En el marco de un megaoperativo que abarcó más de 20 allanamientos en puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe como Rosario y Reconquista, relacionados con la causa que investiga presuntos delitos económicos de la empresa Vicentin, la Justicia detuvo este viernes a los exejecutivos Daniel Buyatti (expresidente de la compañía) y Roberto Gazze (exgerente). Luego, el sábado cerca del mediodía se entregaron en la sede de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) Omar Adolfo Scarel y Alberto Julián Macua, sobre quienes pesaban órdenes de captura.
Las acciones, que también se llevaron a cabo en puntos de la provincia de Buenos Aires, como Avellaneda y Adrogué, y en la Ciudad de Buenos Aires, fueron ordenadas por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes lideran la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa. De acuerdo a la investigación, los exdirectivos de la compañía ocupaban cargos clave cuando esta declaró el default en 2019, con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares, y son considerados por los investigadores como los presuntos jefes del engaño.
Además, los fiscales del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación consideran que, a pesar de no formar parte del directorio actual, los detenidos continuaban gestionando de manera irregular los fondos que ingresaban a la empresa. Los investigadores consideran que estas acciones habrían contribuido a agravar la situación de la agroexportadora, que actualmente se encuentra al borde del colapso.
Esta situación habría motivado la solicitud de prisión preventiva, en el marco de una causa que ya había presentado acusaciones formales a finales de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la empresa. Los cargos incluyen asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, y las penas solicitadas por la Fiscalía de Delitos Económicos podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
Detenciones a exdirectivos de Vicentin: detalles de la investigación e implicancias de los detenidos
La investigación da cuenta de que llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. La Fiscalía acusa a los ex directivos de Vicentín de “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa” para ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
También, de presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de “ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.
Dentro del periodo investigado (2017-2020), los fiscales encontraron que Buyatti, junto a su mujer Geraldín Vicentín, tenían a su nombre una cuenta en Suiza. Para 2020, contenía 450.000 dólares, monto que finalmente fue transferido a sus tres hijos, en concepto de donación. Los fiscales creen que lo hicieron “con el claro objetivo de eludir las consecuencias patrimoniales de los delitos cometidos”.
Sobre Gazze, los investigadores descubrieron que “con posterioridad al anuncio público de estrés financiero, cometió maniobras de disipación de activos”. Y que se destacan “las transferencias de cuantiosas sumas de dinero realizadas a bancos extranjeros, como así también la transferencia de acciones y la creación de empresas en cabeza de sus hijos, a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados".
Los detenidos serán imputados en los próximos días, en el marco de una causa que busca determinar el alcance de las responsabilidades individuales en la crisis de la empresa.
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