El Gobierno de Donald Trump acusó el miércoles a un juez federal de extralimitarse en su autoridad al exigir más detalles sobre vuelos de deportación de migrantes venezolanos, en una presentación un día después de que el presidente de la Corte Suprema reprendiera al republicano por pedir su destitución.
En un documento judicial, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que el juez de distrito James Boasberg estaba interfiriendo indebidamente en la discreción presidencial para manejar asuntos delicados de diplomacia y seguridad nacional.
Boasberg emitió una orden que prohíbe temporalmente al Gobierno expulsar a los migrantes en virtud de la ley del siglo XVIII que Trump invocó para proceder con las deportaciones.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Las cuestiones pendientes son graves injerencias en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta del Poder Ejecutivo", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
La presentación intensifica una disputa que ha suscitado la preocupación de que Trump esté ampliando aún más los límites del poder ejecutivo a expensas del poder judicial federal, que según la Constitución es una rama co-igual del gobierno estadounidense.
Los críticos de Trump y algunos expertos legales han expresado su preocupación por una crisis constitucional potencialmente inminente si su Gobierno desafía abiertamente las decisiones judiciales.
Trump pidió el martes la destitución de Boasberg, describiendo al juez como un "alborotador y agitador" de extrema izquierda. Boasberg fue nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama.
Los comentarios del presidente provocaron una inusual declaración de Roberts, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte, quien dijo que las apelaciones de las sentencias judiciales, no la destitución, eran la respuesta adecuada para mostrar su desacuerdo con la decisión de un juez.
El miércoles, el Departamento de Justicia pidió a Boasberg que retrasara la aplicación de su orden del martes que exigía presentar más detalles, que no se harían públicos, sobre cuándo despegaron y aterrizaron exactamente los aviones que transportaban a migrantes venezolanos para ser deportados a El Salvador.
El juez está tratando de determinar si el Gobierno desafió su orden contra tales vuelos sobre la base de que estaba sobrepasando su autoridad.
El Departamento de Justicia dijo en la presentación que proporcionar al juez detalles adicionales socavaría la capacidad del poder ejecutivo para negociar con otros países, citando "un grave riesgo de investigaciones prospectivas judiciales microgestionadas e innecesarias".
Con información de Reuters
Cerrar sesión