La reunión con gobernadores que había sido convocada para este miércoles al mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir eventuales modificaciones al proyecto de reforma laboral fue cancelada horas antes de que pudiera realizarse. El llamado de un funcionario nacional a varios de los gobernadores “dialoguistas” fue decisivo para desactivar un cónclave que, en el diseño original de sus impulsores, pretendía mostrar una posición unificada frente al impacto que podría tener el capítulo fiscal del proyecto, en particular en el tratamiento del impuesto a las Ganancias dentro de la iniciativa mayor.
La suspensión de la reunión revela no sólo diferencias tácticas entre los caciques provinciales, sino también una resistencia más profunda al abordaje de temas que, aunque anunciados como consensuables, siguen generando tensiones abiertas entre la Casa Rosada y los distritos. Mientras algunos mandatarios reclamaban poder debatir en persona los detalles de un proyecto que ya tiene fecha tentativa de tratamiento en el Senado —el 11 de febrero próximo según las previsiones del oficialismo—, la llamada a desactivar la foto conjunta terminó disipando la posibilidad de una declaración común.
El punto de conflicto principal, según los propios gobernadores provinciales, pasa por las implicancias del capítulo fiscal de la reforma laboral que incluye reducciones en alícuotas del impuesto a las Ganancias que, según estimaciones oficiales, disminuirían recursos coparticipables. La Casa Rosada sostiene que el costo fiscal del proyecto se reparte entre Nación y provincias y que la caída en recursos será compensada con mayor actividad económica y formalización de empleo. Gobernadores de varias jurisdicciones productivas, sin embargo, prefirieron evitar que su presencia en el CFI se interpretara como un aval sin condiciones a un paquete que tocaría de lleno sus ingresos.
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Aunque se esperaba que la reunión fuera un momento de articulación política para reclamar ajustes puntuales o “excepciones” en el tratamiento de Ganancias, la falta de quórum y la ausencia de mandatarios que habían sido señalados como posibles participantes evidencian la fragilidad de un intento de coalición provincial en torno a la cuestión. Algunos de los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada habían adelantado su intención de no asistir, y trabajaron activamente para que no se concretara una foto conjunta que pudiera interpretarse como contrapuesta a la estrategia oficial de avanzar con el proyecto.
En el centro de las negociaciones está la figura del ministro del Interior, Diego Santilli, que actuó como interlocutor con varios de los mandatarios provinciales para persuadirlos de postergar o directamente cancelar la iniciativa de encuentro. El argumento principal habría sido, según fuentes provinciales, la necesidad de descomprimir tensiones y evitar un foco de resistencia política que pueda fortalecer las críticas sindicales y de la oposición al cambio normativo.
La decisión de no llevar adelante la reunión se da en un contexto en el que la reforma laboral, impulsada por el oficialismo, enfrenta ya cuestionamientos por parte de los sindicatos, que vienen evaluando medidas de fuerza, incluida la posibilidad de un paro general, ante lo que consideran un avance regresivo sobre derechos laborales.
Además, las discusiones en torno al impacto fiscal de las medidas incluidas han encendido alertas sobre la sostenibilidad de los recursos destinados a las provincias y la consecuente distribución de fondos.
Los gobernadores que promovían la convocatoria argumentaban que era necesario debatir en un espacio amplio y conjunto los efectos que la reforma laboral y sus capítulos tributarios podrían tener sobre la recaudación provincial, particularmente por las proyecciones de caída de recursos derivados de la modificación de alícuotas. La expectativa de que la reunión fuera un momento para ajustar posiciones y presentar un frente común se desinfló rápidamente a partir de las gestiones oficiales para evitar ese escenario.
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