Tras la audiencia celebrada en la causa que investiga el robo de una cosecha millonaria, los abogados querellantes del dueño del campo El Caburé lanzaron duras acusaciones que sacuden al poder político de San Luis. Los letrados Pascual Celdrán y Alejandro Viano apuntaron directamente contra el fiscal de instrucción Leandro Estrada, a quien señalaron por abandonar su rol de investigador para actuar prácticamente como un “abogado defensor” de los imputados, entre ellos, el exfuncionario del gobierno local, Ricardo André Bazla.
La novedad central radica en la postura del Ministerio Público Fiscal, la cual fue calificada como "vergonzosa" por la querella. Según los abogados, el fiscal Estrada estaría operando bajo "presiones o intereses" que le impiden avanzar con la investigación. Denunciaron que el funcionario desconoce pruebas fundamentales ya incorporadas al expediente, tales como chats y documentación que comprometerían seriamente a Bazla, el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger y al ministro de Desarrollo Productivo del gobierno provincial, Federico Trombotto en maniobras irregulares.
Viano subrayó que el ingreso a la propiedad privada y la posterior apropiación de la producción de maíz —valuada en 2 millones de dólares— se realizó sin ninguna facultad legal ni notificación previa y cuestionaron el uso de un supuesto “poder de policía” para justificar el despojo, según informó el Diario de la República de San Luis.
El entramado de la supuesta “mafia” oficialista
Durante sus declaraciones, Celdrán no dudó en vincular a las más altas esferas del gobierno de Claudio Poggi en lo que definió como un entramado “mafioso”. Entre los nombres señalados por la querella se encuentran: Ricardo Endeiza (Vicegobernador), Trombotto (Ministro de Desarrollo Productivo), Flavio Ávila y Rafael Berruezo. También apuntan contra el Procurador General por supuestas presiones sobre el fiscal de la causa.
La querella advirtió sobre una maniobra para que la responsabilidad penal recaiga únicamente en figuras menores, como Oviedo Helfenberger, protegiendo así a la cúpula política involucrada. Ante este escenario de posible impunidad y denuncias de extorsión mediática, los abogados anticiparon que no descartan denunciar formalmente al fiscal Estrada y recurrir a medios nacionales para visibilizar la gravedad de lo que ocurre en San Luis con el entorno del gobernador Poggi.
Qué investiga la causa judicial
Una denuncia penal investiga la desaparición de una cosecha de maíz valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, producida en un campo de unas 2.000 hectáreas ubicado al sur de San Luis, que había sido expropiado por el gobierno provincial.
El principal acusado es Ricardo André Bazla, el funcionario de Poggi que renunció el 25 de marzo a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión luego de que avanzara la causa judicial. Bazla fue imputado en la causa como presunto coautor de una maniobra de defraudación.
La acusación sostiene que en el campo había unas 2.000 hectáreas sembradas con maíz, que la cosecha fue realizada y que el grano fue retirado del predio. El valor estimado de la producción ronda los 2 millones de dólares. La investigación judicial intenta determinar quién autorizó la cosecha, quién administró el grano y cuál fue el destino final de la producción, ya que la carga desapareció luego de ser retirada del campo.
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