Caputo ahora pretende que la soga al cuello para las familias esté hecha de dólares

Al ministro de Economía, Luis Caputo, ya no le alcanza que los hogares estén con la soga al cuello por las deudas tomadas en los últimos meses para suplir la falta de recursos y afrontar gastos corriente. El ministro ahora pretende que las familias se aventuran a tomar créditos en dólares, pese a que sus ingresos sean pesos y la moneda estadounidense –aún con el sistema actual—se aprecie mes a mes. A 30 años del voto cuota, que le valió al ex presidente Carlos Menem su reelección, el gobierno mileísta pretende comprometer a los hogares con deudas en dólares y, de tal manera, atarlos a la suerte de un esquema cambiario ficticiamente atrasado o (en caso contrario de votar otra cosa) enfrentar una situación de crisis.

La medida se contradice con la resolución del Banco Central, impuesta por el entonces presidente de la entidad Martín Redrado, que imponía que sólo se pueda otorgar crédito en dólares a empresas vinculadas con el comercio exterior (en criollo: los que generen dólares para pagar el préstamo).

La iniciativa que lanzó el ministro Caputo, durante la ronda de entrevistas que utilizó en las últimas horas para bajar la espuma del escándalo de la manipulación del INDEC, se da en un contexto en que ya los préstamos en dólares son récord históricos y representan más de la mitad de los depósitos en la misma moneda. La argumentación del Gobierno es que, con el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, habrá un aluvión de dólares que podría canalizar el ahorro y la inversión en moneda extranjera; algo que también habían previsto con el blanqueo y, pese a ser récord el dinero ingresado con la exteriorización de activos, en seis meses no quedó un dólar ni en los bancos ni en el Central.

Ahora quieren morosidad en dólares

Con los préstamos en dólares en máximos históricos y representando cerca de la mitad de los depósitos en esa moneda, el Gobierno decidió avanzar en una estrategia para incentivar el crédito en divisas a sectores que no generan ingresos dolarizados. La medida se produce en un contexto de creciente morosidad de los hogares, uso del crédito como sustituto del ingreso y señales de tensión en la cadena de pagos. La iniciativa implica revisar una normativa vigente desde la posconvertibilidad, impulsada durante la gestión de Martín Redrado en el Banco Central, que prohibía prestar en dólares a quienes no estuvieran vinculados al comercio exterior para evitar riesgos sistémicos.

El endeudamiento de los hogares dejó de ser una variable secundaria, generalmente utilizada para adquirir electrodomésticos, viajes y turismo o compras de bienes suntuarios, para convertirse en un componente central del funcionamiento cotidiano de la economía para llegar a fin de mes. Así, mientras los hogares no pueden pagar los vencimientos de la tarjeta utilizada para el pago de alimentos. En ese escenario, el Gobierno decidió avanzar sobre uno de los temas más sensibles del sistema financiero: la expansión del crédito en dólares hacia familias y empresas del mercado interno. La iniciativa aparece cuando los préstamos en moneda extranjera alcanzan niveles récord y conviven con un deterioro persistente de la capacidad de pago de los hogares.

Los datos del Banco Central muestran que el stock de préstamos en dólares registró en enero un incremento significativo y alcanzó un máximo histórico. Al mismo tiempo, los depósitos en dólares crecieron y se ubicaron en torno a los 37.800 millones, lo que implica que los créditos ya representan aproximadamente la mitad de esos fondos. En paralelo, los préstamos para consumo con tarjeta en dólares marcaron el nivel más alto desde que existen registros.

“Necesitamos que haya más crédito en dólares, y ahí la Ley de Inocencia Fiscal juega un rol fundamental, puede ser un cambio paradigmático”, señaló Caputo, en una definición que ya había sido prometido en el blanqueo del año pasado. El propio Banco Central reconoció en su último informe que los préstamos al consumo en pesos retrocedieron por tercer mes consecutivo y que la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 8,8 por ciento, el nivel más alto desde el inicio de la serie en 2010. En el caso de los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech, la mora llegó al 18 por ciento. El aumento responde al crecimiento del crédito muy por encima de los salarios entre 2024 y 2025.

En ese contexto, el incentivo al endeudamiento en dólares introduce un riesgo adicional. Las familias no generan ingresos en moneda extranjera y dependen de salarios que se pagan en pesos y muestran una evolución rezagada frente a la inflación. El crédito, en lugar de funcionar como herramienta de expansión, opera como sustituto del ingreso para cubrir gastos corrientes. El propio Banco Central señala que el 90 por ciento de las operaciones con tarjeta de crédito se realiza en un solo pago, lo que indica postergación inmediata del consumo y no financiamiento de largo plazo.

Las señales de estrés también alcanza a empresas y emprendedores. Los cheques rechazados por falta de fondos se triplicaron en dos años. En diciembre de 2023 se registraron poco más de 30.000 rechazos; en diciembre de 2025 superaron los 119.000, con un aumento del 311 por ciento en los montos involucrados. La relación entre cheques rechazados y total compensado alcanzó proporciones que, históricamente, anticipan problemas en la cadena de pagos.

Un marco legal de protección

Tras la crisis de 2001, el Banco Central estableció una regulación estricta que prohibía otorgar préstamos en moneda extranjera a quienes no tuvieran flujos genuinos en dólares. Esa normativa, impulsada durante la presidencia de Martín Redrado, buscó evitar el descalce entre activos y pasivos que había amplificado el colapso del sistema financiero durante la convertibilidad.

El sentido de esa regla era claro: impedir que una devaluación trasladara de manera automática el ajuste sobre deudores sin capacidad de generar divisas, y que ese incumplimiento se propagara al sistema bancario. La restricción funcionó como un blindaje. Permitió que los bancos atravesaran episodios de volatilidad cambiaria posteriores -2009, 2018, la pandemia- sin una crisis generalizada de solvencia. Ahora el Gobierno propone desandar ese camino. Para hacerlo, deberá modificar leyes y derogar circulares del Banco Central que sostienen esa arquitectura regulatoria desde hace más de dos décadas. En la banca conviven posiciones encontradas. Algunos ven una oportunidad de ampliar el mercado hacia nuevos segmentos, como créditos hipotecarios en dólares con condiciones estrictas. Otros advierten sobre el riesgo de reintroducir un descalce sistémico en un contexto de tipo de cambio real apreciado.

Desde el propio sistema financiero señalan que el problema central no es la disponibilidad de dólares, sino la capacidad de repago. “La restricción de prestar dólares solo a exportadores es la ‘buena herencia’ del 2001”, reconocen fuentes del mercado. La preocupación gira en torno a un escenario en el que una corrección cambiaria transforme deudas hoy manejables en obligaciones impagables.

La experiencia reciente refuerza esas advertencias. El ratio de irregularidad del crédito privado alcanzó el 4,2 por ciento, con un incumplimiento del 7,3 por ciento en los préstamos a familias. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales registran niveles de mora máximos desde que existen estadísticas comparables. El ingreso de nuevos deudores se concentra en plataformas no financieras, con tasas más altas y menor capacidad de absorción del riesgo. El Gobierno sostiene que la estabilidad cambiaria y las reglas de juego evitarán ese desenlace. Sin embargo, los datos actuales muestran que el sistema ya opera bajo tensión. La morosidad creciente, el aumento de los cheques rechazados y el uso intensivo del crédito de corto plazo indican que el límite de endeudamiento de los hogares está cerca.

La norma que en su momento impulsó Redrado no fue una restricción ideológica, sino una respuesta técnica a una crisis profunda. Buscó evitar que el sistema financiero repitiera una dinámica conocida: endeudamiento en dólares sin ingresos en dólares, seguido por una devaluación y una socialización de las pérdidas.