Como si la tarde de este viernes no hubiera sido protagonista de cimbronazos políticos como la sangría de reservas del Banco Central o el nuevo avance de la persecución judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno decidió abrir un nuevo capítulo en la batalla mediática contra el Grupo Clarín al suspender la compra de Telefónica Argentina. Sin embargo, en España se desentienden de la riña jurídica y dicen haber cobrado los U$S 1.245 millones que representó la operación.
La administración de La Libertad Avanza suspendió la compra de la empresa Telefónica Argentina por parte de Telecom por considerar a la operación como una medida que podría absorber buena parte del mercado de las telecomunicaciones. Tras un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comercio resolvió dictar la medida que se "sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementa en forma significativa su participación en el mercado", detalló la Oficina del Presidente en un comunicado.
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Según apuntó el Gobierno, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%.
"El proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la CNDC exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual", señaló el comunicado. Según pudo saber El Destape, la CNDC no hará otro movimiento para informar el proceso. En recurrentes casos, la Comisión publica en su web los informes de objeción de cada operación relevante del mercado y de momento no hay nada nuevo.
Telefónica: pero nosotros ya cobramos
Telefónica anunció que ellos habían vendido y cobrado. Laura Abasolo, la directora financiera y responsable de Telefónica Hispam, abordó el tema durante la charla con los inversores. "El activo ya no es parte de la multinacional. No tenemos activo en Argentina", afirmó ante una pregunta por posibles problemas regulatorios en el país. Además, la directiva destacó que si el gobierno de Javier Milei, que se manifestó en contra de la operación a través de un comunicado, toma medidas, éstas no afectarán a Telefónica, que ya cobró los U$S 1.245 millones de dólares por la venta, sino que solo al comprador.
Es difícil imaginar a Héctor Magnetto mover fichas para quedarse con nada. En la red social X, el docente e investigador en economía y política del audiovisual Santiago Marino afirmó que "las medidas de políticas de comunicación (en este caso, anticoncentración) valen en documentos oficiales. En este caso, el Dictamen de Defensa de la Competencia (que no se conoce)".
"Sin juzgar intenciones, en este caso parece más probable que el Gobierno logre algo de impacto simbólico que material. La decisión debe sustentarse en el Dictamen de CNDC y podrá frenar integración de algunos servicios como máximo. No más", afirmó Marino. En tan pocas semanas "sería llamativo (no imposible) que hubiera Dictamen sólido y articulado", marcó y cerró: "Por otra parte, la operación ya se realizó. El vendedor ya lo notificó y cobró. Así lo anunció en España y acá".
Y concluyó: "No se conoce (ni se explica) en qué se basa la Comisión para la medida que el comunicado notifica. ¿Es discrecional, como el resto de las medidas de políticas de comunicación (entre otras)? Lo relevante es lo que autoridad haga, no lo que ésta oficina diga".
En España, la operación complica a Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica, designado por el PSOE tras un controvertido capítulo en la empresa. Su antecesor, José María Álvarez-Pallete, permitió la entrada del grupo saudí STC como accionista mayoritario, algo que generó críticas. Murtra asumió el mando con una misión clara: demostrar una gestión eficiente que impulse el valor de la acción de Telefónica (TEF), estancada desde hace seis años, y restaure la confianza de los inversores. Esta decisión contradice el rumbo que lo precede y lo mete en una telaraña de conflictos locales a los que no podrá abstenerse.
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