El Gobierno nacional dio un paso decisivo para transformar la terminal de micros de Retiro y que vuelva a quedar en manos privadas. A través del Decreto 273/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se declaró de “interés público” un ambicioso proyecto que habilita una nueva concesión integral del predio.
La medida abre la puerta a una licitación en los próximos 60 días para adjudicar la administración, operación y explotación comercial de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), bajo el esquema de iniciativa privada y con financiamiento completamente a cargo del sector empresario.
MÁS INFO
Qué cambia con la nueva concesión
Según detalla el decreto, la iniciativa contempla una renovación integral de la terminal, con obras de modernización, ampliación y mejoras en infraestructura, seguridad y servicios. El objetivo oficial es convertirla en un “polo intermodal” más eficiente y moderno, integrando distintos medios de transporte y sumando actividades comerciales que potencien el flujo de pasajeros y el desarrollo urbano del área.
Entre los puntos centrales del plan se destacan la remodelación y puesta en valor del edificio actual, la incorporación de tecnología y controles en accesos, mejora en la organización del tránsito de micros y encomiendas y el desarrollo de espacios comerciales y servicios complementarios. Además, el futuro concesionario deberá hacerse cargo del mantenimiento y asumir un canon mensual a favor del Estado.
La propuesta fue presentada por un consorcio de empresas integrado por Inverlat Investments, Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investment. Uno de los datos que más llama la atención es el perfil de algunos de estos jugadores. Inverlat, por ejemplo, es un grupo empresario con fuerte presencia en el consumo masivo, es dueño de marcas ampliamente reconocidas en Argentina como Havanna, Reef y la operación local de KFC. Su posible desembarco en la terminal marca un cruce cada vez más frecuente entre infraestructura pública y negocios comerciales.
La terminal de Retiro ya funcionaba bajo un esquema concesionado desde los años 90, con la empresa TEBA al frente. Sin embargo, ese contrato lleva años en situación provisoria, con prórrogas y condiciones precarias. Con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca ordenar ese escenario, se deroga el llamado a licitación anterior (de 2015) y se encuadra el proyecto bajo el régimen actualizado de iniciativa privada, que permite que empresas propongan y financien obras públicas a cambio de su explotación.
Cerrar sesión