La oposición dialoguista tomó distancia del escándalo protagonizado por Edgardo Kueider y prefirió evitar la promoción de una destitución para dar tiempo a que la Justicia se expida. Hasta el momento, se consideró inoportuno, incluso una sobreactuación, avanzar con cualquier acción que no sea darle lugar a la investigación desde los tribunales.
El caso Kueider tomó por sorpresa a la política. Fueron pocos los que se pronunciaron formalmente, de forma institucional, sobre este tema y las miradas están posadas en el Senado. En la Cámara Alta, Unión por la Patria ya pidió la remoción del legislador, para lo que serán necesarios los dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin el acompañamiento de otros espacios.
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En medio del shock producido por la noticia, el PRO se pronunció con un comunicado suave. El partido pidió la investigación judicial, promoviendo la transparencia. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijo un dirigente amarillo no sin antes aclarar que “sin sobreactuar ninguna postura”. Descartó, el dirigente, la posibilidad de pedir la destitución de Kueider sin tener ningún pronunciamiento judicial y descartó una posible “doble vara” republicana. Cristina Kirchner, a quien el macrismo apunta hace años, tiene doble condena pero de “Kueider todavía no sabemos cuál es la calificación legal del hecho que se le imputa”. Quedó fuera del análisis el efecto del lawfare.
El comunicado oficial del bloque PRO de senadores se hizo al calor del escándalo y, si bien todavía no se arribó a una posición demasiado elaborada, todo pareciera indicar que la estrategia es no proporcionar votos para los dos tercios requeridos para la destitución sino esperar una resolución judicial. Para reforzar esta tendencia, otra voz amarilla no ocultó su extrañeza ante la posición de Unión por la Patria “a favor de que una persona condenada en doble instancia pueda ingresar al Senado” (en referencia a Cristina Kirchner) pero, al mismo tiempo, pida la expulsión de un legislador que enfrenta la parte inicial de un proceso judicial.
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En el PRO, existe el convencimiento de que el peronismo y La Libertad Avanza tienen un pacto que disfrazan, públicamente, con confrontaciones como la generada por el caso Kueider. En el fondo, acusan, ninguno de los dos quiere avanzar con el proyecto macrista de Ficha Limpia y ese será un factor a explotar por parte de los amarillos, deseosos de encontrar puntos de clara diferenciación con el gobierno nacional.
La UCR, el otro espacio dialoguista, prefirió el bajo perfil. Al fragor de los acontecimientos, se habló sobre la redacción de un comunicado pero, con el paso de las horas, se diluyó. A título personal, un dirigente centenario confió en esperar a ver la resolución judicial antes de tomar una decisión tajante. “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, se dijo, incluso con las manos en la masa, en flagrancia. Como Kueider anunció el pedido de licencia y quedará fuera de la dinámica parlamentaria hasta que decida revocarla, a este referente boina blanca le pareció acertado esperar a una definición de la Justicia, sin chances de avanzar mucho más por otros carriles.
En principio, no compartió el pedido de remoción hecho por Unión por la Patria, dado que “tuvimos cuatro años una presidenta procesada y condenada” y “dos años un senador procesado” por abuso, en referencia a José Alperovich.
Kueider, un elemento de discordia en el Congreso
La tensión por Kueider explotó poco antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del gobierno. El temario no incluye ningún proyecto de interés para los aliados, pero sí algunas provocaciones como lo son la eliminación de las PASO y la ausencia del Presupuesto 2025. Se quejaron desde la UCR en el Senado, también desde Democracia para Siempre en Diputados y el PRO no evitó pegar el grito en el cielo.
En diálogo con Radio Continental, el diputado Alejandro Finocchiaro cuestionó que el gobierno impulsó “temas que no son urgentes” y que “faltan los que la Argentina necesita. El Presupuesto es fundamental; los inversores externos no vienen a un país débil institucionalmente”. El macrismo está convencido de que será muy difícil que desembarquen inversiones en un país que, por segundo año consecutivo, no tiene Presupuesto. La baja institucionalidad y la falta de una política exterior que preserve los vínculos necesarios para la economía nacional.
Pueden desembarcar préstamos o ayudas financieras circunstanciales, pero ninguna generará empleo ni dinamizará la economía, y eso puede atraer problemas. El PRO sabe que la sociedad, tarde o temprano, se acostumbra a cierto estado de situación. Si a principio de año el problema fue la inflación, la suba del tipo de cambio o la imposibilidad de comprar dólares para la clase media, para el 2025 la gente demandará el despegue económico. No se conformará con lo mismo.
La pérdida de puestos de trabajo, el destrozo de las Pymes, el golpe a los pequeños productores con impuestos que no diferencian entre grandes y chicos, la baja del gasto público pero a costa de la ausencia de gestión, pueden convertirse en un problema. La falta de Presupuesto es parte de ese inconveniente.
Los gobernadores, acorralados por Javier Milei, evaluaron sus opciones ante la ausencia de una ley de leyes, pero sin mucha alternativa. Para ellos, quedó a las claras que el gobierno nunca quiso negociar y, por el contrario, apuntó a una discusión a libro cerrado, algo a lo que no estaban dispuestos a acceder los mandatarios provinciales. Ahora, tendrán que exigir fondos mano a mano, lo que puede ser más cómodo y conveniente para algunos, aunque las charlas con la Casa Rosada nunca dan garantías.