El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza presentarse como querellante en la causa que investiga la represión que desataron las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso contra los jubilados e hinchas el miércoles pasado. Desde la sede de Uspallata le confirmaron a El Destape que "está encaminada" la recusación de la jueza Karina Andrade, quien decidió la liberación de 114 personas detenidas por parte de fuerzas federales y porteñas.
El ministro de Justicia, Gabino Tapia, consideró que la movilización “fue un acto delictivo” y apuntó contra la magistrada. “Vamos a presentarnos como querellantes y obviamente vamos a presentar la recusación de esta jueza”, confirmó Tapia en conversación con radio Rivadavia en la mañana de este sábado.
En comunicación con El Destape, fuentes del Ministerio de Justicia porteño aseguraron que se trata de una “evaluación” y que es un tema que están llevando adelante personalmente el ministro junto con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La intención de Macri es dar una demostración de respaldo a los fiscales para que investiguen y avancen las acusaciones contra quienes protagonicen actos delictivos.
La posición de Tapia es clara –al igual que la de la Nación, como la de Macri-, más allá de las acciones que diga que quiere llevar acabo en la Justicia. Respecto a la movilización que se llevó a cabo, considera que no se trató de una protesta: “Eso no fue una manifestación, fue un acto delictivo coordinado por organizaciones que estaban detrás de esto, que vinieron a la ciudad para romper lo que se encontraban por delante”, sostuvo en más de una ocasión.
Desde esa mirada es que considera que el accionar de la jueza fue errado cuando decidió la liberación de 114 personas, sobre las que tenía datos imprecisos sobre sus condiciones de detención. Tapia, en cambio, considera que todas esas personas fueron detenidas en flagrancia –cometiendo un acto delictivo- por lo que “después del análisis de la prueba” es que la jueza Andrade debía haber esperado para determinar las liberaciones.
El ministro también cuestiona la libertad bajo el argumento de que se trataba de personas que ejercían el derecho constitucional a manifestarse. “La jueza utiliza un argumento más político que de derecho, porque decir que alguien tiene derecho a manifestarse lo dice la Constitución, ahora, no fue una manifestación, fue un acto delictivo”, insistió. En esa línea, sostiene que Andrade no respetó los tiempos procesales y explicó que “la Fiscalía tiene 48 horas desde que se comete la detención para resolver la situación del detenido, quiere decir que puede pedir la detención efectiva, llamarlo a indagatoria, procesarlo, antes de que transcurriera ese plazo, la jueza dispone la liberación”, se quejó.
“No lo comparto y es preocupante. Estamos del lado de la ley y queremos terminar con este famoso garantismo y ‘puerta giratoria’ que tenemos también avalada en el Poder Judicial, un poder independiente que interpreta la norma siempre en favor del que la corrompe", dijo entendiendo que jubilades, niñes, hinchas de fútbol y militantes políticos que estuvieron en la movilización eran todos parte de una “organización delictiva”. También especificó que la Policía de la Ciudad detuvo 94 personas y apoyó el supuesto manifestado por Macri de que “la mayoría tienen graves antecedentes”.
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¿Qué va a hacer la Ciudad?
El Destape supo que Macri y Tapia trabajan codo a codo y que hay un periodo de “evaluación” antes de avanzar con la recusación. El mismo consiste en la revisión de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires para verificar “actos delictivos” tanto en áreas correspondientes a su jurisdicción como a la nacional para aportar a la causa que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inició contra el ex jefe montonero Mario Fimenich; y los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermin, respectivamente.
Ese periodo de evaluación, aseguraron a este medio, también incluye el “análisis de situaciones, contextos, procedimientos internos y relevamiento de pruebas” para decidir sobre la presentación del Ejecutivo porteño en calidad de querellante en la causa. Entienden que “todos los porteños fueron damnificados” con la rotura del mobiliario y de las calles de la Ciudad, dijo Tapia, y en función de que las causas están abiertas más allá de la liberación.
“Es para que no signifique impunidad, para que los fiscales empujen y sigan adelante con la investigación, ir a buscar a los detenidos que tengan delitos, que hayan dañado mobiliario público”, explicaron las fuentes del ministerio de Justicia y pusieron de ejemplo que si la jueza no liberaba inmediatamente a las y los detenidos los fiscales podrían haber aplicado la Ley de Reiterancia, en caso de corresponder.
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Por último, sobre el pedido de investigación contra la jueza que presentaron ante el Consejo de la Magistratura por los legisladores porteños Yamil Santoro y Facundo del Gaiso, ambos aliados del PRO, desde el oficialismo aclararon que no intervendrán. "Seguiremos el proceso, pero ahí no nos vamos a meter", apuntaron.
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