El presidente Javier Milei tendrá que desembolsar más de 5 millones de pesos en carácter de honorarios a los abogados del periodista de El Destape Nicolás Lantos, a quien le había formulado una denuncia penal con el objetivo de censurarlo a mediados de julio. Finalmente, la presentación fue desestimada, la Justicia falló a favor de Lantos y, tras su sobreseimiento, una nueva resolución estableció esta semana que Milei deberá abonar $ 5.646.480.
La avanzada de Milei contra Lantos se dio en el marco de una seguidilla de denuncias que hizo contra periodistas críticos durante varios meses. Primero, apuntó contra el también periodista de El Destape, Ari Lijalad, al acusarlo de haber violado el IHRA, la alianza internacional de países que promueven la lucha contra la banalización de Holocausto, en un artículo en el que Lijalad justamente denunciaba los peligros de alimentar el odio y la violencia política desde posiciones de poder. A las pocas semanas, también apuntó contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, tres figuras del streaming Carnaval, señalándolos por haber cometido supuestamente "calumnias e injurias" contra su persona. Ésta fue presentada al mismo tiempo que la demanda contra Lantos, en julio de este año.
La denuncia fue formulada bajo la carátula de "calumnias e injurias" a partir algunos datos que mencionó el periodista en un comentario editorial el 16 de mayo, unos días después de que el presidente denunciara a Lijalad también por calumnias e injurias por señalar las semejanzas entre el discurso de La Libertad Avanza respecto de los opositores con el que utilizaba el nazismo contra los judíos hace 90 años en Alemania.
Al analizar la denuncia, Lantos cuestionó los argumentos del mandatario. "El presidente Milei busca silenciar a periodistas y críticos judicializando la disidencia, mientras adopta símbolos y discursos de la extrema derecha global; una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático que pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina", advirtió en un artículo posterior. Allí, remarcó la "doble vara" entre las descalificaciones y el lenguaje utilizado por el presidente, al señalar la hipocresía de acusar a otros de difamación cuando él mismo utiliza términos ofensivos.
La Justicia le dio la razón. El 9 de octubre, se lo sobreseyó con una resolución que mencionó, entre otras cosas, que el símbolo mencionado por Lantos estaba relacionado al nazismo. “1488 es una combinación de dos símbolos numéricos populares de supremacía blanca", estableció, en base a la información de La Liga Antidifamación.
El ataque contra Ari Lijalad
Milei denunció al periodista de El Destape por una presunta violación de las normas de la IHRA, la coalición internacional dedicada a combatir la banalización del Holocausto. Lo hizo a raíz de un artículo en el que Lijalad advertía, justamente, sobre los riesgos de promover el odio y la violencia política desde lugares de poder. En ese mismo contexto, el Presidente también había iniciado acciones legales contra Viviana Canosa y Carlos Pagni.
La columna de Lijalad se titulaba “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. Allí alertaba sobre "el proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto" que, según él, impulsa el gobierno. Además, planteaba que el discurso que Milei dirige contra "los periodistas" se acerca a la lógica nazi, que presenta al disidente como un virus o una bacteria a eliminar para que deje de ser un "parásito" que frena el crecimiento económico.
Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que el artículo no constituía un delito. En su dictamen, la fiscal remarcó que se trataba de un tema de interés público, lo que le otorga una “protección reforzada” y solo habilitaría sanciones si se comprobara "real malicia".
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