El ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo se negó a informar sobre los ingresos al edificio, datos claves que permiten analizar con quiénes se reúne el ministro y los funcionarios jerárquicos de la cartera económica o sus asesores. En la actualidad, mientras el gobierno hace trascender que pronto cerrará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del que no se sabe nada, lo que puede surgir de los registros podría ser revelador. También se podrían cruzar los movimientos que hubo con el dólar con los ingresos y así posibilitar investigaciones sobre si hubo algún operador con información privilegiada.
Este medio realizó un pedido de Acceso a la información Pública para conocer las entradas y salidas al ministerio de Economía desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, el cual fue rechazado. Se trata de un tipo de pedido que El Destape realizó en diferentes momentos tanto en este gobierno como en otros y ante diversas carteras.
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¿Con qué excusa Economía rechazó la solicitud de este medio? Dijeron que no se brindará la información requerida sobre los ingresos al ministerio porque desde que se fusionaron diferentes áreas de la cartera que conduce Caputo, los registros requeridos pasaron a ser muy voluminosos y hacer la tarea solicitada implicaría un “uso considerable de recursos”. A la par sostuvieron razones de ciberseguridad para rechazar lo pedido por este cronista vía Trámites a Distancia (TAD).
“Respecto de la solicitud, se informa que el sistema de registro de ingresos y egresos en los edificios del Ministerio de Economía genera un promedio de 20.000 registros diarios, incluyendo personal, visitas y proveedores. Obtener la información solicitada implicaría un procesamiento excesivo de datos, dada la magnitud y el volumen involucrado”, respondió Guillermina Salerni, directora de Información Ciudadana y Datos Públicos del Ministerio de Economía, al pedido de Acceso a la Información Pública de El Destape.
Para poder sostener ese argumento, Salerni mencionó que el ministerio de Economía unificó sus competencias con las del ex Ministerio de Infraestructura: “Como parte de esta reestructuración, se incorporaron a su estructura las Secretarías de Transporte, de Obras Públicas y, en ese momento, de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda (SDTHyV)”. “Posteriormente, el Decreto 70/2025 aprobó un nuevo organigrama hasta el nivel de Subsecretaría, suprimiendo la SDTHyV y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas”, añadió. Y en esa línea, afirmó: “La búsqueda, clasificación y organización de estos registros demandaría un uso considerable de recursos, lo que dificulta su entrega conforme a lo requerido”.
Como esa justificación es bastante endeble (otros organismos han respondido a este medio pedidos similares sin inconvenientes) también se esgrimió otra excusa para no brindar la información pública requerida: “En virtud de la Decisión Administrativa 641/2021 sobre ciberseguridad y conforme a la Resolución 99/2021, este Ministerio debe resguardar la seguridad de la información y evitar la remisión de documentación a través de plataformas digitales no oficiales”. Esta afirmación pareciera cuestionar al TAD como mecanismo para cursar este tipo de pedidos, tal como se usó en el último tiempo.
“Además, conforme al artículo 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública, la información solicitada debe proporcionarse en el estado en que se encuentre al momento de la solicitud, sin que ello implique la obligación de procesarla o clasificarla previamente”, añadió Salerni. El pedido realizado por El Destape fue sencillo, simplemente se requirieron los ingresos al ministerio de Economía desde el 10 de diciembre de 2023 a la actualidad, como -se repite- sucedió en otras ocasiones.
Tras negar la información, el ministerio sugirió que desde El Destape se “individualice a las personas sobre las cuales requiere información (empleados o visitantes), proporcionando nombre, apellido y número de Documento Nacional de Identidad” para poder contestar el pedido. Justamente, los ingresos requeridos son para analizar posibles encuentros y reuniones que se desconocen, tal como este medio realizó en otras ocasiones.
A raíz de pedidos de esta naturaleza surgieron investigaciones como las que revelaron encuentros del entonces presidente Mauricio Macri con los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos antes y después de fallar en casos de persecución política. O la saga de notas sobre los encuentros de Patricia Bullrich durante la gestión macrista, que incluyeron reuniones con integrantes de la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio en el ministerio de Seguridad. O, también, las visitas de Federico Sturzenegger y de representantes de grandes estudios de abogados a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la gestión de Milei, lo que expuso su rol protagónico en la confección del Decreto 70/2023 y la Ley Bases.
Ante este escenario, mientras se hace trascender que el gobierno pronto cerrará un acuerdo con el FMI y el dólar no deja de escalar, un interrogante se hace inevitable: ¿Qué quiere ocultar Caputo?
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