La presión pública pudo más y la vicepresidenta Victoria Villarruel cambió rápido su postura respecto a las dietas de los senadores. Después de afirmar que ella no podía hacer nada porque no era senadora, este jueves sacó un decreto renovando el congelamiento salarial hasta el reinicio de las sesiones ordinarias, hasta fin de marzo. El conflicto, que ya se volvió crónico, llevó a reflotar los proyectos presentados en el Congreso para regular las dietas de los legisladores y que no queden a merced de la opinión pública, hoy ganada por el discurso de la antipolítica. El bloque de Unión por la Patria, a través de su jefe José Mayans, ya había presentado una propuesta que equiparaba a los legisladores a categorías de otros poderes. Esta semana distribuyó otro el senador Francisco Paoltroni, cercano a la vice, que incluyó la posibilidad de renuncia a la dieta, una práctica que propularizó Javier Milei y otros quieren seguir como método de campaña.
Villarruel debió hacer una pirueta en el aire para esquivar la que se le venía. "No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados", había respondido la semana pasada a un reclamo en Twitter. El 31 de diciembre se venció el congelamiento de las dietas de los senadores, por lo que de acuerdo al monto de los módulos actualizados que corresponde a cada legislador, pasarían a percibir 9,5 millones de pesos en bruto. Aparecieron varias notas y posteos en las redes sociales considerándola la principal responsable del salariazo de los legisladores y en la Casa Rosada aprovecharon para avivar la interna que la tiene como blanco principal. En cuestión de horas Villarruel cambió su parecer y firmó el decreto 1/2025 renovando el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo. Utilizó como excusa que se lo hubieran pedido desde seis bloques distintos de senadores.
Así volvió a instalarse la polémica de cómo se establecen las dietas de senadores y diputados, en especial en estos tiempos de prédica anticasta. Alcanza con decir que un legislador nacional percibe alguna retribución para generar el rechazo inmediato en la opinión pública. Para más, la reciente detención del senador Edgardo Kueider con una mochila llena de dólares sin declarar no sirvió para mejorar el clima. Sin embargo, desde Unión por la Patria -que mantiene las dos bancadas más importantes en ambas Cámaras- prevalece la lógica de que la actividad política debe ser adecuadamente retribuida porque, caso contrario, sólo podrían ejercerla los millonarios o quienes tienen ingresos con actividades paralelas, probablemente non sanctas.
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Según el consenso al que habían llegado en abril pasado, la dieta de los senadores pasó a estar compuesta por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo, que sólo no perciben cuatro senadores que viven en CABA. Pero poco después, en agosto, cuando se resolvió el aumento trimestral del módulo en el 6,6% reflotó el escándalo sobre los sueldos de los legisladores impulsado desde la Casa Rosada, con Javier Milei a la cabeza. Como resultado de esto, los senadores votaron por unanimidad la anulación de la suba y el congelamiento salarial hasta el 31 de diciembre.
Ya entonces el formoseño Mayans planteó la reacción del oficialismo como "una cortina de humo" y que, con los sucesivos congelamientos, los sueldos de los legisladores habían quedado por debajo de un secretario y un subsecretario de Estado. Mayans presentó en marzo un proyecto que propone un tope a los sueldos de las autoridades de los tres poderes y de la administración pública, tomando como unidad de medida el salario mínimo, vital y móvil, que así tal vez dejaría de estar tan postergado. En un "principio de coherencia y uniformidad" planteaba que las principales autoridades de cada poder no podrían percibir más de 20 salarios mínimos como retribución. Los ministros del Ejecutivo, jueces del Poder judicial y legisladores del Poder Legislativo no podrían superar los 15 salarios mínimos, lo mismo que presidentes de empresas del Estados y organismos descentralizados.
Pero nunca consiguió consenso para ser tratado en el recinto. En los últimos días, cuando ya se sabía que el fin de los congelamientos de las dietas abriría una nueva polémica, el senador Paoltroni, que armó un monobloque cuando se separó del oficialismo, presentó un proyecto que en su primer artículo establece la posibilidad de que los legisladores renuncien total o parcialmente a sus salarios. Hasta ahora, los legisladores no pueden renunciar a sus dietas por lo que algunos optan por sortearla como estrategia publicitaria. Milei consiguió una campaña exitosa con ese gesto y ahora el presidente de la Cámara, Martín Menem, busca emularlo, sorteándolo entre riojanos. Por otro lado, Paoltroni establece el tope de las dietas en diez jubilaciones mínimas.
A enero, las diez jubilaciones mínimas que propone Paoltroni dejarían la dieta de los senadores en 2.600.000 pesos. En cambio, la propuesta de Mayans de 15 salarios mínimos lo ubicaría en 4.300.000 pesos, similar al congelado que perciben en la actualidad. En definitiva, serán los senadores cuando se reúnan a la vuelta de las sesiones quienes deberán resolver cuánto percibirán y, principalmente, la modalidad de actualización, para no volver a caer una y otra vez en la misma discusión.
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