El Gobierno de la Nación anunció el envío al Congreso de una nueva mega Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que promete ser "un hito en la reforma económica del país", según explicaron los cercanos al Presidente. En una charla en la 30º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, detalló los lineamientos de este proyecto de ley que busca incentivar la inversión tanto de pequeñas como grandes empresas.
La propuesta también incluye medidas laborales y fiscales para fortalecer el empleo en el sector privado y mejorar la competitividad de las Pymes.
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El "nuevo RIGI": de qué se trata la nueva ley que el Gobierno quiere promulgar
La ley que se enviará al Congreso tiene un enfoque similar al RIGI (Régimen de Inversiones para la Generación de Inversiones) vigente, pero con una diferencia clave: está pensada para tener una "capilaridad mayor", abarcando a una mayor cantidad de proveedores y sectores. A diferencia del RIGI, que está enfocado principalmente en empresas extranjeras con inversiones superiores a los 200 millones de dólares, esta nueva legislación busca cubrir tanto a las pymes como a grandes empresas locales.
El proyecto de ley será una suerte de “ley ómnibus”, que abarcará seis capítulos destinados a distintos aspectos del sector industrial. Uno de los puntos más destacados es la implementación de un régimen de incentivo a la inversión que podrá ejecutarse entre tres y seis meses.
Este régimen tiene como objetivo agilizar el proceso de inversión y fomentar la participación de empresas argentinas en sectores clave para la economía del país.
Los puntos clave de la ley
Uno de los ejes fundamentales de la ley será la promoción de empleo y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Se contempla una reducción de cargas y contribuciones para MiPymes, pymes y grandes empresas que contraten personal en el sector privado, lo que incluye un régimen fiscal de reducción de impuestos nacionales para las empresas que inviertan en el país.
Otro punto clave será el tratamiento de los juicios laborales, una solicitud histórica de las pymes. El proyecto permitirá que las mipymes puedan pagar indemnizaciones laborales en hasta 12 cuotas ajustadas por el IPC, y las costas u honorarios judiciales no excederán el 25% de lo otorgado en la sentencia.
Este tipo de medidas buscan aliviar la carga económica de las pequeñas empresas, que históricamente han enfrentado altos costos laborales.
Cómo reaccionó el sector industrial ante la nueva política
La presentación del proyecto generó una respuesta positiva de los empresarios presentes en la conferencia. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, expresó su apoyo inmediato al proyecto, destacando que es un comienzo importante para nivelar la competitividad del sector industrial.
A pesar de esto, algunos líderes del sector, como Martín Rappallini de UIPBA, señalaron que el proyecto no aborda completamente la pérdida de competitividad debido al dólar barato y la falta de incentivos para las microempresas.
Expectativas en el Congreso y tiempos legislativos
Con las sesiones ordinarias del Congreso a punto de finalizar, las expectativas sobre el tratamiento de la ley son altas. Sin embargo, la falta de indicios concretos sobre una posible prórroga o convocatoria a sesiones extraordinarias podría retrasar la discusión del proyecto hasta marzo del próximo año. Funes de Rioja solicitó que el Gobierno busque acelerar el tratamiento legislativo para asegurar que la ley sea aprobada lo antes posible.