La crisis del transporte público en Corrientes se profundiza con una nueva medida que impacta de lleno en el servicio: el 50% de los colectivos urbanos dejarán de circular fuera de la hora pico, en un contexto ya marcado por suspensiones de choferes, recortes y creciente tensión, sin respuestas por parte del gobernador Juan Pablo Valdés.
La decisión fue adoptada por las principales empresas del sector, entre ellas ERSA y Transporte San Lorenzo, que avanzaron con un esquema de “horario cortado” para reducir costos operativos. En la práctica, esto implica que hasta más de 60 unidades dejarán de circular durante los momentos de menor demanda, concentrando el servicio en las franjas de mayor flujo de pasajeros.
El ajuste modifica de manera significativa la dinámica del transporte urbano. Fuera de los horarios pico, los usuarios se enfrentarán a una menor frecuencia de colectivos, mayores tiempos de espera y una cobertura más limitada. La medida responde, según argumentan las empresas, a la caída de la recaudación y al aumento de los costos, especialmente en combustible.
Sin embargo, el impacto no se limita a los pasajeros. El esquema también reconfigura las condiciones laborales de los choferes, que pasarán a trabajar con turnos divididos, concentrados en horarios pico. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Corrientes señalaron que el acuerdo busca evitar despidos masivos, aunque reconocen que la situación del sector es crítica.
El recorte de unidades llega en un momento particularmente sensible. Días atrás, al menos 23 choferes fueron suspendidos sin goce de haberes por un período de 30 días, en una decisión que generó fuerte rechazo sindical. Las empresas justificaron esa medida en la crisis económica, mientras que el gremio advirtió sobre un posible endurecimiento del conflicto.
El conflicto de transporte en Corrientes
Tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche, la municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.
Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.
"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.
La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio.
Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado. No obstante, desde la gestión municipal de Corrientes fueron tajantes: el incumplimiento de las frecuencias pactadas por contrato derivará en sanciones económicas.
En este escenario, la falta de intervención del gobierno provincial de Juan Pablo Valdés comienza a quedar en el centro de la escena. Sin una estrategia clara para abordar el conflicto, el sistema deriva en ajustes por parte de las empresas y medidas punitivas desde el municipio, con consecuencias directas sobre usuarios y trabajadores.
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