De testaferros a cuentas que no cierran: por qué la Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert y su familia

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso el congelamiento de todos los bienes y activos financieros del exdiputado libertario José Luis Espert en el marco de la causa conocida como “Narcoescándalo” donde se lo investiga por el presunto lavado de activos de una banda narco liderada por Federico "Fred" Machado, quien financió la campaña presidencial del economista en 2019. La medida que dispuso el magistrado por 90 días alcanza también a la esposa de Espert, María Mercedes González, y al hijo de ella Manuel Iglesias, de quien se sospecha que pudo actuar como testaferro. El congelamiento también fue sobre entidades jurídicas vinculadas a Espert como Varianza SA, El Encuentro de Castello SA y un condominio familiar del exlegislador y sus hermanos.

“Se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados, contarían con un esquema patrimonial que resultaría, cuanto menos, difuso, contemplándose numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito, posiblemente relacionada con los hechos bajo análisis”, señaló el juez Mirabelli. “Desde esa perspectiva, las medidas cautelares de índole patrimonial requeridas por el órgano acusador se presentan admisibles”, consideró el magistrado.

Mirabelli tomó la decisión en base a un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien tiene delegada investigación. Domínguez realizó el requerimiento junto a María Fernanda Bergalli, titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, y a María Del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Las pruebas recabadas por los investigadores complican y mucho al dirigente libertario caído en desgracia.

Testaferros y cuentas que no cierran

La causa del Narcoescándalo se inició por una denuncia que realizó el ahora diputado de Unión por la Patria Juan Grabois, quien acusó a Espert de haber recibido e incorporado al sistema financiero “fondos provenientes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, entre otros delitos”. La banda, de acuerdo a la denuncia, sería liderada por el argentino Federico "Fred" Machado, quien fue extraditados a los Estados Unidos, donde justamente se lo investiga por lavado de activos y narcotráfico. Grabois demostró que Espert había cobrado al menos 200 mil dólares de parte de Machado, dinero que el exdiputado no pudo explicar. La investigación del fiscal Domínguez dejó en claro por qué Espert nunca encontró una respuesta precisa y creíble para dar sobre el tema. Todo indica que esos 200 mil dólares (girados en 2020)  fueron solo la punta de un iceberg (verde) mucho mayor. 

El juez, por ejemplo, recordó que en uno de los allanamientos el fiscal Domínguez halló un contrato entre Espert y Machado. El acusado de narco en los EEUU lo firmó como representante de la empresa guatemalteca "Minas del Pueblo". El acuerdo entre ambos fue por un millón de dólares a pagar 100 mil dólares mensuales. Una cifra descabellada por una asesoría que según dijo públicamente Espert nunca concretó. “El hallazgo de dicho documento sustentó la hipótesis inicial delineada por el MPF, ampliando los fondos de procedencia ilícita que el imputado podría haber recibido de las estructuras criminales en cuestión, con el objeto de incorporarlas al mercado económico financiero formal dándoles apariencia de licitud”, señaló el juez.

Pero eso no es todo.

En la resolución en que dispuso el congelamiento de bienes de Espert, el juez Mirabelli citó pasajes de un dictamen contundente de Domínguez, en el que requirió medidas de prueba. El magistrado se hizo eco de la investigación del acusador público y dijo: “Existiría evidencia de un crecimiento patrimonial por parte de José Luis Espert y su familia durante el período investigado ‘que presenta inconsistencias en relación con los ingresos lícitos de los investigados’”. Es que en el marco del período de tiempo que se extendió el contrato de la minera de Machado (que sería un sello de cartón), Espert se compró una casa de 250 metros cuadrados en la localidad de Beccar, en San Isidro, y un auto BMW último modelo (en 2020).

Eso se debe a que “Espert no declaró la cuenta N°40611172 del banco Morgan Stanley en sus DDJJ de los impuestos a las ganancias y bienes personales presentadas ante la ARCA, en el año 2020 ni en los períodos sucesivos, y (a) que ‘tampoco registró ingresos en concepto de haberes de alguna fuente extranjera y/o la emisión de comprobantes como facturas que revelen la existencia de un vínculo comercial y/o laboral que le haya generado un ingreso equivalente a U$S 200.000 en el exterior’".

Los fiscales hicieron hincapié en una serie de irregularidades que aparecerían en las declaraciones juradas de Espert del impuesto sobre los bienes personales. Entre otras, se destacan:

• “La omisión de declarar su participación en la firma Varianza SA” y en un condominio en el año 2019.
   
• Arbitrariedades al momento de declarar la valuación de algunos bienes (en particular su participación en un condominio y en la sociedad Varianza SA, así como también el inmueble de calle Italia 471 de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que se adjudica a la madre de Espert).
   
• “Insuficiencia de los ingresos declarados para justificar las exteriorizaciones reflejadas”.
   
• “La existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido USD 30.000 dólares provenientes de Wellington Capital Markets Ltd., conforme la documentación secuestrada en el allanamiento concretado en el estudio del contador Escobar”.
   
• “La omisión en sus DDJJ de cualquier referencia al contrato suscripto con la entidad guatemalteca ‘Minas del Pueblo’".
   
• “’La existencia de un mecanismo deliberado de alteración de la facturación’ que se evidencia con el secuestro de una serie de correos electrónicos con la contadora Mercedes Armendares en el cual la profesional ‘remite una facturación sugerida’ con el propósito de ‘cubrir sueldos y retiros que hizo Espert para que le cerrara su declaración jurada personal’".
   
• “La operación mediante la cual se diera de baja el rodado dominio AE194K y de alta el AG977AO, ya que ‘si bien parecería que los valores casi se compensan [...] Espert declaró únicamente el 50% de la titularidad del auto y por lo tanto el importe [...] solo corresponde a la mitad del valor del vehículo’, situación que contrasta con la información aportada por el DNRPA de la que surge que el 100% del vehículo resulta de titularidad del imputado”.

La situación de la esposa de Espert, María Mercedes González, no es mucho mejor. “Los integrantes del MPF señalaron que, si bien no presenta DDJJ impositivas desde el año 2022 porque no superaba el mínimo no imponible (en el caso del impuesto sobre los bienes personales) y por cese de actividades (en el caso del impuesto a las ganancias), la nombrada carecería de ingresos formales suficientes para justificar la adquisición de los bienes informados por los organismos registrales hasta la fecha (en particular entre los años 2021 y 2024)”.

A todo esto se suma, que los acusadores públicos “señalaron como posible testaferro del encausado Espert a Manuel Iglesias, hijo de María Mercedes González, argumentando que tiene 23 años de edad y carece de ingresos declarados, aunque resulta titular de un automóvil valuado en $72.970.000”.

Los fiscales también analizaron las entidades “El Encuentro de Castello SA”, de la que Espert participa en un 33%, siendo el resto de sus hermanos; “Varianza SA”, en la que el exdipuado “figura como socio en un 50%, correspondiendo el 50% a su esposa”; y “Killaco SA”, en la que Espert es socio junto a su hermano Gustavo Sergio Espert.

Por todo esto, los fiscales concluyeron:

a) “Que los activos incorporados por Espert en el período analizado no encuentran correspondencia con sus ingresos formales, evidenciando a su vez fluctuaciones no justificadas en las valuaciones declaradas y omisiones en sus DDJJ”;

b) “Que la capacidad económica de González resulta insuficiente para justificar la adquisición de bienes inmuebles y rodados en el período”;

c) “Que Manuel Iglesias, quien no registra ingresos declarados, resultaría ser testaferro de los mencionados;

d) “Que los movimientos financieros de Cicarelli no se condicen con sus ingresos formales”;

e) “Que Varianza SA resulta una estructura inactiva con aportes personales de Espert que no guardan relación con su capacidad económica”;

f) “Que El Encuentro de Castello SA registra un incremento abrupto de activos sin respaldo en operaciones reales o flujos de fondos verificables”.

Por todo eso, los fiscales “argumentaron que existen indicios de que tanto los patrimonios personales de González, Espert e Iglesias, como las sociedades enumeradas (presuntamente utilizadas como vehículos societarios) podrían habrer sido utilizadas para la adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”. Esa es la razón por la que pidieron el congelamiento de bienes de Espert, González e Iglesias.

El juez Mirabelli consideró que el pedido fue correcto, que “satisfacen las condiciones de procedencia en el caso concreto, dado que se encuentran configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”.

Por tal motivo, sostuvo que “las medidas cautelares de índole patrimonial requeridas por el órgano acusador se presentan admisibles”.

El magistrado destacó que aún “no se ha reconstruido la ruta completa de los fondos que habría recibido José Luis Espert de parte de la estructura criminal presuntamente vinculada con Federico Andrés Machado (quien integraría una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, entre otros delitos)” pero “no puede obviarse que la probada (y reconocida) relación entre ambos adquiere un mayor volumen con la incorporación de las constancias vinculadas con el contrato de servicios profesionales que el imputado habría supuestamente suscripto con la entidad guatemalteca Minas del Pueblo SA”.

“Cabe remarcar, una vez más, que dicho acuerdo preveía la entrega total de U$S 1.000.000 en favor de José Luis Espert (U$S 100.000 de los cuales se habría efectuado en el acto), de manera que no puede descartarse la posibilidad de que tales provisiones de fondos de presunto origen espurio se hayan ejecutado en una proporción mayor a aquella transferencia de U$S 200.000 descripta en la denuncia inicial. Además, los elementos reunidos sugieren que dicho contrato podría constituir un instrumento hábil para intentar justificar -por adelantado- entregas de dinero posiblemente canalizadas por distintos medios (además de la transferencia bancaria en la cuenta del Morgan Stanley referenciada desde el inicio)”, añadió el juez federal de San Isidro.

A su vez, Mirabelli destacó que “existen en curso de producción medidas necesarias a los fines de reconstruir la ruta del dinero y determinar la realidad y extensión de los fondos que habrían sido provistos en favor de José Luis Espert por parte de la organización criminal integrada por Federico Andrés Machado, así como también arrojar luz sobre los incrementos patrimoniales protagonizados por el imputado y su entorno familiar, a partir de tales fondos”. Por eso consideró que “en la actualidad, no se avizoran otras medidas idóneas que pudieren resultar menos gravosas para el patrimonio de los afectados, sin perjuicio -cabe reiterar- de lo que pueda surgir con el avance del proceso”.

Y resaltó que “la demora en adoptar cautelas de esta naturaleza podría abrir las puertas a que se utilicen mecanismos capaces de frustrar los fines del proceso o impedir el recupero de activos provenientes de actividades ilícitas, máxime, teniendo en cuenta que, en el corto período investigado, se ha logrado determinar que el imputado Espert contaría con numerosos activos en el exterior omitidos de declarar ante la ARCA, incluida la cuenta en la que se acreditaron los U$S 200.000 cuyo origen maculado se investiga en autos.”

Una muy mala noticia para el exdiputado libertario cuya situación en esta causa se complejiza cada vez más.