Encabezada por gremios y con el impulso del oficialismo, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó una nueva ley de minas que habilita la participación de capital privado y extranjero en el sector. La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una decisión que marca un giro respecto de la norma estatista vigente desde fines de los años noventa.
La ley original fue aprobada por unanimidad tras cuatro sesiones de debate y reemplaza la legislación vigente desde 1999, impulsada durante el primer gobierno de Hugo Chávez. El nuevo marco legal consta de más de 130 artículos y busca atraer inversiones en ese sector clave para la economía venezolana, especialmente en la explotación de oro y otros minerales estratégicos, en momentos en que Estados Unidos manifestó su interés en participar en ese mercado.
Tras la intervención militar estadounidense en Caracas de principios de año, el presidente Donald Trump se esforzó en poner al gobierno venezolano a disposición de su agenda política personal. Instó a la presidenta Rodríguez a cambiar la ley de hidrocarburos a mediados de enero para facilitar el ingreso de petroleras norteamericanas al país, a la par que la obligó a recibir a funcionarios estadounidenses en Miraflores. Algunos de los que pasaron fueron el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.
El diputado Orlando Camacho, uno de los principales promotores del proyecto, aseguró este miércoles en su cuenta de Instagram que algunos de los principales objetivos de esta norma son "atraer capital nacional y extranjero con seguridad jurídica" y "actualizar el marco legal para los retos actuales del país".
Qué propone la nueva ley de minas de Venezuela
La ley establece en sus primeros artículos la apertura a inversiones privadas y extranjeras, así como la posibilidad de resolver conflictos mediante "mecanismos de mediación y arbitraje", con el objetivo de ofrecer "mayor seguridad jurídica a los inversores". Además, fija que el Banco Central de Venezuela tendrá un derecho preferente sobre la compra del oro producido, consolidando el rol del Estado en la comercialización de ese recurso.
MÁS INFO
En el plano regulatorio, la normativa incorpora restricciones para evitar conflictos de interés: ningún funcionario público ni sus familiares podrán participar en negocios mineros hasta cinco años después de dejar sus cargos. También se determinó que las regalías podrán alcanzar hasta el 13% del valor bruto del mineral extraído, mientras que el Estado podrá exigir esos pagos tanto en dinero como en especie, según los criterios que defina el ministerio competente.
Por otra parte, la ley prevé sanciones severas para quienes desarrollen actividades mineras en zonas protegidas, con penas de entre 10 y 15 años de prisión, y reserva para el Estado la explotación de minerales radioactivos por razones estratégicas. En conjunto, la iniciativa refleja el intento del chavismo de reactivar la economía mediante la apertura controlada de sectores históricamente cerrados.
Las compañías norteamericanas, las más beneficiadas
Según fuentes cercanas a Miraflores, la presidenta Rodríguez se reunió hace un mes con un grupo de 50 inversores en su mayoría estadounidenses que visitaron Caracas, que las nuevas leyes sobre petróleo y minería pretendían asegurar "garantías" a los inversores, para que se queden tranquilos de que "tendrán seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente".
Cerrar sesión