La decisión de no aplicar de manera inmediata la nueva medición de inflación del INDEC tuvo un impacto directo sobre los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Como las jubilaciones se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor, la subestimación de la inflación derivada de una canasta desactualizada implicó una pérdida acumulada para los jubilados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la diferencia entre la inflación medida con ponderadores actuales y la que efectivamente se utilizó alcanza los 11,2 puntos porcentuales. La corrección metodológica anunciada por el organismo estadístico comenzará a regir recién en 2026 y no tendrá efectos retroactivos.
Las jubilaciones en la Argentina se actualizan en función de la inflación. Cada variación mensual del Índice de Precios al Consumidor impacta de manera directa sobre los haberes, ya sea bajo esquemas automáticos o mediante decisiones discrecionales que toman como referencia ese indicador. Cuando la inflación se mide por debajo de lo que efectivamente ocurre en la economía cotidiana, la consecuencia no es estadística sino material: el ingreso pierde poder de compra y esa pérdida no se recupera.
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Ese es el escenario que enfrentaron los jubilados durante los primeros dos años de la actual gestión. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de ponderadores de consumo actualizados, la inflación acumulada desde la asunción del presidente Javier Milei hasta noviembre de 2025 asciende al 399,7 por ciento. Sin embargo, utilizando la metodología vigente del INDEC, la inflación acumulada informada fue del 359,4 por ciento. La diferencia entre ambos cálculos alcanza el 11,2 por ciento.
Si tenemos en cuenta que la jubilación mínima se ubicaba en $ 105.713 en diciembre de 2023, al aplicar el índice actualizado nos da que el haber mínimo debería llegar ahora a $ 528.245,91, a lo que se le sumaría el bono de $ 70.000 para llegar a $ 598.245,91.
Cada punto de inflación que no se reconoce en el índice oficial se traduce en un ajuste menor de los haberes. Para los jubilados, que destinan una porción significativa de sus ingresos a gastos básicos y servicios regulados, la subestimación del IPC implica una pérdida acumulativa que se consolida mes a mes.
El propio INDEC reconoció la necesidad de modificar su metodología. El organismo anunció que a partir de enero de 2026 implementará cambios en la forma de medir la inflación, los salarios y la pobreza, con el objetivo de reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los hogares. Según lo informado oficialmente, las revisiones otorgarán un mayor peso relativo a los servicios dentro de las canastas y estructuras de ponderación utilizadas.
Las modificaciones se aplicarán hacia adelante y no corrigen los indicadores ya publicados. En términos prácticos, la inflación que no se midió no se recompone, y los ingresos que no se ajustaron quedan definitivamente rezagados. Para los jubilados, esto implica que la pérdida acumulada durante 2024 y 2025 no será compensada por el cambio metodológico.
El principal cuestionamiento al IPC vigente se vincula con el uso de una canasta de consumo basada en patrones que ya no representan el comportamiento real de los hogares. El INDEC cuenta desde hace años con una nueva canasta elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.
Esa información refleja una estructura de consumo en la que los servicios tienen un peso mayor, especialmente en rubros como vivienda, energía y transporte. Sin embargo, esa canasta no fue aplicada. La postergación se volvió más relevante a partir de los fuertes aumentos tarifarios registrados en los primeros meses de la actual administración. Con tarifas de servicios públicos que crecieron muy por encima del promedio, la estructura de ponderadores vigente tendió a subestimar el impacto inflacionario real, en particular para los hogares de ingresos fijos.
Según los cálculos realizados con ponderadores actualizados, la aplicación de la canasta basada en la ENGHo 2017/2018 arroja una inflación acumulada 38,7 puntos porcentuales superior desde la asunción del actual gobierno hasta noviembre de 2025. Las mayores divergencias se concentran en febrero y abril de 2024, meses en los que se registraron aumentos significativos en los rubros “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” y “Transporte”.
En números concretos, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la inflación acumulada habría sido del 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente. Esa brecha fue señalada incluso por el Fondo Monetario Internacional, que en sus informes técnicos suele advertir sobre los riesgos de utilizar indicadores que no reflejan adecuadamente la estructura de consumo.
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