Los dos efectivos de la Policía de Córdoba acusados de haber asesinado a golpes a Samuel Tobares durante un operativo policial en Villa Parque Síquiman continúan detenidos por el delito de "homicidio preterintencional". En una insólita argumentación, el abogado defensor de los agentes, Federico Pizzicari, afirmó que el informe forense concluyó que la muerte del hombre de 34 años se debió a “un shock generado por el estrés de la reducción policial”.
A la hora de exponer sus argumentos, Pizzicari detalló que, según el examen, el joven presentaba “una condición previa en una coronaria, una afección cardíaca”, y que la combinación de ese cuadro con “la presencia de cocaína y otros fármacos habría derivado en un infarto”.
La Fiscalía de Instrucción número 2 de Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, informó que los dos efectivos fueron imputados por una figura que contempla causar la muerte -sin intención de hacerlo- pero mediante el empleo de violencia. La medida se tomó tras las primeras actuaciones realizadas en la escena, el análisis de testimonios y la reconstrucción inicial del procedimiento.
El episodio fue a las 21 del domingo pasado, cuando Tobares regresaba a su casa después de trabajar en el hotel Nuevo Enzo de la ciudad turística de Villa Carlos Paz. A la altura de la localidad de Villa Parque Síquiman, bajó de un colectivo y cruzó la ruta provincial 38, según relataron testigos y familiares. Cuando estaba en la parada de colectivos se aproximaron dos agentes, que lo habrían abordado producto del llamado de una vecina, según reconstruyó La Voz.
Testigos del hecho afirmaron que los policías forcejearon con el joven, lo golpearon y lo aplastaron durante varios minutos al costado de la ruta antes de que tuvieran que hacerle RCP para intentar reanimarlo. Según versiones periodísticas, Tobares falleció antes de ingresar al Hospital Domingo Funes.
En este marco, el abogado Pizzicari justificó el episodio: explicó que las lesiones observadas en el cuerpo de Tobares “podrían ser compatibles con maniobras de reanimación”. En declaraciones para el medio El Doce, planteó que, “cuando le practicaron maniobras de RCP le lastimaron parte de la caja torácica”, en referencia a las marcas detectadas durante el examen médico.
Por su parte, familia de la víctima manifestó su malestar por la falta de información oficial. “Nosotros estamos esperando que desde fiscalía se dignen a darle el expediente a nuestros abogados y estamos respetando el secreto de sumario”, apuntó Daniela Tobares. “Todo y cualquier cosa que se diga no es real hasta que se abra el secreto de sumario”, remarcó la hermana del joven.
Según relató, desde la Fiscalía les informaron que, tras declarar, los imputados recibieron un escrito con un resumen de la causa. “Legalmente, les correspondía darles de palabra parte de la información. Pero a nosotros, como familiares de la víctima y a nuestro abogado, no nos hicieron partícipes”, afirmó. Y sostuvo: “Es el mundo del revés”.
El relato de los testigos
“A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, relató un testigo del hecho a Telenoche Córdoba.
También aseguró que los oficiales “estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos” y que le propinaron insultos homofóbicos. “Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”, señaló.
El abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, cuestionó el accionar de los efectivos al afirmar que "la policía es una fuerza civil armada, no un grupo de choque militarizado”. Además, adelantó que solicitará que la causa pase a homicidio calificado agravado, que podría elevar la pena desde los seis años a la prisión perpetua.
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