tres amigos. Representó en el debate oral al inspector Gabriel Alejandro Isassi, al oficial mayor Fabián Andrés López y Al oficial Juan José Nieva, todos integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. En su alegato, la actual mano derecha de Patricia Bullrich solicitó que sean absueltos al considerar que “actuaron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”. Para el ahora funcionario “no hubo delito”. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 no compartieron su criterio. Condenaron a esos y más acusados, incluyeron el agravante de "odio racial" y enmarcaron los hechos en un caso de "violencia institucional". Las defensas apelaron el fallo, que en la actualidad se encuentra en la Cámara Nacional de Casación Penal. Soto fue uno de los abogados que intervino en esa apelación en septiembre de 2023.
¿Cómo fue el asesinato? Los policías circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente e interceptaron a Lucas y a sus tres amigos que iban en otro vehículo, en Barracas. Los efectivos se bajaron y les apuntaron. Los jóvenes, asustados, intentaron esquivar la situación al creer que se trataba de un asalto. Tal como se narró en el portal fiscales.gob.ar, “los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital ‘El Cruce’ de Florencio Varela al día siguiente. Tras los disparos, se montó en la zona un operativo que duró hasta entrada la noche y que culminó con la detención de los otros jóvenes que acompañaban a González. En ese marco, y a pesar de que durante la primera modulación que se hizo a las autoridades judiciales se sostuvo que no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas, luego se halló allí una pistola de utilería”. Había sido “plantada”.
El abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón, recuerda el accionar de Soto en ese juicio: “Al doctor Soto lo conocí en el juicio que se llevó a cabo por el asesinato de Lucas González. Nunca en 35 años de profesión vi un abogado que maltrate y revictimice a los sobrevivientes. Preguntaba cómo era una cancha de fútbol a los chicos que declaraban. Los cargaba, los provocaba. Tanto él como su socio Martín Sarubbi fueron maleducados al punto tal que el TOC 25 pidió una sanción para Sarubbi por abandonar la sala de juicio. Algo insólito e inédito”. “Comprendo perfectamente a quienes defienden delincuentes. Pero en la vida o sos policía o sos ladrón, las dos cosas es imposible. Soto aparece con Bullrich y luego aparece defendiendo a policías. Algo no estaría bien. O es delito o es una falta de moral y ética digna de resaltar”, consideró Dalbón. Y concluyó: “Para Soto matar por la espalda es legítima defensa. Con este detalle, dejo al lector sacar sus propias conclusiones. A Lucas le tiraron de frente, oblicuo y de atrás. Fue por atrás que la bala entró y le destruyó la cabeza. A esos asesinos los quiso hacer pasar como legítima defensa. Hoy los tres purgan prisión perpetua”.
- El caso Chocobar.
El 8 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Chocobar mató por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc en el barrio de La Boca luego de que protagonizara un robo. El uniformado dijo que Kukoc lo quiso atacar con un cuchillo pero la prueba demostró que sus disparos fueron mientras el joven intentaba escapar. Apenas sucedió el hecho, el agente recibió el respaldo de Bullrich, que también era ministra de Seguridad de la Nación. Tras una investigación judicial, Chocobar fue procesado y enviado juicio. En 2021 el policía fue condenado a dos años de prisión en suspenso. Lo habían considerado responsable de cometer un homicidio agravado con “un arma de fuego” en “exceso del cumplimiento del deber”. En mayo de 2024, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló aquella condena y ordenó que el juicio se haga de vuelta por fallas en la sentencia. Soto, que sigue con la defensa de Chocobar y dice que no cobra por ello, considera que no debe hacerse el juicio otra vez.
MÁS INFO
- La defensa de una policía de la Federal que mató este año a quien intentó robarle el celular
Soto defiende a Yanina Marotte, la cabo primero de la Policía Federal que baleó y mató a Juan Maciel Vallejos, quien intentó robarle el celular el 6 de marzo de 2024 en Villa Lugano. El funcionario tomó el caso ya estando en el gobierno. Apenas sucedió el hecho, la jueza la imputó a Marotte por “homicidio agravado”. El pasado 30 de diciembre, la uniformada de la Federal fue sobreseída. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que actuó bajo “legítima defensa”.
- La representación legal del policía que le disparó a Chano
La mano derecha de Bullrich también defendió al policía bonaerense Facundo Amendolara, quien le disparó al cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier cuando tuvo un brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz, en julio de 2021. Dijo que actuó en defensa propia. Si bien el agente estuvo imputado por haber provocado lesiones graves –el músico terminó internado-, en octubre de 2022 finalmente fue sobreseído por haber actuado en “legítima defensa”.
- También participó en los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado
Soto estuvo a cargo de la defensa del prefecto Javier Pintos, acusado de asesinar al joven mapuche Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 durante el gobierno de Macri. Fue su abogado en los primeros momentos de la causa. Por ejemplo, lo acompañó en su indagatoria. No llegó al debate oral. Renunció en 2018. Ya era funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación, también entonces a cargo de Bullrich.
A su vez, fue parte en caso de Santiago Maldonado durante la presidencia de Macri. En esta oportunidad actuó en representación del ministerio de Seguridad. Fue el encargado de pedir que se cambie la carátula del caso que estaba como “desaparición forzada” luego de que apareciera el cuerpo de Santiago. La solicitud fue rechazada.
Matías Busso, presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, afirmó a El Destape que “debe considerarse lo de Soto como un conflicto de intereses. Parte de su tiempo se dedica al litigio de causas que tienen una estricta relación con su función, por lo que tiene más influencia que cualquier tipo de abogado”. “No obstante, lo más preocupante es el mensaje de complicidad que lanza el ministerio de Seguridad sobre estos casos que se tratan de graves violaciones a los DDHH por la utilización del armamento reglamentario. Consideramos que el ministerio de Seguridad debería ser más estricto que la Justicia”, añadió.
“Soto en algunas causas intervino desde su lugar institucional como abogado del Ministerio de Seguridad de nación en la anterior gestión Bullrich, que incluso le encomendó la defensa de Chocobar en ese período a pesar que se trata de un Bonaerense que podría haber recurrido, como es habitual también en las provincias, al equipo de abogados del ministerio provincial. En otras, asumió defensas de uniformados a título particular, cosa también frecuente por parte de los abogados vinculados a las fuerzas que aparecen cuando por alguna razón se apartan los profesionales orgánicos”, explicó la abogada María del Carmen Verdú, miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). En esa línea, añadió: “En esos casos suele resultar interesante verificar el origen de los fondos para pagarles, que nunca provienen del imputado o su familia”.
Ante este cuadro de situación un interrogante se hace inevitable: ¿A cuántos policías defiende Soto en la actualidad, mientras es un alto funcionario de Seguridad? La Oficina Anticorrupción podría averiguarlo con exactitud.
Conflicto de intereses a la vista
Exintegrantes de la Oficina Anticorrupción (OA) advirtieron a este medio que Soto podría estar incurriendo en conflicto de intereses. ¿Cuándo existe conflicto de interés? Cuando se produce una confrontación entre el deber público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades.
"Resulta evidente que asumiendo su rol preventivo, la Oficina de Anticorrupción, de mínima, debería hacer un especial seguimiento sobre el rol de Soto como funcionario y abogado defensor en paralelo. Además, resulta contrario a cualquier interpretación sobre la Ética Pública que un funcionario con un rol importante dentro del Ministerio de Seguridad defienda a personas acusadas de delitos graves, como homicidios y abuso sexual. No solo podría estar en una situación de conflicto de intereses u obteniendo un beneficio estrictamente personal derivado del ejercicio de la función pública, sino que constituye una clara afrenta a los derechos de las víctimas afectadas por los hechos cometidos por los que Soto defiende", explicó el abogado especializado en integridad pública Luis Villanueva a El Destape. "Estar en ambos lados del mostrador podría implicar, en este caso, gestionar con jueces o fiscales beneficios para sus defendidos, incluso tendría la oportunidad de obstaculizar el progreso de alguna causa. Sólo debiera o renunciar al cargo o renunciar a tomar estos casos", añadió quien fue subsecretario de la OA entre 2019 y 2023.
Son varias las razones por las que Soto podría incurrir en un conflicto de intereses, según indicaron a este medio exintegrantes de la OA:
- Dado su rol jerárquico puede impulsar reformas desde el gobierno, como la ampliación de la legítima defensa, que benefician a agentes que defiende. La fotografía de enero de 2024 en que se ve a Soto, Chocobar y Bullrich para difundir que el gobierno impulsa la ampliación de la legítima defensa es un claro botón de muestra. Ya que se puede confundir si Soto está allí como abogado o como funcionario.
- Dado su rol jerárquico puede suceder que un juzgado pida información a una fuerza federal, Soto tenga participación como funcionario y a la vez sea parte de esa causa como abogado.
- También podrá darse que obtiene casos a partir de su trabajo en el ministerio de Seguridad.
Impulsor de la ampliación de la legítima defensa
El Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad de la Nación es un ferviente defensor de la ampliación de la legítima defensa. El 15 de abril de 2024, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto legislativo para reformar el Código Penal con el objetivo de introducir la doctrina Chocobar y criminalizar la protesta social. En noviembre pasado, la bancada oficialista y sus aliados lograron aprobar un dictamen de mayoría en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados con las pretensiones sustanciales del gobierno. Soto fue uno de los que festejó la aprobación del mentado dictamen de mayoría en redes sociales. El 19 de noviembre, luego de que se aprobara en la comisión de Legislación el proyecto de “Ley de Reiterancia”, tuiteó: “Y también tenemos dictamen favorable de nuestro proyecto de Ley para ampliar la Legítima Defensa! Ley y Orden!!”.
El dictamen del oficialismo y aliados establece que se considerará legítima defensa a “quien se defendiere durante el desarrollo de una agresión o mientras el atacante se alejare del lugar del hecho, en la medida que el ejercicio de la defensa fuere necesario para repeler una amenaza grave e inminente a la integridad física o sexual propia, o de un tercero”. Esta referencia es la que abre la puerta a la doctrina Chocobar.
Ese tipo de normativas benefician a Soto por partida doble. Es que se encuentra a los dos lados del mostrador.
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