Los legisladores venezolanos aplazaron el jueves el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que otorgaría clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas o criticar a figuras públicas. El proyecto de ley, que ya superó su primera votación y requiere una segunda para ser aprobado de forma definitiva, también restituiría los bienes incautados a los detenidos y cancelaría las medidas internacionales, incluidas las órdenes de arresto de Interpol, emitidas previamente por el gobierno. Cientos de estudiantes y familiares de presos se congregaron en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el jueves para exigir liberaciones, en otra manifestación desde la captura del derrocado mandatario Nicolás Maduro a manos de fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero.
"Delcy, responde, los estudiantes no se esconden", coreó el grupo al avanzar en el campus universitario y refiriéndose a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La mandataria ha cedido a las exigencias del Gobierno del presidente Donald Trump sobre las ventas de petróleo y ha liberado a cientos de personas que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países.
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El parlamento, encabezado por Jorge Rodríguez, no ha leído la versión completa de la ley, pero un borrador visto por Reuters esta semana es significativamente menos generoso que una versión anterior.
No enumera los delitos que se consideran acciones políticas —incluyendo instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, rebelión y traición— que ya se habían detallado previamente. Tampoco amnistía a los acusados de difamación por criticar a las autoridades ni levanta las notificaciones rojas de Interpol.
El borrador actual tampoco devuelve los bienes de los detenidos, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela las sanciones contra los medios de comunicación, como lo habría hecho la versión anterior.
El presidente del parlamento dijo el jueves, al discutir el nuevo proyecto, que debido a discrepancias sobre un artículo relativo a que sólo serían beneficiarios de la amnistía quien "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que se presenta ante las autoridades, era necesario diferir el debate hasta la próxima semana, consiguiendo el voto de la mayoría.
Tanto el proyecto anterior como el actual no contemplan la amnistía para los condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico con penas superiores a nueve años y delitos contra el patrimonio público. El borrador inicial incluía la corrupción como delito no amnistiable, y no está claro por qué se eliminó. Muchos miembros de la oposición y exfuncionarios disidentes viven en otros países para evadir órdenes de arresto que, según afirman, tienen motivaciones políticas.
El gobierno siempre ha negado tener presos políticos y afirma que los encarcelados han cometido delitos. Funcionarios afirman que casi 900 personas han sido liberadas en más de un año, mientras que el grupo de derechos humanos Foro Penal ha contabilizado desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron excarcelaciones, más de 430 liberaciones de personas clasificadas como presos políticos.
Grupos de defensa, incluido Foro Penal, han criticado los límites de la ley, afirmando que debe contemplar la liberación completa de cargos, condenas, órdenes de arresto domiciliario y otras limitaciones legales para que cuente como una verdadera amnistía.
(Redacción Reuters, editado por Javier Leira)
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