Tras haber liberado a 114 manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados frente al Congreso al afirmar que no había delitos, la jueza Karina Andrade dio detalles de las cuatro personas que sí continúan presas. Además, volvió a argumentar su decisión de otorgarles la libertad porque las detenciones se realizaron "sin control" y la información que tenía disponible era "escasa".
"Se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico", dijo Andrade en diálogo con Radio 10. Según la magistrada, la información que tenía sobre los detenidos en el juzgado era "escasa", ya que los únicos detalles eran los que circulaban por medios de comunicación y redes sociales. "A mí lo que me estaban informando eran personas que estaba involucradas en delitos, pero ninguno delitos que hayan incendiado patrulleros o que tengan armas", agregó.
Para la jueza existía un contexto "deficitario" en el que hasta las 22 horas del miércoles tenía sólo informadas 14 detenciones de las casi 150 que se mencionaba en los medios. "Yo pensaba que eso se debía a que otro juez estaba interviniendo. Pero con la presentación de la defensa pasadas, las 22, tomo conocimiento que ningún juez había intervenido. ¿Qué contexto de control tuve yo como juez? Totalmente deficitario", resaltó.
También remarcó que había un "problema de alojamiento de personas detenidas", una situación que no llegó a mencionar en su resolución. "No me estaba siendo informado donde iban a quedar esas personas detenidas”, indicó.
Quiénes siguen detenidos
Pese sus críticas, la jueza destacó la labor de la Fiscalía y detalló que hay tres personas que continúan detenidas por haber portado armas durante la protesta y también el caso de una persona con pedido de captura. "Trabajó muy bien la fiscalía, me informa que había una persona con pedido de captura desde Tucumán y no se le dio la soltura", explicó.
Por otro lado, la magistrada negó su presunta relación con la agrupación La Cámpora. "Jamás, jamás milité en La Cámpora. Tengo afiliacion gremial, en Sitraju, no hay ninguna incompatibilidad", enfatizó.
En ese sentido, agregó: "En mis años de secretaria federal solo estuve en la colectiva de mujeres de trabajadoras de Comodoro Py porque en el fuero federal lo reglamentario es distinto y me apego a ello".
Los detalles de la represión más brutal desde 2001
La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Este viernes se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo.
Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización:
- Dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Entre ellos se encuentran los casos Pablo Grillo, el joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que lucha por su vida; de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
- Tuvo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones -sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.
- Contó con más de mil agentes, que realizaron “miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta” y utilizaron al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CPM.
- Hubo agentes que portaban armas letales. Bullrich habilitó que las fuerzas federales puedan tener portación de ese tipo de armas pero que las lleven a una protesta social implica un riesgo muy alto para los manifestantes.
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