El senado de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, junto con el Presupuesto 2026, y entre los puntos de la norma está el aumento de multas que aplicará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En caso de incumplimiento con las normas y el atraso de las presentaciones correspondientes, la ex AFIP aplicará fuertes sanciones tanto para personas como para empresas. La iniciativa contempla un salto de las penalidades de aproximadamente 110.000 por ciento.
Un ejemplo es la de la sanción establecida en el artículo 38, que actualmente es de $200 para personas humanas. Tras la sanción de la Ley, la misma aumenta a $220.000 para personas humanas.
Lo mismo sucede con la penalidad para las personas jurídicas que la misma sanción tenía un valor de 400 pesos y pasará a valer 440.000. Estas son multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas.
La aclaración del gobierno ante el fuerte aumento de multas
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aclaró ante las fuertes subas, que no se impondrán sanciones automáticas a quienes no presenten sus declaraciones juradas en término.
En esa línea, explicó que ARCA notificará previamente al contribuyente, otorgando la posibilidad de regularizar la situación antes de aplicar una penalidad económica.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa", detalló Caputo en su cuenta de X.
Asimismo, el titular de la cartera económica añadió: "Lo importante es que ARCA va a meritar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible".
También desde el gobierno remarcaron que la advertencia de los 10 días para que los contribuyentes cumplan con los compromisos impositivos es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado.
Esto va de la mano con la suba de los montos a partir de los cuales se considerará evasor. El esquema fija un límite patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para acceder y exime a los contribuyentes de informar variaciones en su patrimonio, además de eliminar el control sobre sus consumos.
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