Guerra judicial en el caso $LIBRA: la Cámara Federal de San Martín corrió a Arroyo Salgado y ordenó que todo se investigue en Comodoro Py

La Cámara Federal de San Martín hizo lugar este jueves a un planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y resolvió declinar la competencia de esa jurisdicción en el caso $LIBRA en favor de Comodoro Py, en el marco de una disputa sobre qué juzgado debía intervenir. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pretendía que su par de Capital Federal, María Servini, dejara de investigar y le enviara una causa sobre el criptoescándalo a ella para acumularla a una pesquisa similar en la  que avanzó con un exhorto para congelar más de 57 millones de dólares obtenidos con la presunta estafa. Finalmente, la desplazada fue la magistrada sanisidrense.

Cuando estalló el criptoescándalo se abrieron dos causas. Una en Comodoro Py, donde se realizaron y acumularon una decena de denuncias, que quedaron radicadas en el juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini, quien delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano; y otra en los tribunales federales de San Isidro, a raíz de una denuncia de Juan Ricardo Mussa, que quedó en manos de Arroyo Salgado. Esas investigaciones, que involucran al presidente Javier Milei y su hermana Karina, debían acumularse porque nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho. Ese diferendo –que no obstaculizó el desarrollo de ambas investigaciones- se zanjó este jueves.

El camarista de San Martín, Juan Pablo Salas, resolvió que “la justicia federal de CABA es la que se encuentra actualmente en mejor posición para investigar de manera integral el objeto procesal de los expedientes, constituidos por diversas y presuntas conductas delictivas que se habrían sido cometidas en varias jurisdicciones y que tendrían conexión entre sí”. De esta forma, en una resolución de 11 páginas a la que accedió El Destape, hizo lugar a un planteo del MPF y desplazó a Arroyo Salgado, quien consideraba que era ella la que debía quedar a cargo de ambas pesquisas porque “es indiscutible que la conducta humana a investigar es la publicación del tweet, harto conocido” de Milei, realizado el 14 de febrero desde la Quinta de Olivos, según comprobó la jueza sanisidrense que tiene jurisdicción sobre lo que sucede en la residencia presidencial. En ese tuit presidencial se le dio impulso al token $LIBRA casi al momento de su lanzamiento.

Para el camarista Salas, que coincidió con el fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, y con el fiscal general ante la Cámara, la maniobra a investigar es mucho más amplia e involucra más jurisdicciones. Para Salas, si bien el tuit mencionado “debe ser objeto de pesquisa, discrepo que sea lo único y central a determinar”. Y añadió: “El razonamiento del juzgado excluyó otros hechos que la fiscalía los integró al expediente, simplificando un escenario que aparenta ser complejo, que podría estar abarcado por diversos sucesos e intervenciones ejecutados en distintos lugares y tiempos, que podrían ser conexos entre sí y de interés para el objeto procesal, que no correspondían ser desatendidos, tal como exhibió la resolución de competencia”.

Salas precisó que otros hechos a investigar, además del tuit de Milei, “habrían sucedido tiempo antes al aludido tweet - se señalaron fechas concretas, acaecidas durante los años 2024 y 2025- y se habrían cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -entre otros sitios, se indicó la Casa Rosada-”. La aclaración evidentemente complica al Presidente ya que además de la Quinta de Olivos, la Cámara Federal de San Martín también menciona que se deben investigar hechos que se desarrollaron en la Casa de Gobierno. Por ejemplo, “la Fiscalía precisó provisionalmente los delitos contra la administración pública”, dijo el camarista.

El camarista también afirmó que en Comodoro Py “se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró ‘central’ y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso”. Y sumó que “está claro que la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente”, es decir, fue la que primero intervino, algo que Arroyo Salgado rechaza ya que dice que si bien las denuncias ingresaron primero en Comodoro Py, el sorteo de asignación se hizo el mismo día hábil: el 17 de febrero.

Por otro lado, Salas adujo que “existe una diferencia fundamental entre una y otra” causa: en la que tramita en Comodoro PY “se delegó la instrucción en la fiscalía” y “cuenta con impulso de la acción penal pública, en orden a las medidas de prueba que el fiscal dispuso”. Mientras que en la de San Isidro Iuspa “no impulsó de modo concreto y explícito la acción penal”.

El caso llegó a la cámara luego de que Iuspa apelara la resolución de Arroyo Salgado que pedía a Servini una “declinatoria de competencia” para continuar investigando ella el criptoescándalo. El fiscal sanisidrense consideró desde un primer momento que los hechos debían investigarse en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué alcances tiene esta decisión de la cámara? Que todo lo investigado en San Isidro se acumulará a la causa de Comodoro Py. Por ejemplo, el damnificado Martín Romeo, que había sido aceptado como querellante en la causa a cargo de Arroyo Salgado pero no en la de Servini deberá ser tenido por acusador privado por la jueza porteña. Todas las actuaciones deberán mudarse de jurisdicción tal como estaban y agregarse al otro expediente.

Críticas a Arroyo Salgado

La Cámara Federal de San Martín criticó el accionar a de Arroyo Salgado en este caso. En un pasaje de la resolución, Salas aseguró: “El juzgado, ante un dictamen fiscal previo que consideró relevantes ciertos hechos denunciados, no puede inmediatamente después -sin otros actos procesales de por medio que justifiquen su posición distinta- concluir que son ‘actos preparatorios que no influyen en la determinación de la competencia del ilícito posterior (…)’. Mucho menos, sin haber hecho un análisis profundo, que tenga como base el derecho penal”, cuestionó Salas a Arroyo Salgado. En esa línea, añadió que “el fiscal en su apelación volvió a reiterar que esos hechos podrían ser ‘delitos por sí mismos’, afirmación que encontraría respaldo en los términos denunciados y que, dado el estado inicial del expediente, deviene razonable que sean incluidos en el objeto procesal a investigar. Por ello, deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver la cuestión de competencia”.

Según Salas, “el presunto hecho ilícito considerado ‘central’ por el juzgado -la publicación del tweet que se habría ejecutado el 14/2/2025-, como los posibles sucesos ulteriores conexos, se habrían cometido con posterioridad a los acontecimientos que provisoriamente fueron calificados por la fiscalía como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o tráfico de influencias que podrían haber sido ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Más allá del diferendo de jurisdicción, la situación judicial de Milei y su entorno podría complicarse a juzgar por los delitos que se investigan.

También fustigó a Arroyo Salgado porque dijo que “los precedentes jurisprudenciales que el juzgado citó para argumentar y sostener su posición” no son aplicables a este caso. En esa línea, señaló que “se han citado precedentes que ni siquiera se adecuan al criterio adoptado por el juzgado para sostener su competencia, en su intento de inclinarse por el sitio o domicilio desde el que se habría hecho la publicación cuestionada en la red social”. “En definitiva, ni siquiera los precedentes jurisprudenciales citados pueden ser tenidos como referentes para adoptar aquí una decisión”, criticó.

El exhorto para congelar U$S 57 millones

El apartamiento de Arroyo Salgado se da luego de que la jueza federal de San Isidro librara un exhorto que podría congelar U$S 57.654.000 que se acumularon con el impulso del memecoin $LIBRA.

Martín Romeo, querellante en la causa de San Isidro, dijo que la Justicia “está a la vuelta de la esquina de poder congelar todo lo de las libras team wallets”. Se trata de 10 “wallets” directamente vinculadas al lanzamiento del token $LIBRA que se identificaron por impulso de Romeo, el abogado Nicolás Oszust y el dirigente radical Agustín Rombolá y la buena acogida que tuvo su requerimiento en el juzgado a cargo de Arroyo Salgado.

El memecoin $LIBRA fue lanzado por la firma Kelsier Ventures cuyo CEO es el estadounidense Hayden Davis, quien se reunió con Javier Milei e ingresó a la Casa Rosada.

Según explicó Romeo a El Destape, desde la Justica “se pusieron en contacto con la empresa Circle, que es la subsidiaria de CoinDesk a cargo de USDC y se les pidió que expliquen cómo era el procedimiento para que procedieran al congelamiento de los fondos y si estaban dispuestos a hacerlo. El viernes respondieron que estaban dispuestos a hacerlo sin problema siempre y cuando la Justicia lo dispusiera mediante un exhorto. Por eso el lunes Arroyo Salgado firmó el exhortó y se libró. Estamos en vías de que se dé por notificado Circle y Coinbase y se proceda con el congelamiento de los fondos”.

Esta novedad ahora quedará en manos de la dupla Servini-Taiano, que avanzan a paso lento con la investigación del criptoescándalo, que estalló hace casi 2 meses. Qué harán con el resultado que arroje el exhorto por ahora es una incógnita.